\n
![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Argentina-apelo-el-fallo-de-la-jueza-Preska-que-obliga.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
Mientras el Gobierno confirm\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de la Procuraci\u00f3n del Tesoro<\/strong>, con el despido de unos 7 de los 60 empleados que han sido removidos<\/strong> desde el inicio de la gesti\u00f3n libertaria, avanza en la investigaci\u00f3n interna<\/strong>, de manera reservada para “no afectar” el complejo juicio por la estatizaci\u00f3n de YPF, para detectar de d\u00f3nde provino la “inside information<\/strong>” que, se especula, benefici\u00f3 a la querella encabezada por el fondo Burford Capital.<\/p>\n<\/div>\n A trav\u00e9s del Decreto 475\/2025, publicado en el Bolet\u00edn Oficial con las firmas de Javier Mile<\/strong>i y del ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona,<\/strong> este jueves se oficializ\u00f3 el cambio en el organigrama y la eliminaci\u00f3n de direcciones que hasta el momento integraban la instituci\u00f3n, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.<\/p>\n<\/div>\n La reestructuraci\u00f3n hab\u00eda sido adelantada este mi\u00e9rcoles y si bien en el organismo conducido por Santiago Castro Videla <\/strong>hab\u00edan evitado justificar el recorte en las denuncias sobre presuntas filtraciones en el marco de la mayor causa judicial contra la Argentina, fuentes inobjetables del Ejecutivo s\u00ed deslizaron que los cambios respond\u00edan al malestar que gener\u00f3 la mentada fuga de informaci\u00f3n<\/strong> en un litigio en el que los abogados del Estado intentan frenar la resoluci\u00f3n de la jueza neoyorquina Loretta Preska<\/strong> de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.<\/p>\n<\/div>\n Este jueves, en tanto, en Casa Rosada intentaron bajar el tono a la grave denuncia. Fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos<\/strong>, el que habl\u00f3 de “trascendidos sin valor” al referirse a las posibles filtraciones en la causa judicial citada y al argumentar que los cambios en la Procuraci\u00f3n ven\u00edan “trabaj\u00e1ndose” desde hac\u00eda tiempo.<\/p>\n<\/div>\n Una calificada fuente oficial, sin embargo, ratific\u00f3 a Clar\u00edn<\/strong> el malestar en lo m\u00e1s alto del Ejecutivo por la estrategia legal adoptada hasta el momento por la Procuraci\u00f3n. “Hay una l\u00f3gica en bajar un poco el tono para que no meta ruido en el proceso o la oposici\u00f3n quiera armar una bicameral para investigar todo. Pero es grave lo que pas\u00f3”<\/strong>, indic\u00f3 al tiempo que reconoci\u00f3 que hasta el momento la pesquisa interna revel\u00f3 que “la filtraci\u00f3n se percibi\u00f3 por los movimientos de la contraparte en el juicio (Burford). Era como si conocieran de antemano<\/strong> lo que ten\u00edan qu\u00e9 hacer. Si bien hay una parte de especulaci\u00f3n, expertos creen que es imposible que tuvieran esa informaci\u00f3n. Y las motivaciones eran claras: por plata”.<\/strong> <\/p>\n<\/div>\n Lo que no queda claro, hasta el momento, es de d\u00f3nde los abogados del fondo Burford obtuvieron la “inside information”.<\/strong> Tampoco es probable que haya una interna fuerte en el organismo porque Castro Videla es apadrinado por el asesor presidencial Santiago Caputo. <\/strong>En el Ministerio de Justicia, de donde depende la Procuraci\u00f3n, tampoco quisieron abundar aunque reconocieron la pesquisa en curso y la imposibilidad de hacer p\u00fablico cualquier dato para no afectar un proceso por dem\u00e1s complejo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Esta semana viaj\u00f3 a Nueva York el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija,<\/strong> que es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Pero la representaci\u00f3n regular del pa\u00eds est\u00e1 en manos del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuraci\u00f3n. Otra calificada fuente gubernamental consultada por este diario sostuvo que s\u00ed en Buenos Aires han surgido diferencias por las tareas llevadas a cabo por el buffet liderado por Robert Joseph Giuffra Jr., uno de los letrados de Donald Trump. Sin embargo, cerca del Presidente no coinciden con ese an\u00e1lisis.<\/p>\n<\/div>\n El Estado argentino se enfrenta en esta contienda legal contra Burford, que compr\u00f3 los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatizaci\u00f3n de la petrolera, en 2012, que fue impulsada por la gesti\u00f3n de Cristina Kirchner.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En paralelo a todas estas especulaciones, el Ejecutivo avanz\u00f3 con los cambios en la Procuraci\u00f3n. En los considerandos del citado decreto, se argument\u00f3 que las modificaciones tienen “por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocr\u00e1tica innecesaria, lo que permitir\u00e1 reducir costos y mejorar la calidad de la formaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n profesional de los Abogados del Estado”.<\/p>\n<\/div>\n Se elimin\u00f3 la Escuela de Abogados del Estado, una dependencia encargada de la capacitaci\u00f3n y perfeccionamiento de los letrados, que ahora ser\u00e1n ejecutadas ahora por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogac\u00eda P\u00fablica (CEFAP). A la postre, es una coordinaci\u00f3n, con menor rango. Una de las cesant\u00edas, de hecho, corresponde a la directora Nacional de la Escuela del cuerpo de abogados.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n