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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Se-acelera-el-decomiso-de-bienes-de-Cristina-Kirchner-y.jpg\")
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\u00bfCu\u00e1nto deber\u00e1 devolver al Estado Cristina Kirchner?<\/strong> Es la pregunta que deber\u00e1 responder el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema. El juez Jorge Gorini remiti\u00f3 a los especialistas el oficio correspondiente para actualizar el monto del decomiso en el marco de la causa Vialidad. La cifra de base es 86.085.463.548,25 pesos,<\/strong> determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n \u201cSe trata de un grave hecho de corrupci\u00f3n sin precedentes, cometido desde la primera l\u00ednea del Estado Nacional\u201d, se escribi\u00f3 en el fallo que, en segunda instancia, confirm\u00f3 la condena contra Cristina Kirchner, por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado.<\/p>\n<\/div>\n El c\u00e1lculo inicial del perjuicio econ\u00f3mico lo realiz\u00f3 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firm\u00f3 la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso.<\/p>\n<\/div>\n En este caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a trav\u00e9s de los cuales L\u00e1zaro B\u00e1ez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 <\/strong>el Estado nacional financi\u00f3 en la provincia de Santa Cruz. <\/p>\n<\/div>\n La justicia federal penal determin\u00f3 que los gobiernos kirchneristas otorgaron de forma sistem\u00e1tica y a trav\u00e9s de circuitos irregulares los contratos al Grupo Austral: sin controles del Estado, con exclusivos canales de pago, con simulaci\u00f3n de concursos de precios<\/strong>, direccionamientos de las licitaciones, para mencionar s\u00f3lo algunas de las irregularidades juzgadas.<\/p>\n<\/div>\n En un apartado de esa sentencia se habl\u00f3 de un \u201cuna colosal extensi\u00f3n del da\u00f1o causado\u201d y de un \u201cmonto estrafalario\u201d<\/strong> de $84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre del a\u00f1o 2022.<\/p>\n<\/div>\n Cuando los camaristas de la Casaci\u00f3n Federal confirmaron la sentencia de juicio, indicaron que estamos ante \u201cuna de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas<\/strong> en la historia de nuestro pa\u00eds.\u201d<\/p>\n<\/div>\n Por eso, entendieron que era importante avanzar con el decomiso \u201cya que se convierte en una manera de recuperar parte de los fondos sustra\u00eddos\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En ese contexto, el juez Gorini -responsable de la ejecuci\u00f3n de la pena- puso en marcha el mecanismo institucional para estimar la cifra final de decomiso por el que, de forma solidaria, los nueve condenados deber\u00e1n responder.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n La exigencia del pago de la cifra que determinen los peritos contables de la Corte representa el da\u00f1o ocasionado a trav\u00e9s de los hechos de corrupci\u00f3n analizados y atribuidos a la expresidenta, a B\u00e1ez, Jos\u00e9 L\u00f3pez, Nelson Periotti y los otros cuatro condenados.<\/p>\n<\/div>\n El n\u00famero base que determin\u00f3 el juez Gorini es de poco m\u00e1s de 86.000 millones de pesos. En funci\u00f3n de esa cifra, el cuerpo especializado de peritos de la Corte -donde ya lleg\u00f3 el pedido del TOF 2- deber\u00e1 actualizar y fijar el valor por el cual deber\u00e1n responder los condenados del caso Vialidad.<\/p>\n<\/div>\n El monto que se impuso como decomiso fue el considerado producto del hecho il\u00edcito, la maniobra defraudatoria. Se conforma por el resultado de los c\u00e1lculos de los $646.123.145,75 cuantificados como producto de la colusi\u00f3n en la totalidad de los procesos licitatorios, y los 185.376.754 pesos identificados -como hip\u00f3tesis de m\u00ednima- en relaci\u00f3n a los sobreprecios<\/strong> con los que fueron adjudicadas las obras de Vialidad Nacional que fueron peritadas: tres contratos sobre la ruta nacional 3 que unen Caleta Olivia (Santa Cruz) con Rada Tilly (Chubut).<\/p>\n<\/div>\n Se trata de casos testigo: un muestreo de cinco obras peritadas por orden del Tribunal de juicio que en todos los casos arrojaron sobreprecios y circuitos irregulares de adjudicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Los jueces fueron actualizados provisoriamente los valores a trav\u00e9s de herramientas de acceso p\u00fablico que utilizaban \u00edndices oficiales del INDEC para el per\u00edodo posterior al a\u00f1o 2017, y los \u00edndices de precios al consumidor para los a\u00f1os anteriores. \u201cEllo, naturalmente, a sabiendas de la provisoriedad que representaba la cifra obtenida<\/strong>\u201d, explicaron los integrantes del TOF 2 en su sentencia de 2022.<\/p>\n<\/div>\n La colusi\u00f3n detectada, fue una de las principales causales del da\u00f1o patrimonial que sufri\u00f3 el Estado \u201ca ra\u00edz de la maniobra criminal bajo juzgamiento, aunque ciertamente no el \u00fanico\u201d ya que \u201cse utiliz\u00f3 un mecanismo de acuerdos empresariales <\/strong>que, en connivencia con los funcionarios<\/strong> a cargo de las adjudicaciones y la posterior homologaci\u00f3n de Vialidad Nacional, permiti\u00f3 elevar sistem\u00e1ticamente los precios de los contratos<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, se examinaron los sobreprecios en los procesos licitatorios a partir del an\u00e1lisis de tres de las obras cuestionadas concluyendo que \u201ca\u00fan considerando la hip\u00f3tesis m\u00e1s beneficiosa para los enjuiciados (en el sentido de obtener el c\u00e1lculo utilizando el promedio de la totalidad de las ofertas presentadas con una magn\u00edfica dispersi\u00f3n de precios), es evidente que las ofertas realizadas y adjudicadas a las empresas controladas por L\u00e1zaro B\u00e1ez registraban sobreprecios\u201d, se se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n Como \u00faltimo punto, adem\u00e1s del pacto para delinquir y los sobreprecios, los jueces advirtieron sobre otras fuentes irregulares de ingresos a fin de dimensionar, \u201cen su cabal magnitud, la extensi\u00f3n del da\u00f1o causado, no obstante no poder mensurar o traducir en un monto de dinero este \u00faltimo aspecto del perjuicio\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Despu\u00e9s de que la condena obtuvo firmeza tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se avanz\u00f3 en el pedido formal de actualizaci\u00f3n del monto.<\/p>\n<\/div>\n Una vez que la cifra sea oficializada y comunicada a las partes, el <\/strong>juez Gorini emplazar\u00e1 a los nueve condenados a que, en el plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles, depositen la suma correspondiente.<\/strong> De no cumplir con el tiempo estipulado por el magistrado, se proceder\u00e1 a la ejecuci\u00f3n de los bienes que posee cada uno<\/strong> de los acusados.<\/p>\n<\/div>\n El fiscal general Diego Luciani entreg\u00f3 un informe patrimonial de 40 p\u00e1ginas -que dio a conocer Clar\u00edn-, con los bienes de todos los condenados. Cristina Kirchner y L\u00e1zaro B\u00e1ez son los que m\u00e1s propiedades poseen como tambi\u00e9n, empresas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00bfC\u00f3mo se lleg\u00f3 a esa cifra?<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\n\n\n\nCu\u00e1ndo se decomisa el dinero<\/h2>\n<\/p>\n
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