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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Con-un-duro-escrito-el-gobierno-ratifico-la-demanda-millonaria.jpg\")
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\u201c\u00bfC\u00f3mo es que pretende que avancemos en la causa si formula incansablemente planteos dilatorios?\u201d, replic\u00f3 el gobierno de Javier Milei en un escrito contra Cristina Kirchner, en el marco de la demanda civil por da\u00f1os y perjuicios vinculada al caso Vialidad<\/strong>. El Estado Nacional exige que todos los acusados en el expediente paguen en concepto de resarcimiento, una suma de 22.300 millones de pesos<\/strong>. La ex vicepresidente volvi\u00f3 a pedir que el proceso que tramita en la justicia Civil y Comercial caduque. La respuesta del organismo p\u00fablico fue en duros t\u00e9rminos.<\/p>\n<\/div>\n A la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la condena por hechos de corrupci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 en el caso Vialidad, Cristina Kirchner volvi\u00f3 a pedir en el fuero Civil y Comercial que se d\u00e9 por finalizada la demanda que se inici\u00f3 durante la gesti\u00f3n de Mauricio Macri<\/strong> y que contin\u00faa la administraci\u00f3n libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a L\u00e1zaro B\u00e1ez y que, pese a haberlas cobrado, no se concluyeron,<\/strong> lo que habr\u00eda ocasionado el da\u00f1o y los perjuicios demandados.<\/p>\n<\/div>\n La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin<\/strong>, se present\u00f3 en el juzgado Civil de Marcelo Bruno Dos Santos<\/strong> para pedir la caducidad del proceso.<\/p>\n<\/div>\n Es la segunda vez<\/strong> que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de inter\u00e9s por parte de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.<\/p>\n<\/div>\n Para argumentar el planteo, Goldin se\u00f1al\u00f3 que el expediente no tiene avances desde el 19 de octubre de 2023. <\/strong>Para la ex mandataria fue el \u00faltimo acto en la causa que permite la suspensi\u00f3n de los plazos procesales. Sin embargo, tras la confirmaci\u00f3n por parte de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n de la condena por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado, Vialidad Nacional incorpor\u00f3 al expediente esa resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Ahora, y en muy duros t\u00e9rminos, el gobierno le respondi\u00f3 acus\u00e1ndola de buscar trabar el procesos civil de forma constante.<\/p>\n<\/div>\n Para empezar, asegur\u00f3 \u201cque no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaraci\u00f3n de caducidad de la instancia\u201d, ya que se sumaron “los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Vialidad Nacional record\u00f3 que la condena contra Cristina Kirchner por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado<\/strong>, con un da\u00f1o ocasionado que asciende a 85.000 millones de pesos, se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n<\/div>\n El rechazo al recurso extraordinario que deriv\u00f3 en la queja que tiene en sus manos el m\u00e1ximo tribunal, fue incorporado a la demanda civil contra la exvicepresidenta.<\/p>\n<\/div>\n Luego, dijo el organismo estatal que pese a que se estaba en condiciones de avanzar, Cristina plante\u00f3 una caducidad del caso que le fue rechazada, “cuyo tr\u00e1mite se prolong\u00f3 en el tiempo” porque su abogado cuestion\u00f3 al representante de Vialidad, pese que se trata del Gerente de Asuntos Jur\u00eddicos.<\/p>\n<\/div>\n Esto tambi\u00e9n fue rechazado por el juez del caso, pero la expresidenta \u201cinsisti\u00f3 con su cuestionamiento y apel\u00f3 la decisi\u00f3n”, ante la C\u00e1mara Civil. Sin embargo, en ese momento la expresidenta desisti\u00f3 de continuarlo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Finalmente, \u201cnos encontramos frente a otro planteo de caducidad que obstaculiza de nuevo<\/strong> el curso del proceso judicial\u201d. En este punto, el Gobierno se pregunt\u00f3 “\u00bfC\u00f3mo es que pretende que avancemos en la causa si formula incansablemente planteos dilatorios?\u201d<\/p>\n<\/div>\n El doctor Goldin concluye l\u00f3gicamente que, “si tanta ausencia de responsabilidad alega Cristina, se supone que querr\u00eda conocer de una vez por todas la verdad real del caso tanto civil como penal <\/strong>y no entorpecerlo una y otra vez mediante esos cuestionamientos\u2019.<\/p>\n<\/div>\n Finalmente, Vialidad se\u00f1al\u00f3 que a lo largo de la tramitaci\u00f3n de este expediente, s\u00f3lo el gobierno procur\u00f3 el avance de la causa<\/strong>. Hay que recordar que durante la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez no se instruy\u00f3 a los abogados del Estado para que tramiten el reclamo contra quien ejerc\u00eda la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Cuando inici\u00f3 el juicio contra Cristina y L\u00e1zaro B\u00e1ez en la justicia penal, la cifra global por las 51 licitaciones adjudicadas ascend\u00eda a 46.000 millones de pesos. Pero cuando el TOF 2 los conden\u00f3, dijo que la defraudaci\u00f3n fue de 85.000 millones de pesos.<\/strong> \u201cEse monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relaci\u00f3n a cada uno de los valores nominales al momento en que se verific\u00f3 la diferencia de costo, ajustada mediante el \u00edndice de precios al consumidor, pues se procur\u00f3 preservar el valor real del monto obtenido\u201d, fundamentaron los jueces.<\/p>\n<\/div>\n Se se\u00f1al\u00f3 al respecto que se determinaron dos \u00e1mbitos claramente mensurables en relaci\u00f3n al perjuicio econ\u00f3mico ocasionado. \u201cEl primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realizaci\u00f3n de una obra y el precio finalmente contratado<\/strong>\u201d. Esto, comprendieron los magistrados, \u201cproducto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n El segundo concepto en base al cual se determin\u00f3 el perjuicio econ\u00f3mico a la administraci\u00f3n p\u00fablica \u201cest\u00e1 dado por la existencia de sobreprecios<\/strong> en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas\u201d. La pericia oficial habl\u00f3 de 170 a 220 millones de d\u00f3lares<\/strong> s\u00f3lo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.<\/em><\/p>\n<\/div>\n Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con m\u00e1s fundamentos. El gobierno de Javier Milei est\u00e1 determinado a avanzar con este proceso: \u201ces un reclamo del Estado que se continuar\u00e1\u201d<\/strong>, indicaron fuentes oficiales a Clar\u00edn<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEl origen del reclamo econ\u00f3mico<\/h2>\n<\/p>\n
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