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Aspirando poner coto a la inconstitucionalidad por omisi\u00f3n reinante en la materia, todo indica que, en los pr\u00f3ximos d\u00edas, el Senado de la Naci\u00f3n tratar\u00e1 el pol\u00e9mico proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanci\u00f3n de Diputados. La regulaci\u00f3n se propone impedir que las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, en tanto la sentencia fuera confirmada por la instancia superior, no accedan a cargos p\u00fablicos, ni partidarios.<\/p>\n<\/div>\n
En propiedad, este tipo de regulaci\u00f3n, ya vigente en algunas provincias, es una razonable realizaci\u00f3n constitucional inspirada en el postulado de la idoneidad que la Constituci\u00f3n exige en su art\u00edculo 16. La iniciativa, que concita marcado inter\u00e9s pol\u00edtico, juzga que la persona incursa en delitos de corrupci\u00f3n es inid\u00f3nea para ejercer la funci\u00f3n p\u00fablica y veda el acceso a ella.<\/p>\n<\/div>\n
En nuestro derecho nunca estuvo en discusi\u00f3n el atributo legislativo de reglamentar la idoneidad respecto de los cargos de alta magistratura, (presidente, vicepresidente, jueces y legisladores) Empero, la fortaleza de una poderosa m\u00e1quina de impedir avances institucionales razonables consigui\u00f3 el objetivo de postergar la sanci\u00f3n que podr\u00eda darse en esta oportunidad.<\/p>\n<\/div>\n
En tren de razones que justifican esta reglamentaci\u00f3n concurre, en primera lugar, la m\u00e1xima de que todos los derechos son susceptibles de regulaci\u00f3n (art, 14 CN) Como la idoneidad es un derecho de los gobernados para acceder a la funci\u00f3n p\u00fablica, es elemental que el Estado puede imponer a su personal de menor escala las reglas discrecionales que juzga convenientes, para ingresar, permanecer y cesar como dependientes de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<\/div>\n
De modo que si se pueden establecer reglamentaciones para el desempe\u00f1o del personal estatal inferior, como no va poder hacerse lo mismo cuando se trata de empleos de alta magistratura, alcanzando la decisi\u00f3n a quienes tienen la funci\u00f3n de gobernar y representan al pueblo desde sus poltronas.<\/p>\n<\/div>\n
Adem\u00e1s, si la Constituci\u00f3n ide\u00f3 sistemas para remover a funcionarios incursos en faltas o delitos, (juicio pol\u00edtico, exclusi\u00f3n de legisladores, etc.) resulta congruente con tales prop\u00f3sitos impedir la ocurrencia de ese tipo de infracciones, colocando trabas para que los inid\u00f3neos -causantes de muchos de los yerros que da\u00f1an a la sociedad- no est\u00e9n en condiciones de producir nuevos da\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n
Avala este temperamento el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando el art. 23 de Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, dispone que los Estados miembros del tratado pueden reglamentar el derecho de acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucci\u00f3n, capacidad civil o mental o, condena por juez competente en proceso penal.<\/p>\n<\/div>\n
En nuestro pa\u00eds, caracterizado por la inobservancia de la ley, detr\u00e1s del inter\u00e9s de quienes defienden la no reglamentaci\u00f3n de este derecho, se esconde el pensamiento y acci\u00f3n de la volatilidad constitucional respecto de la ley de leyes por parte de quienes se erigen en jueces circunstanciales o permanentes de la aplicaci\u00f3n de las normas.<\/p>\n<\/div>\n
No hay motivo, ni pretexto alguno, para que esta vez el proyecto no sea aprobado. Su hipot\u00e9tico rechazo solo podr\u00e1 demostrar qui\u00e9nes y cuantos prefieren validar la vigencia de un inconstitucional contexto en el que la sinraz\u00f3n suele premiar otro tipo de \u201cidoneidad\u201d a la hora de proponer candidatos. Se trata de la incondicionalidad hacia las personas en desmedro de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n