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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/La-Camara-de-Casacion-resolvio-que-Cristina-Kirchner-debe-seguir.jpg\")
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La Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal -con un voto mayoritario-, resolvi\u00f3 que Cristina Kirchner, presa en su domicilio de San Jos\u00e9 1111 por el caso Vialidad, deber\u00e1 continuar con el r\u00e9gimen impuesto por el Tribunal que ejecuta la pena: tendr\u00e1 que seguir usando tobillera electr\u00f3nica y continuar\u00e1 con las restricciones en las visitas<\/strong>. <\/p>\n<\/div>\n Asimismo, se convalid\u00f3 que el lugar de arresto seguir\u00e1 siendo el departamento<\/strong> ubicado en el barrio porte\u00f1o de Monserrat. La expresidenta fue condenada a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<\/div>\n El tribunal, integrado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetave\u00f1a<\/strong>, analiz\u00f3 los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisi\u00f3n domiciliaria: la autorizaci\u00f3n previa para visitas no incluidas en una n\u00f3mina, y el dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica.<\/p>\n<\/div>\n Los magistrados tambi\u00e9n analizaron el pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal, para que Cristina cumpla la prisi\u00f3n domiciliaria en otro lado.<\/p>\n<\/div>\n Para empezar, los tres jueces estuvieron de acuerdo en un \u00fanico punto: el lugar de arresto continuar\u00e1 siendo en San Jos\u00e9 1111.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Al respecto, tuvieron en cuenta que el tribunal oral se vali\u00f3 -para fijarlo- de un informe socioambiental favorable, elaborado por la Direcci\u00f3n de Control y Asistencia de Ejecuci\u00f3n Penal, y remarcaron que “hab\u00edan cesado las situaciones que afectaron al barrio <\/strong>en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirm\u00f3 la condena”.<\/p>\n<\/div>\n En su voto, el doctor Borinsky explic\u00f3 que el juez de ejecuci\u00f3n tiene jurisdicci\u00f3n en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclar\u00f3 que, “moment\u00e1neamente no existir\u00edan motivos para obligar a un cambio de domicilio<\/strong>; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad p\u00fablica y la paz social”.<\/p>\n<\/div>\n La discusi\u00f3n sobre una posible revocaci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliara de la expresidenta hab\u00eda quedado clausurada cuando el acusador ante la Casaci\u00f3n Federal, Mario Villar, no sostuvo<\/strong> el pedido que hab\u00eda hecho su colega Diego Luciani, por considerar que la “condenada viene cumpliendo adecuadamente con las condiciones impuestas y que las circunstancias que justificaban su planteo original ya no se encontraban vigentes”.<\/p>\n<\/div>\n A pesar de ello, en su voto el juez Hornos se\u00f1al\u00f3 este viernes que, si bien tuvo por desistido el pedido de modificaci\u00f3n del domicilio formulado inicialmente por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, \u201cnada impide que dicho planteo pueda ser reconsiderado en el futuro<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Para Hornos, \u201csi se modifican las circunstancias f\u00e1cticas del caso, por ejemplo, ante un incumplimiento de las condiciones o nuevos riesgos, <\/strong>podr\u00eda disponerse tanto una modificaci\u00f3n del domicilio como una revisi\u00f3n integral de la modalidad de cumplimiento”. El magistrado reiter\u00f3 que la prisi\u00f3n domiciliaria es una excepci\u00f3n sujeta a control judicial permanente.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En lo referido a la vigilancia electr\u00f3nica, el abogado Carlos Beraldi consider\u00f3 que era innecesaria, ya que Cristina cuenta con custodia permanente. Por el contrario, el fiscal Villar entendi\u00f3 que la tobillera es resultado normal del cumplimiento de una condena por corrupci\u00f3n bajo la modalidad de un arresto domiciliario.<\/p>\n<\/div>\n Posteriormente, el TOF 2 orden\u00f3 realizar un informe m\u00e9dico que concluy\u00f3 que no existe impedimento alguno para que la ex Presidenta contin\u00fae utilizando el dispositivo.<\/p>\n<\/div>\n Este viernes, los jueces Hornos y Barroetave\u00f1a entendieron que debe prevalecer el monitoreo electr\u00f3nico de Cristina Kirchner y tal como sostuvo el \u00faltimo informe practicado, y que no existe ning\u00fan impedimento para que la ex mandataria porte el dispositivo de control.<\/p>\n<\/div>\n En el voto compartido, se\u00f1alaron que tanto el uso de la tobillera como las autorizaciones previas para visitas \u201cencuentran sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal en el contexto de la prisi\u00f3n domiciliaria<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, expresaron que la presencia de una custodia policial \u201cno sustituye la funci\u00f3n de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial,<\/strong> y que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electr\u00f3nico o el pedido de autorizaci\u00f3n de visitas fuera de la n\u00f3mina, implicar\u00eda desvirtuar el sentido de la ejecuci\u00f3n penal\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En minor\u00eda vot\u00f3 el juez Borinsky,<\/strong> quien pidi\u00f3 que se deje sin efecto la colocaci\u00f3n del dispositivo, ya que la “custodia permanente y especializada” de la polic\u00eda “garantiza un control suficiente sobre su situaci\u00f3n”.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga<\/strong>, en tanto se trata de una figura p\u00fablica ampliamente conocida, sometida a una exposici\u00f3n constante que hace inviable cualquier intento de evasi\u00f3n\u201d, y a que las tobilleras \u201cson un recurso escaso<\/strong> dentro del sistema penitenciario, y que su utilizaci\u00f3n debe reservarse para los casos en los que realmente se justifique su aplicaci\u00f3n”.<\/p>\n<\/div>\n Borinsky tambi\u00e9n vot\u00f3 por liberar el ingreso al departamento de Cristina, pues la exigencia de autorizaci\u00f3n judicial previa \u201cconfigura una restricci\u00f3n desproporcionada de los derechos personales, sociales y pol\u00edticos de la persona condenada\u201d.<\/strong> Consider\u00f3, adem\u00e1s, que esa exigencia \u201cimpone un r\u00e9gimen m\u00e1s gravoso que el que rige para una persona detenida en una unidad penitenciaria, y se\u00f1al\u00f3 que ni siquiera en ese contexto se requiere autorizaci\u00f3n judicial individualizada para cada visita\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Dando validez al planteo de la defensa, el juez consider\u00f3 que la restricci\u00f3n a las visitas es \u201carbitraria y contraria a los principios de humanidad de la ejecuci\u00f3n penal<\/strong>“.<\/p>\n<\/div>\n Pero sus dos colegas tambi\u00e9n impusieron su visi\u00f3n opuesta: las autorizaciones previas \u201ctambi\u00e9n responden a una cuesti\u00f3n de seguridad personal de la propia exmandataria<\/strong>, quien hab\u00eda fundado su pedido de prisi\u00f3n domiciliaria en presuntos riesgos sobre su integridad f\u00edsica\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Entendieron que una flexibilizaci\u00f3n excesiva de las condiciones impuestas \u201cen un caso de esta magnitud afectar\u00eda no s\u00f3lo la eficacia del cumplimiento, sino tambi\u00e9n el mensaje normativo que debe proyectar toda condena penal impuesta ante delitos que comprometen la integridad institucional del Estado como la corrupci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Finalmente, el juez Hornos remarc\u00f3 que el mantenimiento de estas condiciones \u201cgarantiza el principio de igualdad ante la ley. <\/strong>La aplicaci\u00f3n de la normativa de ejecuci\u00f3n penal debe realizarse sin privilegios ni excepciones, aun cuando se trate de figuras p\u00fablicas de alta exposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Los camaristas Hornos y Barroetave\u00f1a sostuvieron la \u201clegalidad, razonabilidad y necesidad de las medidas impuestas por el tribunal de ejecuci\u00f3n\u201d y las consideraron como necesarias ante \u201cdelitos de corrupci\u00f3n estructural cometidos desde el aparato estatal y con grave perjuicio al erario p\u00fablico, el cumplimiento de la pena no puede ser concebido de manera meramente formal<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Para el juez Hornos, la sanci\u00f3n penal \u201cno se agota en una funci\u00f3n resocializadora individual, sino que adquiere una dimensi\u00f3n expresiva e institucional: comunica con claridad a la sociedad el rechazo del Estado frente a violaciones graves al orden democr\u00e1tico, <\/strong>reafirma la vigencia de la ley y contribuye a restablecer la confianza ciudadana en el sistema republicano y sus instituciones\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\nUna discusi\u00f3n a futuro<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\nLa discusi\u00f3n sobre la tobillera<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\n\n\n\n\nLas visitas seguir\u00e1n limitadas<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\n\n\nMedidas ante la corrupci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n
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