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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/La-Camara-Federal-anulo-aumentos-de-una-importante-prepaga-al.jpg\")
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La Sala II de la C\u00e1mara Civil y Comercial Federal declar\u00f3 la nulidad de los aumentos aplicados por la prepaga Omint<\/strong> a una afiliada por considerar inconstitucionales <\/strong>algunos art\u00edculos del DNU 70 que hab\u00edan permitido realizar esos ajustes.<\/p>\n<\/div>\n El fallo, que dice que los incrementos resultan \u201cileg\u00edtimos\u201d<\/strong>, se conoci\u00f3 casi en simult\u00e1neo con otra decisi\u00f3n similar de la C\u00e1mara Federal de Mar del Plata, tambi\u00e9n contra los aumentos de la misma prepaga<\/strong> y con argumentos consonantes.<\/p>\n<\/div>\n La novedad de estas sentencias es que ya no se trata de amparos que suspenden<\/strong> los incrementos de las cuotas -algo que ya hab\u00eda ocurrido oportunamente-, sino de decisiones que fallan sobre el fondo de la cuesti\u00f3n<\/strong>. Es decir, se pronuncian sobre si la desregulaci\u00f3n<\/strong> del sistema de prepagas que habilit\u00f3 el DNU 70 fue constitucional.<\/p>\n<\/div>\n En ambos casos los jueces de primera instancia hab\u00edan rechazado las demandas al considerarlas abstractas<\/strong>, por el hecho de que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya hab\u00eda llegado a un acuerdo en sede judicial con las prepagas (incluida OMINT) en el que se estableci\u00f3 el modo en que se aplicar\u00edan los aumentos de las cuotas mensuales.<\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, ambas C\u00e1maras se centraron ahora en la inconstitucionalidad de dos art\u00edculos del DNU (267 y 269)<\/strong>, dado que consideran que debe ser potestad de la SSS<\/strong> la autorizaci\u00f3n de las subas. Como en los hechos los aumentos hab\u00edan quedado suspendidos ya por cautelares, tras estos nuevos fallos, no existir\u00eda una diferencia de dinero a ser devuelta por la prepaga.<\/p>\n<\/div>\n El inciso VIII de la parte resolutiva de la sentencia de la Sala II dice que el devenir de los hechos hace que, por un lado, \u201ctodos los aumentos dispuestos por la demandada a partir del mes de diciembre de 2023<\/strong> -que carecieron de la autorizaci\u00f3n de la SSS- resulten ileg\u00edtimos<\/strong>. Por el otro, que la autoridad administrativa deba efectuar el control y la aprobaci\u00f3n<\/strong> de los aumentos de las cuotas que pretenda realizar la accionada en el v\u00ednculo contractual que une a las partes\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Los art\u00edculos 267 y 269 del DNU 70\/2023 derogaron los arts. 5\u00b0 inc. g) y 17\u00b0 de la Ley 26.682<\/strong>. El fallo sostuvo que el decreto no cumpli\u00f3 con las exigencias del art\u00edculo 99, inciso 3, de la Constituci\u00f3n Nacional, que establece que los DNUs s\u00f3lo pueden dictarse en situaciones excepcionales <\/strong>y bajo ciertas condiciones.<\/p>\n<\/div>\n Debi\u00f3 haber habido -se\u00f1alan- imposibilidad material<\/strong> de seguir el tr\u00e1mite legislativo ordinario. Seg\u00fan los jueces, el Poder Ejecutivo no demostr\u00f3 <\/strong>que el Congreso no pudiera sesionar o que el plazo para sancionar una ley fuera incompatible con la urgencia<\/strong>. De hecho -argumentan-, d\u00edas despu\u00e9s de emitir el DNU, el gobierno envi\u00f3 al Congreso el proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida”, lo que demostr\u00f3 que s\u00ed era posible el tratamiento parlamentario.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, afirman que no exist\u00eda una emergencia sanitaria o econ\u00f3mica espec\u00edfica<\/strong>: el DNU aleg\u00f3 una “crisis terminal”, pero -se\u00f1alan los magistrados Florencia Nallar y Eduardo Gottardi- no justific\u00f3 por qu\u00e9 la derogaci\u00f3n del control de precios en medicina prepaga era una medida urgente e ineludible<\/strong>. La C\u00e1mara destac\u00f3 que no se explic\u00f3 c\u00f3mo la desregulaci\u00f3n de las cuotas de salud contribuir\u00eda <\/strong>a resolver la crisis general.<\/p>\n<\/div>\n Tambi\u00e9n se incluy\u00f3 en el fallo, entre otras razones, el hecho de que no se trataba de una medida coyuntural, sino de un cambio estructural<\/strong>: el DNU modific\u00f3 permanentemente la Ley 26.682 para eliminar el control estatal sobre los aumentos. El tribunal analiz\u00f3 el debate parlamentario original que sancion\u00f3 dicha ley y concluy\u00f3 que el control estatal sobre las cuotas fue una decisi\u00f3n basada en la protecci\u00f3n de los usuarios<\/strong> frente a aumentos abusivos.<\/p>\n<\/div>\n Sobre la naturaleza esencial del derecho a la salud, seg\u00fan los jueces el DNU no present\u00f3 argumentos s\u00f3lidos<\/strong> para derogar el anterior sistema, limit\u00e1ndose a invocar una “liberaci\u00f3n de fuerzas productivas” sin explicar c\u00f3mo la misma beneficiar\u00eda<\/strong> a los consumidores.<\/p>\n<\/div>\n A los fines pr\u00e1cticos, la C\u00e1mara orden\u00f3 la readecuaci\u00f3n de las cuotas seg\u00fan el IPC<\/strong>, que no es otra cosa que -a pesar de que los precios han quedado liberados desde julio de 2024, tras un primer intento fallido en enero de ese a\u00f1o- lo que el Gobierno ha venido esculpiendo como un persuasivo artesano en las sombras para que las subas no excedieran ese l\u00edmite, o incluso se ubicaran algo por debajo, todo en nombre del libre mercado.<\/p>\n<\/div>\n Sobre la importancia del fallo, Gabriel Martinez Medrano, director de Asuntos Legales de la Asociaci\u00f3n de Defensa de los Derechos de Usuarios y consumidores (Adduc), dijo que \u201cse comprob\u00f3 que hubo un da\u00f1o a los intereses econ\u00f3micos y la salud<\/strong> de los consumidores\u201d. Si bien estas son causas individuales, dicha asociaci\u00f3n impulsa otras colectivas: \u201cAdduc tiene en tramite varias acciones en las que la Camara Federal de San Martin resolvi\u00f3 la competencia en cada una de ellas hace un mes y est\u00e1n empezando a moverse en los juzgados, pero es una lucha tit\u00e1nica porque una cosa es decretar la nulidad de aumentos para una persona y otra para todos los afiliados<\/strong> de una empresa\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan datos del sector, Omint es hoy la quinta prepaga<\/strong> con m\u00e1s afiliados del mercado, con 332 mil, detr\u00e1s de OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud y Galeno. Aunque en este caso la prepaga involucrada es circunstancial, ya que los mismos argumentos judiciales<\/strong> hubieran aplicado para el caso de que la demandada hubiera sido otra empresa.<\/p>\n<\/div>\n En agosto de 2024, Clar\u00edn<\/strong> inform\u00f3 sobre otro fallo en el que la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 hab\u00eda declarado inconstitucionales los art\u00edculos 267 y 269 del DNU 70, a partir de una demanda colectiva de 1.500 afiliados, en este caso, contra la prepaga OSDE. Sin embargo, la sentencia no concedi\u00f3 la exigencia grupal <\/strong>y benefici\u00f3 s\u00f3lo al jubilado que hab\u00eda iniciado originalmente la acci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n