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Imagina vivir en un edificio donde no elegiste al administrador ni conoces al conserje. Todas las normas \u2013luces, ascensores, c\u00e1maras, agua\u2013 las define una empresa extranjera. Esta, adem\u00e1s, recopila datos sobre tus rutinas: cu\u00e1ndo sales, con qui\u00e9n hablas, incluso si dormiste bien, todo mediante sensores y algoritmos invisibles. Un d\u00eda, descubres que esta informaci\u00f3n fue vendida a una farmacia que te clasifica y te env\u00eda ofertas seg\u00fan tus h\u00e1bitos.<\/p>\n<\/div>\n
Tus fotos, conversaciones y horarios fueron usados sin tu consentimiento. El algoritmo incluso predice si pagar\u00e1s o no la renta. Quieres reclamar, pero no puedes: el administrador vive fuera del pa\u00eds, la empresa no responde a las leyes locales, y solo se comunica por un chatbot automatizado.<\/p>\n<\/div>\n
Aunque parece una distop\u00eda, este escenario ya ocurre con la inteligencia artificial (IA) en nuestras vidas. Plataformas como OpenAI, Meta, Google y Microsoft deciden qu\u00e9 es aceptable, qu\u00e9 se ve, qu\u00e9 se bloquea, bajo reglas opacas y sin supervisi\u00f3n p\u00fablica. Sus algoritmos ya moldean nuestro acceso a la informaci\u00f3n, consumo, relaciones y decisiones. No est\u00e1n sujetas a leyes nacionales ni consideran nuestras realidades culturales, sociales o econ\u00f3micas. Se autorregulan con c\u00f3digos \u00e9ticos simb\u00f3licos, sin auditor\u00eda externa ni mecanismos democr\u00e1ticos.<\/p>\n<\/div>\n
Mientras algunos temen que regular la IA signifique censura o freno a la innovaci\u00f3n, lo cierto es que ya est\u00e1 regulada: por las empresas que la dise\u00f1an, financian y operan. Esta \u201cautorregulaci\u00f3n\u201d privada crea una dependencia tecnol\u00f3gica profunda.<\/p>\n<\/div>\n
En Brasil, por ejemplo, el Gobierno Federal firm\u00f3 con Microsoft un contrato de R$1.272 millones entre 2023 y 2025, para servicios en la nube que sustentan pol\u00edticas p\u00fablicas esenciales. Si no se paga esa \u201crenta digital\u201d, servicios p\u00fablicos pueden verse interrumpidos.<\/p>\n<\/div>\n
A esto se suma la propuesta del Ministerio de Hacienda, en mayo de 2025, de eximir de impuestos a grandes tecnol\u00f3gicas que construyan centros de datos en Brasil. Es como pagar un alquiler alto por un edificio que no controlamos y, adem\u00e1s, dar descuentos al propietario.<\/p>\n<\/div>\n
Estos contratos revelan una relaci\u00f3n desigual: Brasil act\u00faa como cliente pasivo de tecnolog\u00edas extranjeras que no desarrolla ni controla, y que no responden a sus intereses estrat\u00e9gicos. Ante este panorama, la regulaci\u00f3n legal es urgente. Iniciativas como los proyectos de ley 2630\/2020 (responsabilidad de plataformas digitales) y 2338\/2023 (marco legal de la IA) son pasos importantes, pero insuficientes.<\/p>\n<\/div>\n
No basta con monitorear lo que otros hacen en nuestro espacio digital. Necesitamos construir nuestra propia infraestructura tecnol\u00f3gica: centros de datos brasile\u00f1os, IA nacional y plural, ciencia con financiaci\u00f3n estable, basada en nuestras necesidades y valores. No queremos depender solo de modelos estadounidenses o chinos. Queremos soberan\u00eda tecnol\u00f3gica. Sin ella, seguiremos siendo inquilinos sin voz en un sistema que decide por nosotros.<\/p>\n<\/div>\n