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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/No-pueden-mirar-para-otro-lado-mientras-se-desmorona-la.jpg\")
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La violencia narco, los delitos organizados y la impunidad han reconfigurado el mapa criminal en varias regiones del pa\u00eds. En ese nuevo escenario, el ataque directo a las fuerzas de seguridad se ha transformado en una herramienta estrat\u00e9gica para disciplinar territorios, enviar mensajes mafiosos y debilitar la autoridad del Estado. Disparar contra un polic\u00eda ya no es solo un acto criminal: es una declaraci\u00f3n de poder.<\/p>\n<\/div>\n
Frente a este contexto, urge enviar un mensaje claro y sin dobleces. Por eso, impulsamos un proyecto de ley que establece prisi\u00f3n perpetua para quien dispare contra personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, aun cuando el hecho no cause lesiones ni muerte. <\/p>\n<\/div>\n
La propuesta busca llenar un vac\u00edo legal: actualmente, el C\u00f3digo Penal no contempla una sanci\u00f3n aut\u00f3noma y contundente para este tipo de hechos, que en muchos casos terminan encuadr\u00e1ndose como tentativa o resistencia, sin penas proporcionales al riesgo que implican.<\/p>\n<\/div>\n
La norma plantea una figura penal espec\u00edfica. Bastar\u00e1 con acreditar que se efectu\u00f3 un disparo contra un agente del orden para aplicar la pena m\u00e1xima prevista por el ordenamiento jur\u00eddico argentino. No se trata de una exageraci\u00f3n punitivista, sino de una respuesta proporcional al grado de amenaza que hoy enfrentan los efectivos de las fuerzas policiales y penitenciarias en todo el pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n
Los datos son elocuentes. Cada semana se registran ataques armados contra uniformados en Buenos Aires, Santa Fe, C\u00f3rdoba y otras provincias. Las balas ya no se reservan para los enfrentamientos: tambi\u00e9n se utilizan para sembrar miedo, marcar zonas y desafiar abiertamente al Estado. En ese marco, minimizar el intento de homicidio por el solo hecho de que no haya habido lesiones es negar el car\u00e1cter simb\u00f3lico y operativo que tiene disparar contra un polic\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n
Otros pa\u00edses ya han dado este debate. En Estados Unidos, disparar contra un oficial en funciones puede considerarse tentativa de homicidio agravado, con penas equivalentes a asesinato consumado. En Francia y Espa\u00f1a, los c\u00f3digos penales incluyen agravantes espec\u00edficas para hechos violentos contra agentes de la autoridad. Argentina, que empieza a controlar una ola de criminalidad in\u00e9dita, no puede quedarse atr\u00e1s.<\/p>\n<\/div>\n
El respaldo pol\u00edtico, legal y social a las fuerzas de seguridad no puede limitarse a discursos. Necesita traducirse en normas claras que fortalezcan la autoridad leg\u00edtima del Estado y protejan a quienes lo representan en la primera l\u00ednea. El crimen organizado avanza cuando percibe debilidad institucional. Por el contrario, se retrae cuando el Estado act\u00faa con determinaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n
Durante a\u00f1os, sectores ideol\u00f3gicos identificados con el kirchnerismo y la izquierda han impulsado una narrativa que deslegitima el accionar policial, denuncia cualquier uso de la fuerza como abuso y promueve una visi\u00f3n rom\u00e1ntica del delito. Esa pr\u00e9dica ha contribuido a erosionar la autoridad de las fuerzas del orden y a naturalizar un clima de confrontaci\u00f3n permanente con el uniforme.<\/p>\n<\/div>\n
No es posible construir una sociedad en paz si se tolera que disparar contra un efectivo de seguridad sea una falta menor. Tampoco se puede proteger a la ciudadan\u00eda sin proteger primero a quienes la defienden. En tiempos donde la ley se disputa metro a metro con el crimen, es el Estado el que debe dar el primer paso y reafirmar su autoridad.<\/p>\n<\/div>\n
Disparar contra un polic\u00eda es disparar contra el Estado. Y quien lo haga, debe enfrentar la pena m\u00e1s grave que la ley pueda imponer.<\/p>\n<\/div>\n