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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/tras-el-fallo-de-la-Corte-que-deja-firme-su.jpg\")
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La Corte Suprema confirm\u00f3 la sentencia condenatoria del caso Vialidad contra Cristina Kirchner, <\/strong>que le atribuye la responsabilidad penal por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado. Ahora los efectos colaterales<\/strong> podr\u00edan incluir una demanda civil multimillonaria<\/strong>, la confirmaci\u00f3n de v\u00ednculos del dinero irregular que rodeaba las 51 licitaciones viale<\/strong>s con los hoteles de la familia Kirchner, y el camino allanado para otro tramo del expediente que se encuentra elevado a juicio oral<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n El m\u00e1ximo tribunal, como instancia de revisi\u00f3n, tuvo bajo estudio durante semanas los recursos de queja<\/strong> interpuestos por la ex vicepresidenta y otras ocho defensas. En los papeles, Cristina Kirchner ya estaba condenada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrados por los jueces Jorge Gorini, Andr\u00e9s Basso y Rodrigo Gim\u00e9nez Uriburu. Una sentencia confirmada posteriormente por la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, con la firma de los magistrados Gustavo Hornos, Diego Barroetave\u00f1a y Mariano Borinsky.<\/p>\n<\/div>\n La Corte rechaz\u00f3 los recursos de queja interpuestos por las defensas. El efecto inmediato es que la decisi\u00f3n de la Casaci\u00f3n obtiene firmeza, esto es: la confirmaci\u00f3n de la condena por hechos de corrupci\u00f3n<\/strong>, que estipula que el da\u00f1o ocasionado al Estado durante los tres gobiernos kirchneristas asciende a 85.000 millones de pesos.<\/p>\n<\/div>\n Ello significar\u00e1 el cumplimiento de la pena a seis a\u00f1os de c\u00e1rcel por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado.<\/strong> Ser\u00e1 el presidente del TOF 2 el que resuelva c\u00f3mo se ejecutar\u00e1 la sentencia. La otra consecuencia inmediata es la inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos<\/strong>. Lo cual deja afuera de cualquier carrera electoral a la ex vice.<\/p>\n<\/div>\n Pero el rompecabezas no concluye con la causa que tramit\u00f3 en Comodoro Py. Ahora el derrotero judicial que enfrentar\u00e1 Cristina Kirchner, es a\u00fan mayor.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En el fuero Civil y Comercial tramita una demanda por da\u00f1os y perjuicios<\/strong> contra Cristina y los dem\u00e1s imputados que inici\u00f3 el gobierno de Mauricio Macri. La tesis central del planteo se desprende de la acusaci\u00f3n de juicio: el 50% de las obras viales adjudicadas de forma irregular a L\u00e1zaro B\u00e1ez fueron abandonadas con un promedio de avance que va del 16% al 36% aunque el empresario de la construcci\u00f3n cobr\u00f3 la totalidad de esos contratos.<\/p>\n<\/div>\n Por ese dinero el Estado exige que los condenados respondan con sus respectivos patrimonios <\/strong>para resarcir el da\u00f1o ocasionado a las arcas p\u00fablicas. La demanda tuvo cuatro a\u00f1os de pausa durante la presidencia de Alberto Fern\u00e1ndez.<\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, la administraci\u00f3n de Javier Milei orden\u00f3 que se avance con la acci\u00f3n civil y pidi\u00f3 -adem\u00e1s- que la cifra inicial de 22.300 millones de pesos se actualice en caso de que el fallo sea de cumplimiento efectivo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n La cifra deber\u00e1 recomponerse en funci\u00f3n de el monto de la maniobra defraudatoria que el TOF 2 fij\u00f3 en 85.000 millones de pesos, una cifra que se aclar\u00f3 es actualizable.<\/p>\n<\/div>\n La confirmaci\u00f3n de la sentencia condenatoria expone otro inquietante escenario. Los v\u00ednculos de Vialidad con otras dos causas que est\u00e1n elevadas a juicio oral<\/strong> a la espera de que se fije la fecha de inicio del debate: por una parte el caso Hotesur y Los Sauces, <\/strong>en las que se investigan delitos de lavado de dinero, d\u00e1divas y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n<\/div>\n Los lazos entre Cristina y B\u00e1ez son un punto neur\u00e1lgico en la condena por administraci\u00f3n fraudulenta. Esos lazos calificados de \u201cespurios\u201d por los jueces, fueron \u201cdeterminantes para la concreci\u00f3n de una defraudaci\u00f3n en la que predomin\u00f3 una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ileg\u00edtimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina y B\u00e1ez)”.<\/p>\n<\/div>\n Una vez m\u00e1s, se escribi\u00f3 que esos lazos promiscuos entre la ex presidenta y B\u00e1ez, tuvieron como fin “procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.<\/p>\n<\/div>\n La condena confirmada por la Casaci\u00f3n indica que Cristina tuvo un inter\u00e9s particular en beneficiar al due\u00f1o de Austral Construcciones<\/strong>. Los beneficios que recibi\u00f3 de la compa\u00f1\u00eda posibilitaron \u201cel incremento de su patrimonio\u201d gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el due\u00f1o del holding, que incluy\u00f3 la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Ese dinero, explic\u00f3 la Justicia, se \u201cdestinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Naci\u00f3n, quien permiti\u00f3 y facilit\u00f3 la erogaci\u00f3n de ese dinero guiada por un claro inter\u00e9s personal\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan la argumentaci\u00f3n judicial, Cristina prove\u00eda \u201cel beneficio econ\u00f3mico de las empresas del Grupo B\u00e1ez, que eran contratadas para ejecutar las obras p\u00fablicas viales\u201d. \u201cO lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simult\u00e1nea, se ejecutaba la maniobra de defraudaci\u00f3n en perjuicio de los fondos p\u00fablicos nacionales destinados a dichas obras p\u00fablicas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n El destino final de ese dinero, era \u201cen parte, las empresas familiares de la ex Presidenta<\/strong>“. La referencia es hacia Hotesur -la firma due\u00f1a del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-. <\/p>\n<\/div>\n Esas dos causas est\u00e1n en manos del Tribunal Oral Federal 5 <\/strong>(TOF 5), que orden\u00f3 concluir una pericia contable y resta colocar fecha de inicio del juicio<\/strong> que ya tiene un puente trazado con Vialidad. <\/p>\n<\/div>\n El movimiento de expedientes no concluye ac\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, elevada a juicio oral se encuentra Vialidad II,<\/strong> que se concentra en las autoridades del organismo adjudicatario de los contratos viales, segundas y terceras l\u00edneas que omitieron el cumplimiento de sus deberes de funcionarios p\u00fablicos. Ese comportamiento desleal, sostiene la acusaci\u00f3n, fue indispensable para que la maniobra defraudatoria cumpliera su finalidad.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\nDemanda multimillonaria<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\n\nLazos espurios, puente con los hoteles<\/h2>\n<\/p>\n
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