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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/seguira-abierta-la-demanda-del-gobierno-por-22300-millones-de.jpg\")
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Fracas\u00f3 el segundo intento de Cristina Kirchner para que en el fuero Civil y Comercial se d\u00e9 por finalizada una demanda por 22.300 millones de pesos <\/strong>que se inici\u00f3 durante la gesti\u00f3n de Mauricio Macri y que contin\u00faa la administraci\u00f3n libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a L\u00e1zaro B\u00e1ez y que pese a haberlas cobrado, no se concluyeron<\/strong> lo que habr\u00eda ocasionado el da\u00f1o y perjuicios demandado. La Sala III de la C\u00e1mara Civil rechaz\u00f3 el planteo.<\/p>\n<\/div>\n Antes, l}a defensa de la ex vicepresidenta -a cargo de Luis Goldin- se hab\u00eda presentado en el juzgado de Marcelo Bruno Dos Santos<\/strong> para pedir la caducidad del proceso.<\/p>\n<\/div>\n Ahora ante la C\u00e1mara, Cristina volvi\u00f3 a apelar al argumento de la falta de inter\u00e9s <\/strong>por parte de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.<\/p>\n<\/div>\n El nuevo intento fue rechazado por la Sala III de la C\u00e1mara del fuero. En un fallo de cinco p\u00e1ginas al que accedi\u00f3 Clar\u00edn<\/strong>, los jueces se\u00f1alaron que la defensa de la ex Presidenta \u201cconfunde los argumentos concernientes a la procedencia de la caducidad con aquellos otros concernientes a la admisibilidad del recurso\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En otro tramo de los fundamentos, se\u00f1alaron que el escrito de Cristina \u201cincurre en una contradicci\u00f3n ya que, si las decisiones inapelables dejan de serlo cuando el interesado demuestra el error del juez en la cuesti\u00f3n de fondo, entonces siempre ser\u00edan apelables a despecho de lo que expresamente disponga la ley. Es evidente que ese enfoque carece de rigor l\u00f3gico <\/strong>y conduce a prescindir del texto legal aplicable al vaciarlo de contenido”.<\/p>\n<\/div>\n El abogado de la todav\u00eda titular del PJ reclamaba que el expediente no ten\u00eda avances desde el 19 de octubre de 2023, y que por eso el \u00faltimo movimiento en la causa fue un d\u00eda antes.<\/p>\n<\/div>\n Pero ese c\u00e1lculo fue desestimado por los camaristas.<\/strong> \u201cEntre el 17 de marzo de 2023 (providencia que corre traslado del escrito del codemandado Carlos Santiago Kirchner) y el acuse de la perenci\u00f3n (escrito del apoderado del 18 de septiembre de 2023) no se cumplieron los seis meses\u201d que menciona la defensa para declarar la caducidad.<\/p>\n<\/div>\n Hay que recordar que durante la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez no instruy\u00f3 a los abogados del Estado para que avancen <\/strong>en el reclamo contra quien ejerc\u00eda la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En consecuencia, la demanda multimillonaria sigue vigente y, como cont\u00f3 Clar\u00edn<\/strong>, se actualizar\u00e1 cuando se determine cu\u00e1l es el monto del decomiso en el caso Vialidad.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Cuando inici\u00f3 el caso en la justicia penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a L\u00e1zaro B\u00e1ez ascend\u00eda a 46.000 millones de pesos<\/strong>. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner se\u00f1alaron que la defraudaci\u00f3n hab\u00eda sido de 85.000 millones de pesos<\/strong>. \u201cEse monto es el resultado de la suma de las actualizaciones practicadas con relaci\u00f3n a cada uno de los valores nominales al momento en que se verific\u00f3 la diferencia de costo, ajustada mediante el \u00edndice de precios al consumidor, pues se procur\u00f3 preservar el valor real del monto obtenido\u201d, fundamentaron.<\/p>\n<\/div>\n Se se\u00f1al\u00f3 al respecto que se determinaron dos \u00e1mbitos claramente mensurables en relaci\u00f3n al perjuicio econ\u00f3mico ocasionado. \u201cEl primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realizaci\u00f3n de una obra y el precio finalmente contratado<\/strong>\u201d. Esto, comprendieron los magistrados, \u201cproducto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n El segundo concepto en base al cual se determin\u00f3 el perjuicio econ\u00f3mico a la administraci\u00f3n p\u00fablica \u201cest\u00e1 dado por la existencia de sobreprecios<\/strong> en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas\u201d. La pericia oficial habl\u00f3 de 170 a 220 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n Ese n\u00famero de la demanda civil tambi\u00e9n crecer\u00e1, pues se calcul\u00f3 sobre la base de 46.000 millones de pesos. El valor qued\u00f3 muy por debajo del da\u00f1o estipulado por el Tribunal de juicio y que confirmaron la Casaci\u00f3n Federal y la Corte: 85.000 millones de pesos.<\/p>\n<\/div>\n Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con m\u00e1s fundamentos.<\/strong> El gobierno de Javier Milei <\/strong>est\u00e1 determinado a avanzar con este proceso: \u201ces un reclamo del Estado que se continuar\u00e1\u201d, indicaron fuentes oficiales a Clar\u00edn.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n