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En estos d\u00edas, el pa\u00eds es testigo del debate y la media sanci\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lo que algunos podr\u00edan ver como una maniobra pol\u00edtica es, en realidad, el resultado de a\u00f1os de lucha de las personas con discapacidad y sus familias, quienes siguen enfrentando barreras impensables en su d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n
Las reuniones de la Comisi\u00f3n de Discapacidad de la C\u00e1mara Baja reunieron a representantes de la sociedad civil que expusieron una realidad alarmante. Pero el problema no se limita a los n\u00fameros o informes: est\u00e1 en las familias que deben sortear obst\u00e1culos constantes para acceder a derechos b\u00e1sicos. <\/p>\n<\/div>\n
Es a\u00fan m\u00e1s grave en la Argentina profunda, donde conseguir el Certificado \u00danico de Discapacidad\u2014documento esencial para acceder a prestaciones\u2014puede convertirse en una verdadera odisea.<\/p>\n<\/div>\n
En este contexto, es oportuno recordar el informe que present\u00f3 en 2023 el Comit\u00e9 de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas sobre Argentina. Aunque se reconocen avances desde la ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n, el documento tambi\u00e9n evidencia una enorme brecha entre lo que el Estado deber\u00eda garantizar y la dura realidad que viven miles de personas. El saldo, visto con objetividad, es preocupante.<\/p>\n<\/div>\n
Esto trasciende cualquier disputa pol\u00edtica. Basta con leer el art\u00edculo 75, inciso 23, de la Constituci\u00f3n Nacional para entender que el Congreso tiene la obligaci\u00f3n de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos para todos, en especial para los ni\u00f1os, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.<\/p>\n<\/div>\n
Adem\u00e1s, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene el m\u00e1s alto rango constitucional, obliga al Estado a proteger y promover los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que requieren un apoyo m\u00e1s intenso. No es opcional: el Estado debe garantizar la asistencia que las familias necesitan para que sus hijos e hijas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, con igualdad de oportunidades.<\/p>\n<\/div>\n
Sin embargo, la distancia entre las leyes y la realidad es inmensa. En lugar de dedicarse a acompa\u00f1ar a sus hijos en su desarrollo, muchas familias se ven obligadas a pelear por derechos que ya est\u00e1n reconocidos. La batalla ocurre en las escuelas, cuando deben exigir la inclusi\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes o solicitar ajustes razonables en un Proyecto Pedag\u00f3gico Individual.<\/p>\n<\/div>\n
Tambi\u00e9n ocurre cuando enfrentan la burocracia de las obras sociales, que dilatan prestaciones esenciales con trabas interminables. Y la lucha sigue en el transporte p\u00fablico, el acceso a espect\u00e1culos y otras situaciones cotidianas que, en teor\u00eda, deber\u00edan estar garantizadas.<\/p>\n<\/div>\n
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca atender algunas de estas urgencias, pero no puede ser la soluci\u00f3n definitiva. Si se aprueba en el Senado, debe verse como un primer paso, no como la meta. Porque lo que realmente se necesita es un compromiso profundo y sostenido para transformar la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.<\/p>\n<\/div>\n
Nos toca a todos construir un pa\u00eds donde los derechos sean una certeza, no una batalla. Donde las personas, especialmente las m\u00e1s vulnerables, puedan alcanzar su plena realizaci\u00f3n sin tener que exigir lo que les corresponde por derecho.<\/p>\n<\/div>\n