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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Seguridad-juridica-para-un-Sistema-de-Riesgos-de-Trabajo-saludable.jpg\")
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Su \u00e9xito en la prevenci\u00f3n ha empujado las tasas de siniestralidad a niveles comparables a los de Espa\u00f1a. En sus 30 a\u00f1os de funcionamiento, ha salvado m\u00e1s de 19.000 vidas y evitado casi 5.000.000 accidentes.<\/p>\n<\/div>\n
Ante un accidente laboral el sistema atiende la salud del trabajador de manera integral: solventa medicamentos, internaciones, cirug\u00edas y todo lo necesario hasta su recuperaci\u00f3n. Brinda alrededor de 14 millones de prestaciones m\u00e9dicas y asistenciales por a\u00f1o y remunera al trabajador durante el tiempo en que \u00e9ste no puede prestar servicios.<\/p>\n<\/div>\n
Cuando el accidente produce una afectaci\u00f3n permanente, el trabajador recibe una indemnizaci\u00f3n proporcional a su incapacidad, fijada por m\u00e9dicos sobre bases objetivas y bajo control estatal.<\/p>\n<\/div>\n
Este fenomenal sistema de seguridad social est\u00e1 en crisis por un crecimiento en la cantidad de demandas judiciales: sobre los 290.000 juicios en stock al comienzo de a\u00f1o, se proyecta el inicio de otros 132.000 en 2025.<\/p>\n<\/div>\n
La hiperlitigiosidad deriva de la errada respuesta institucional a la elevada inflaci\u00f3n y la consecuente necesidad de actualizar los montos de los juicios para neutralizar su desvalorizaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n
Amplios sectores de la justicia nacional y provincial han acudido a irrazonables mecanismos de actualizaci\u00f3n del monto de los siniestros que arrojan cifras exorbitantes que no tienen justificaci\u00f3n legal ni econ\u00f3mica.<\/p>\n<\/div>\n
El resultado ha sido un perverso incentivo a \u201cinvertir\u201d en litigios en la persecuci\u00f3n de una renta extraordinaria lograda a expensas de los recursos destinados a proveer seguridad al conjunto de nuestros trabajadores, y que no estar\u00e1n disponibles para responder a sus infortunios.<\/p>\n<\/div>\n
Para peor, un d\u00e9ficit estructural en los procesos judiciales, patente en pruebas periciales m\u00e9dicas y psicol\u00f3gicas, llevan al juez a dar por \u201cprobados\u201d da\u00f1os a la salud que en la realidad no existen.<\/p>\n<\/div>\n
Las soluciones para tama\u00f1o problema est\u00e1n dispuestas en la Ley y s\u00f3lo cabe cumplirla.<\/p>\n<\/div>\n
Ning\u00fan mecanismo de actualizaci\u00f3n monetaria puede vulnerar la prohibici\u00f3n de indexaci\u00f3n vigente desde la era de la Convertibilidad, ni la restricci\u00f3n a la capitalizaci\u00f3n de intereses impuesta en la legislaci\u00f3n de fondo. La Corte Suprema ha ratificado consistentemente estos principios, sentando una jurisprudencia di\u00e1fana que debe guiar a los tribunales inferiores.<\/p>\n<\/div>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial remite a la ley especial para la fijaci\u00f3n de la tasa aplicable. En riesgos del trabajo, \u00e9sta ordena aplicar un inter\u00e9s que se calcula a partir de la evoluci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n de los trabajadores (RIPTE).<\/p>\n<\/div>\n
Para los litigios anteriores a esa ley, el c\u00f3digo se\u00f1ala que deber\u00e1 aplicarse la tasa que fije el Banco Central. La autoridad monetaria viene publicando la \u201ctasa de inter\u00e9s para uso de la justicia\u201d desde 1991.<\/p>\n<\/div>\n
Con el fin de garantizar la constataci\u00f3n real de la dolencia que motiva el litigio, la ley dispone que los peritos deben integrar los cuerpos m\u00e9dicos forenses y que sus honorarios deben fijarse con prescindencia del importe involucrado en el juicio.<\/p>\n<\/div>\n
La norma permanece largamente incumplida: los peritos mayoritariamente no pertenecen al cuerpo forense, son designados por sorteo y su remuneraci\u00f3n se fija en funci\u00f3n del monto del litigio. Dado que ese monto depende principalmente de la gravedad de los hallazgos del perito, se desata un enorme conflicto de intereses que lo convierten en socio del demandante.<\/p>\n<\/div>\n
El sistema no soporta m\u00e1s desv\u00edos. Debe garantizarse la imparcialidad de la labor pericial y los montos de condena deben actualizarse a tasas razonables, para as\u00ed evitar el colapso de las coberturas.<\/p>\n<\/div>\n