\n
![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/No-pueden-mirar-para-otro-lado-mientras-se-desmorona-la.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
El debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina ha estado hist\u00f3ricamente atravesado por prejuicios, simplificaciones y, sobre todo, una profunda desinformaci\u00f3n. No son pocos los que a\u00fan creen que procesar penalmente a un menor de edad implica, sin m\u00e1s, encerrarlo en una c\u00e1rcel com\u00fan, privarlo de derechos y someterlo a un r\u00e9gimen punitivo igual al de un adulto.<\/p>\n<\/div>\n
Esa concepci\u00f3n err\u00f3nea no solo es legalmente falsa, sino que ha tenido consecuencias sociales nefastas: ha contribuido a consolidar un sistema que, lejos de proteger a los menores, los abandona.<\/p>\n<\/div>\n
En Argentina, la edad de imputabilidad se fija actualmente en 16 a\u00f1os, lo que implica que cualquier menor de esa edad que cometa un delito, incluso grav\u00edsimo, no puede ser responsabilizado penalmente. Esta norma, sostenida durante d\u00e9cadas, contrasta con la realidad de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n y del mundo, que han fijado l\u00edmites de imputabilidad mucho m\u00e1s bajos, sin por ello violar derechos humanos ni renunciar a un enfoque educativo y restaurativo.<\/p>\n<\/div>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 del dato normativo, la discusi\u00f3n de fondo es otra: \u00bfQu\u00e9 sucede con ese menor inimputable que ha cometido un delito violento, que expresa conductas antisociales, que convive con violencia extrema y carece de contenci\u00f3n familiar o escolar? \u00bfQu\u00e9 hace el Estado cuando, por ley, se le impide siquiera intervenir? La respuesta es tan dura como clara: no hace nada.<\/p>\n<\/div>\n
Por eso, este art\u00edculo propone desmontar ciertos mitos sobre la imputabilidad penal juvenil y explicar por qu\u00e9 procesar a un menor no es sin\u00f3nimo de castigar, sino de involucrarse. Porque donde no hay proceso, hay omisi\u00f3n. Y donde hay omisi\u00f3n, hay abandono.<\/p>\n<\/div>\n
La legislaci\u00f3n vigente crea una zona gris en la que miles de adolescentes que cometen delitos no pueden ser responsabilizados ni acompa\u00f1ados por el sistema judicial. Lejos de tratarse de una forma de protecci\u00f3n, la inimputabilidad absoluta genera una negaci\u00f3n del problema, una ausencia deliberada del Estado en los momentos m\u00e1s cr\u00edticos del desarrollo ps\u00edquico, emocional y social del menor. <\/p>\n<\/div>\n
Procesar penalmente a un adolescente no significa, como se suele afirmar err\u00f3neamente, enviarlo a una prisi\u00f3n. Significa, en cambio, habilitar un marco institucional que permita intervenir, diagnosticar, contener y, si es necesario, sancionar de manera proporcional y con un enfoque educativo. La falta de proceso no garantiza libertad ni desarrollo: garantiza que el ni\u00f1o o joven permanezca en el mismo entorno que produjo o reforz\u00f3 su conducta delictiva, sin supervisi\u00f3n ni recursos que le permitan cambiar.<\/p>\n<\/div>\n
Los estudios psicol\u00f3gicos y neurol\u00f3gicos m\u00e1s avanzados han demostrado que los menores comprenden la diferencia entre el bien y el mal desde edades muy tempranas. Incluso a los diez a\u00f1os, muchos ya han pasado por experiencias de vida tan extremas que su nivel de madurez emocional y su capacidad de da\u00f1o supera ampliamente la de muchos adultos.<\/p>\n<\/div>\n
En esos casos, la decisi\u00f3n de no procesarlos no se traduce en un beneficio para el menor ni para la sociedad. Se traduce en la continuidad de un ciclo de violencia que nadie interrumpe. Sin intervenci\u00f3n estatal no hay acompa\u00f1amiento posible, y sin acompa\u00f1amiento no hay posibilidad real de desarrollo saludable. La inimputabilidad, lejos de representar un avance, se transforma as\u00ed en un sin\u00f3nimo de abandono institucional. <\/p>\n<\/div>\n