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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/crece-la-presion-judicial-sobre-Argentina.jpg\")
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El litigio internacional que pesa sobre la petrolera YPF suma m\u00e1s protagonistas.<\/strong> Fondos de inversi\u00f3n que obtuvieron sentencias favorables por la deuda soberana impaga de la Argentina ahora reclaman parte del 51% de las acciones<\/strong> de la estatal, las mismas que la jueza neoyorquina Loretta Preska orden\u00f3 entregar a principio de esta semana a los demandantes por la expropiaci\u00f3n de la empresa. Estos nuevos fondos buscan prioridad para ejecutar dichos papeles.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan inform\u00f3 Sebasti\u00e1n Maril, analista de Latam Advisors, los nuevos acreedores iniciaron presentaciones ante la justicia de EE.UU.<\/strong> para acceder a ese paquete accionario y que sea una especie de resarcimiento por los bonos en default. “Beneficiarios de un fallo por deuda en default, tambi\u00e9n piden tomar posesi\u00f3n de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiaci\u00f3n YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, detall\u00f3 a trav\u00e9s de su cuenta X.<\/p>\n<\/div>\n El informe de Latam Advisors identifica a los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee <\/strong>como los nuevos peticionantes. No formaron parte de los juicios por la expropiaci\u00f3n de YPF, pero cuentan con sentencias firmes por deuda en default contra la Argentina<\/strong>, dictadas en tribunales estadounidenses. Son fondos que todav\u00eda tienen deuda soberana que entr\u00f3 en default luego de la crisis de 2001.<\/p>\n<\/div>\n Attestor Master Value y Trinity Investments son representados por el abogado Dennis Hranitzky, el mismo que logr\u00f3 confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML – Elliott Capital Management.<\/p>\n<\/div>\n Estos fondos solicitaron a la jueza Preska una orden conocida como \u201cme too\u201d,<\/strong> una figura legal que permite extender los efectos de una sentencia anterior a nuevos beneficiarios. El objetivo es sumarse a la ejecuci\u00f3n de las acciones de YPF actualmente en manos del Estado<\/strong>, tal como ya dispuso la jueza en fallos previos.<\/p>\n<\/div>\n En su presentaci\u00f3n, los acreedores alegan que la Argentina mantiene la titularidad del 51% de YPF<\/strong>, y que ese activo debe ser utilizado para satisfacer las sentencias a\u00fan incumplidas por el pa\u00eds. Argumentan que su derecho surge tanto de la legislaci\u00f3n estadounidense como de normas internacionales aplicables a defaults de deuda soberana.<\/p>\n<\/div>\n La situaci\u00f3n se complica debido a que estos nuevos fallos datan de antes que los del caso YPF, lo que abre un debate sobre el orden de prelaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de los activos. Latam Advisors resalt\u00f3 este punto clave: \u201cLo que hace interesante a esta presentaci\u00f3n es que los fallos que exhiben los fondos preceden a las causas Petersen\/Eton y Bainbridge<\/strong>. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones\u201d.<\/p>\n<\/div>\n La petici\u00f3n se suma a una larga lista de demandas pendientes y genera presi\u00f3n sobre el activo m\u00e1s valioso del Estado en el extranjero: el control accionario de YPF.<\/p>\n<\/div>\n En paralelo a esta nueva ofensiva judicial, el Gobierno argentino solicit\u00f3 formalmente la suspensi\u00f3n del fallo de Preska sobre la entrega del 51% de las acciones. Seg\u00fan argument\u00f3, la sentencia es \u201cjur\u00eddicamente inaplicable\u201d <\/strong>y su implementaci\u00f3n ser\u00eda inviable desde el punto de vista legal y operativo.<\/p>\n<\/div>\n El primero en pronunciarse fue Manuel Adorni, quien desde su cuenta de X confirm\u00f3 que “el Gobierno solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del fallo de la jueza Prezka”<\/strong> y que actualmente trabajan en la apelaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n El vocero presidencial defini\u00f3 adem\u00e1s a la sentencia como “jur\u00eddicamente inaplicable” <\/strong>y explic\u00f3 que, por un lado, “contradice la Ley 26.741, que exige autorizaci\u00f3n del Congreso por mayor\u00eda agravada”. Por otro, que el fallo “desconoce la inmunidad soberana”.<\/p>\n<\/div>\n “Las acciones no est\u00e1n en poder del Estado ni son legalmente transferibles”,<\/strong> agreg\u00f3 Adorni en su descargo.<\/p>\n<\/div>\n La solicitud fue presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP y en ella se plante\u00f3 que la decisi\u00f3n deber\u00eda dejarse en standby,<\/strong> porque “el Gobierno argentino demostr\u00f3 que sus argumentos pueden tener \u00e9xito”; adem\u00e1s de que “resultar\u00eda muy damnificado si no se le concediera la instancia de apelaci\u00f3n”; de que “otras partes tambi\u00e9n podr\u00edan resultar damnificadas por el procedimiento adoptado” y que “prima el inter\u00e9s p\u00fablico”.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, la Casa Rosada le avis\u00f3 a la magistrada del Distrito Sur de Nueva York que apelar\u00e1, tal como anunci\u00f3 el lunes Javier Milei en su cuenta de X. Y tambi\u00e9n le advirti\u00f3 que, de no ser concedida la suspensi\u00f3n, acudir\u00e1 a un tribunal superior para conseguirla.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n