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Si hacemos un repaso de la vida y el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires durante estos 30 a\u00f1os, desde que la reforma constitucional reconoci\u00f3 expresamente su condici\u00f3n de aut\u00f3noma, podr\u00edamos resaltar el ejercicio de su propio gobierno y administraci\u00f3n -destacada por su capacidad de gesti\u00f3n-, como as\u00ed tambi\u00e9n el m\u00fasculo democr\u00e1tico que se ejercita en la Legislatura porte\u00f1a.<\/p>\n<\/div>\n
Ahora bien, existe una gran deuda y es la plenitud de dicha autonom\u00eda con respecto al Poder Judicial. Un precedente de relevancia institucional como el fallo Levinas, junto a la creaci\u00f3n de la comisi\u00f3n destinada a abordar la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad, constituyen hitos que nos convocan a redoblar los esfuerzos para saldar, de una vez por todas, esta deuda hist\u00f3rica.<\/p>\n<\/div>\n
Desde 1994, la Constituci\u00f3n Nacional en su art\u00edculo 129 le otorga a la Ciudad facultades propias de legislaci\u00f3n y jurisdicci\u00f3n, con un estatus equiparable al de las provincias. En la misma l\u00ednea, la Constituci\u00f3n local establece en su art\u00edculo 1\u00b0 que \u201cLa Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constituci\u00f3n Nacional al Gobierno Federal\u201d y, por su parte, el art\u00edculo 6\u00b0 prev\u00e9 que \u201cLas autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representaci\u00f3n agoten en derecho las instancias pol\u00edticas y judiciales para preservar la autonom\u00eda y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los Art\u00edculos 129 y concordantes de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d.<\/p>\n<\/div>\n
No obstante, en la pr\u00e1ctica ese reconocimiento ha progresado, aunque parcialmente. La sanci\u00f3n de la denominada \u201cLey Cafiero\u201d impuso restricciones que, en los hechos, condicionaron el desarrollo de instituciones claves, especialmente en el \u00e1mbito de la Justicia.<\/p>\n<\/div>\n
Hoy, materias esenciales para la vida cotidiana de nuestros vecinos \u2014como la Justicia Penal, Civil y Comercial\u2014 contin\u00faan bajo la \u00f3rbita nacional limitando la posibilidad de que los porte\u00f1os accedamos a una Justicia cercana, moderna y ajustada a nuestra realidad.<\/p>\n<\/div>\n
La omisi\u00f3n del Gobierno Nacional en cumplir con los mecanismos de transferencia y garantizar los recursos presupuestarios correspondientes (art. 75 inc. 2 CN) afecta directamente el pleno ejercicio de la autonom\u00eda porte\u00f1a. La Ciudad ha dado pasos firmes hacia la consolidaci\u00f3n de su sistema judicial. La sanci\u00f3n del C\u00f3digo Procesal Penal (Ley 2.303), del R\u00e9gimen Procesal Penal Juvenil (Ley 2.451), del C\u00f3digo Procesal para la Justicia del Trabajo (Ley 6.790) y de la modificaci\u00f3n de la Ley 7 -Org\u00e1nica del Poder Judicial de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires a fin de poner en funcionamiento el Fuero de Trabajo local-, son avances concretos que robustecen nuestra institucionalidad y nos acercan al objetivo constitucional.<\/p>\n<\/div>\n
El pasado 13 de marzo, la Ciudad inst\u00f3 al Gobierno Nacional a que arbitre los medios necesarios para la creaci\u00f3n de una mesa de trabajo conjunta que estudie y analice un proceso ordenado de transferencia de las competencias de la Justicia Nacional ordinaria. En ese sentido, celebramos la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n mixta entre el Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n y el de la Ciudad.<\/p>\n<\/div>\n
Ante esta convocatoria, y trat\u00e1ndose de un asunto central de la gesti\u00f3n porte\u00f1a, en representaci\u00f3n de la Ciudad de Buenos Aires, se design\u00f3 a los funcionarios de m\u00e1s alta jerarqu\u00eda, para que sean ellos los encargados de articular los medios que efectivicen este traspaso. En la misma direcci\u00f3n, se inscribe la declaraci\u00f3n de emergencia auton\u00f3mica y el env\u00edo a la Legislatura del proyecto para la creaci\u00f3n del Sistema Penitenciario de la Ciudad. <\/p>\n<\/div>\n
No se puede soslayar la necesidad de que dicho sistema dependa de autoridades locales. Una administraci\u00f3n de justicia integral exige coherencia entre las decisiones judiciales y las pol\u00edticas de ejecuci\u00f3n penal.<\/p>\n<\/div>\n
Si algo nos caracteriza a los porte\u00f1os es cu\u00e1nto orgullo nos despierta Buenos Aires. Por eso, debemos seguir bregando por los derechos que a\u00fan nos faltan, que no son solo para quienes habitamos la Ciudad, sino para las millones de personas que la transitan a diario. Porque trabajar por un Poder Judicial local no es una victoria simb\u00f3lica o pol\u00edtica, sino un hecho que impacta directamente en temas transversales, como la seguridad. No se puede deso\u00edr lo que, una vez m\u00e1s, la Corte expres\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n
Hay que terminar con la desigualdad de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires respecto de las provincias. Es momento de completar estas transferencias, y que la autonom\u00eda de la Capital de todos los argentinos sea plena. S\u00f3lo entonces, Ser\u00e1 Justicia.<\/p>\n<\/div>\n