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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/arranca-el-juicio-oral-contra-Julio-De-Vido-Roberto-Baratta.jpg\")
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Sin empresarios brasileros de la constructora Odebrecht<\/strong> en el banquillo de los acusados, el 19 de mayo<\/strong> a las 9:30 comenzar\u00e1 el primer juicio por el” Lava Jato argentino”: se trata de la causa donde est\u00e1n procesados Julio De Vido, Roberto Baratta, Jos\u00e9 L\u00f3pez, al igual que empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio<\/strong>, entre otros. <\/p>\n<\/div>\n Es por administraci\u00f3n fraudulenta<\/strong>, por el direccionamiento, los sobreprecios y un supuesto circuito de sobornos alrededor de la construcci\u00f3n de dos plantas de tratamiento -de agua potable y l\u00edquidos cloacales- para la empresa estatal AySA<\/strong>. Las audiencias ser\u00e1n de forma quincenal, pese a la oposici\u00f3n de la fiscal general, Fabiana Le\u00f3n que exig\u00eda una mayor frecuencia.<\/p>\n<\/div>\n Cinco a\u00f1os despu\u00e9s<\/strong> de que el juez federal, Sebasti\u00e1n Casanello cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n y envi\u00f3 a juicio oral la causa, comenzar\u00e1 el juicio oral y p\u00fablico a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por Germ\u00e1n Castelli, Enrique M\u00e9ndez Signori y Fernando Canero<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n Las audiencias se realizar\u00e1n cada dos lunes y de forma virtual<\/strong>l. Ese criterio y frecuencia de los encuentros fueron cuestionados por la representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal, que fue deso\u00edda por el TOF 7 bajo el argumento de una incompatibilidad de agendas de los jueces porque tienen otros juicios en desarrollo.<\/p>\n<\/div>\n Para este debate oral se aceptaron 290 testigos, entre los que se encuentran los ex titulares de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) macrista, Mariano Federici y Mar\u00eda Eugenia Talerico,<\/strong> y la actual diputada nacional Margarita Stolbizer<\/strong>, entre otros.<\/p>\n<\/div>\n En este expediente se investigaron las adjudicaciones de obra p\u00fablica para la planta potabilizadora Paran\u00e1 de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui<\/strong> o “Planta del Bicentenario”. Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitaci\u00f3n fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos, Supercemento y Jos\u00e9 Cartellone Construcciones Civiles; y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa y Esuco. \u200b\u200b<\/p>\n<\/div>\n Se encuentran imputados por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica y cohecho <\/strong>26 integrantes de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal, entre ellos, De Vido, Jos\u00e9 L\u00f3pez y Baratta.<\/p>\n<\/div>\n La particularidad es que en el banquillo de los acusados no se encontrar\u00e1 ninguno de los empresarios brasileros<\/strong>. Durante la instrucci\u00f3n del juez Casanello, muchos fueron citados a indagatoria sin que comparecieran.<\/p>\n<\/div>\n Ahora se suma otra circunstancia no menor: el Superior Tribunal de Justicia de Brasil declar\u00f3 nulas las pruebas obtenidas en el marco de los acuerdos de delaci\u00f3n premiada -la ley del arrepentido brasile\u00f1a- con las que Odebrecht confes\u00f3 haber sobornado a funcionarios de varios pa\u00edses con montos millonarios. A\u00f1os despu\u00e9s de haberlas aceptado, el TSJ invalid\u00f3 esas confesiones y documentos por \u201ccontaminaci\u00f3n de la prueba\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n La justicia de Brasil sostuvo en tres resoluciones que esas pruebas no pueden utilizarse en ning\u00fan otro tribunal ni jurisdicci\u00f3n. Por lo tanto, el juicio por las plantas de AySA se fundamentar\u00e1 en las pruebas y testimonios recogidos en Argentina.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio del caso, se “celebr\u00f3 un acuerdo espurio entre funcionarios p\u00fabicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos<\/strong>, que implic\u00f3 concesiones indebidas en beneficio de los contratistas<\/strong> y que deriv\u00f3 indefectiblemente en una defraudaci\u00f3n al Estado como consecuencia de la administraci\u00f3n infiel de los recursos p\u00fablicos”.<\/p>\n<\/div>\n Todo ocurri\u00f3 entre 2007 y 2014<\/strong>, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripci\u00f3n de las \u00faltimas adendas de \u00e9stos.<\/p>\n<\/div>\n En un primer tramo del expediente se corrobor\u00f3 la administraci\u00f3n fraudulenta por la que se acusa a los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por “probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paran\u00e1 de las Palmas”.<\/p>\n<\/div>\n El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcci\u00f3n y puesta en marcha de la planta potabilizadora de agua, que fue adjudicada a la Uni\u00f3n Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, Supercemento -16,66%-, Benito Roggio e Hijos -16,67%- y Jos\u00e9 Cartellone Construcciones Civiles, con una participaci\u00f3n de 16,66%.<\/p>\n<\/div>\n El segundo de los contratos cuestionados consist\u00eda en la construcci\u00f3n de la planta depuradora \u201cSistema Berazategui\u201d, en la que result\u00f3 ganadora la uni\u00f3n conformada por las empresas Camargo Correa -60%- y Esuco -40%-. Luego Odebrecht ocup\u00f3 el lugar de Camargo Correa.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En otro tramo, la justicia federal dio por acreditadas “las d\u00e1divas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habr\u00edan pagado a las autoridades estatales<\/strong> a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas”.<\/p>\n<\/div>\n Por ello, los empresarios ya procesados por defraudaci\u00f3n en la primera parte de la investigaci\u00f3n quedaron luego acusados de “corruptores”<\/strong>, es decir como autores de cohecho activo<\/strong>, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicaci\u00f3n de obras.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan la justicia, los sobornos se estructuraron en dos instancias. En enero de 2009 se hizo el primer pago de servicios al consorcio de la Planta AySA por 69 millones de d\u00f3lares. “El director del contrato, Sergio Gouvea, por indicaci\u00f3n de Carlos Wagner, tom\u00f3 contacto con Ra\u00fal Biancuzzo, quien fue presentado al Departamento de Operaciones Estructuradas (oficina de coimas de Odebrecht), inici\u00e1ndose as\u00ed los pagos indebidos en las cuotas por \u00e9ste indicadas, que ascendieron a 7,6 millones de d\u00f3lares”<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n Hubo tres \u00f3rdenes de pago vinculadas a la obra \u201cParan\u00e1 de las Palmas\u201d, una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese a\u00f1o, por 67.289 d\u00f3lares, 18.000 d\u00f3lares y 25.000 d\u00f3lares. “En el sector \u201ccodinome\u201d, que es el apodo asignado al destinatario, figuran \u201cRio Grande\u201d, \u201cCavalo\u201d y \u201cRa\u00fal Seixas\u201d, siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces CEO de Odebrecht en Argentina”, explic\u00f3 el juez en su resoluci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht “se debi\u00f3 a la paralizaci\u00f3n de las obras y la interrupci\u00f3n de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del ex presidente N\u00e9stor Kirchner”, se\u00f1al\u00f3 Casanello en su momento. El mismo se extendi\u00f3 entre 2011 y 2014, a trav\u00e9s de la firma uruguaya Sabrimol Trading, recibi\u00f3 una totalidad de 6.450.000 d\u00f3lares<\/strong>“.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLas acusaciones por corrupci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n
\n\n\n\n\nEl circuito de las coimas<\/h2>\n<\/p>\n
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