\n
![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Ocho-anos-despues-procesaron-a-directivos-de-la-Universidad-de.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
Ocho a\u00f1os despu\u00e9s de abierta la causa, la jueza federal Mar\u00eda Eugenia Capuchetti proces\u00f3 a a funcionarios de la Universidad de San Martin (UNSAM)<\/strong> por supuesta malversaci\u00f3n de fondos con contrataciones irregulares y emisi\u00f3n facturas \u201ctruchas\u201d. Adem\u00e1s, orden\u00f3 profundizar la llamada Ruta del Dinero de esos fondos p\u00fablicos provenientes del ex ministerio de Planificaci\u00f3n que manejaba Julio De Vido.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Fue despu\u00e9s de detectar que muchas de las facturas emitidas por la universidad p\u00fablica para un convenio sobre seguridad de represas hidr\u00e1ulicas se usaron para pagar otros gastos y ni siquiera estaban registradas ante la ex AFIP<\/strong> o hab\u00edan sido emitidas en una imprenta ubicada a metros de la casa de estudios.<\/p>\n<\/div>\n Se trata de una causa en donde ya tiene procesamiento confirmado el ex rector de esa casa de estudios, Carlos Ruta<\/strong>, quien \u2013en otra causa- fue enviado a juicio oral junto al ex ministro de Planificaci\u00f3n, Julio De Vido, por sobreprecios en la compra equipos tecnol\u00f3gicos para producir contenidos audiovisuales digitales tambi\u00e9n a trav\u00e9s de la USAN.<\/p>\n<\/div>\n Adem\u00e1s, en marzo del a\u00f1o pasado arranc\u00f3 el juicio oral y p\u00fablico contra la actriz Andrea del Boca, De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular K del INCAA, Liliana Mazureentre otros, por defraudaci\u00f3n contra la administraci\u00f3n p\u00fablica en la realizaci\u00f3n de la telenovela Mam\u00e1 Coraz\u00f3n y la serie El Pacto.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Durante su gesti\u00f3n, De Vido hizo varios convenios con universidades p\u00fablicas que le permitieron evitar los controles de la ley de administraci\u00f3n p\u00fablica y hacer compras o contrataciones directas como pas\u00f3 con la Universidad Tecnol\u00f3gica Nacional (UTN) y la construcci\u00f3n de la central el\u00e9ctrica de R\u00edo Turbio.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En este caso, la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en noviembre de 2017<\/strong> cuando el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) present\u00f3 una denuncia en la Oficina Anticorrupci\u00f3n en donde se expon\u00edan diversas irregularidades administrativas y financieras que se deriv\u00f3 en una denuncia penal por posible maniobra de desv\u00edo de los fondos p\u00fablicos. Capuchetti jur\u00f3 como jueza en 2019 y la causa tuvo varios vaivenes.<\/p>\n<\/div>\n El ORSEP, un organismo destinado a asegurar el adecuado funcionamiento de los emprendimientos de represas hidroel\u00e9ctrica, firm\u00f3 un convenio en 2012 con la UNSAM para recibir asesoramiento t\u00e9cnico en materia hidr\u00e1ulica.<\/p>\n<\/div>\n Sin embargo, una auditor\u00eda interna detect\u00f3 diversas inconsistencias en los informes de avance de prestaciones y manejo de fondos. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, hubo un perjuicio econ\u00f3mico a los recursos del Estado Nacional, estimado en cuanto menos en $8.898.167 (de esa \u00e9poca), <\/strong>adjudicados por partida presupuestaria al Organismo Regulador de Seguridad de Presas durante los a\u00f1os 2013, 2014, 2015 y 2016.<\/p>\n<\/div>\n A fines del 2023, la jueza Mar\u00eda Eugenia Capuchetti proces\u00f3 por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica a Ruta, ex rector de la UNSAM, Daniel Edgardo Di Gregorio, ex vicerrector de la UNSAM, y a los funcionarios Rom\u00e1n Mart\u00edn Gonz\u00e1lez, Jonathan Bortnik, Francisco H\u00e9ctor Fern\u00e1ndez, Juan Esteban Videla, Christian Daniel Fern\u00e1ndez, Mar\u00eda Andrea Luj\u00e1n Fern\u00e1ndez, Ana Mar\u00eda Fern\u00e1ndez, Hern\u00e1n Eduardo Vilar y Fiorella Raffo.<\/p>\n<\/div>\n Con relaci\u00f3n al origen de esos fondos, ese dinero era asignado al ORSEP por el entonces Ministerio de Planificaci\u00f3n; lo que permite inferir que efectivamente era de patrimonio estatal nacional.<\/p>\n<\/div>\n Pero las defensas apelaron y en febrero pasado la Sala II de la C\u00e1mara Federal confirm\u00f3 el procesamiento solo de Ruta y Di Gregorio<\/strong> (aunque los consider\u00f3 part\u00edcipes necesarios y no coautores) y dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito del resto por entender a\u00fan no se hab\u00eda acreditado un poder de decisi\u00f3n en el marco de las funciones asignadas en los convenios, as\u00ed como tampoco si sus competencias abarcaban o no el control de las prestaciones que deb\u00edan ser abonadas con los fondos investigados.<\/p>\n<\/div>\n Ahora, la jueza Capuchetti sum\u00f3 m\u00e1s pruebas y volvi\u00f3 a procesarlos<\/strong>. \u201cEl nuevo material de prueba detallado, en complemento con el que ya fue oportunamente valorado, re\u00fane a mi criterio las condiciones necesarias para tener por acreditado, la responsabilidad penal de Rom\u00e1n Mart\u00edn Gonz\u00e1lez, Jonathan Bortnik, Mar\u00eda Andrea Luj\u00e1n Fern\u00e1ndez, Francisco H\u00e9ctor Fern\u00e1ndez y Juan Esteban Videla en orden a la comisi\u00f3n del delito de defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan dijo Capuchetti, \u201cen esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibi\u00f3 del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, sali\u00f3 del circuito de dicha instituci\u00f3n a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayor\u00eda de los cuales neg\u00f3 haber realizado las tareas asignadas<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En ese contexto, la jueza afirm\u00f3 que \u201cya se ha logrado recopilar informaci\u00f3n relevante sobre las distintas personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que participaron en el cobro\u201d, pero indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n se encuentra en pleno desarrollo y deleg\u00f3 en la fiscal\u00eda la misi\u00f3n de profundizar sobre la ruta del dinero.<\/p>\n<\/div>\n El fallo destac\u00f3 que entre 2012 y 2015<\/strong> las m\u00e1ximas autoridades de ese entonces del ORSEP y la UNSAM firmaron un convenio marco y dos actas espec\u00edficas en el que definieron y acordaron desarrollar diferentes tareas que estaban plasmadas en sus correspondientes anexos.<\/p>\n<\/div>\n \u201cLas anomal\u00edas acaecidas no solo habr\u00edan tenido lugar desde el momento de la confecci\u00f3n de esos instrumentos, sino tambi\u00e9n se habr\u00edan extendido hasta la finalizaci\u00f3n de los procedimientos administrativos iniciados en consecuencia, en lo que concierne a la definici\u00f3n de las prestaciones y al pago efectuado. Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsi\u00f3n del prop\u00f3sito original y empleo con el fin de eludir la supervisi\u00f3n y la intenci\u00f3n de desviar los fondos p\u00fablicos asignados\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Ninguno de los documentos cuestionados, a pesar de que el estatuto de la UNSAM as\u00ed lo estipulaba, cont\u00f3 con la aprobaci\u00f3n previa del Consejo Superior para su suscripci\u00f3n. Pero adem\u00e1s \u201clas tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la funci\u00f3n ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se factur\u00f3 y se efectuaron pagos\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Es m\u00e1s: m\u00e1s all\u00e1 de que los profesionales no desarrollaron las tareas acordadas en los anexos, la UNSAM recibi\u00f3 en funci\u00f3n de estos convenios entre el 2013 al 2016 de parte del ORSEP cuanto menos la suma de $8.898.167.<\/p>\n<\/div>\n \u201cCon tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que s\u00ed dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturaci\u00f3n incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreci\u00f3n de la hip\u00f3tesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas y pagos por aquella\u201d, se\u00f1al\u00f3<\/p>\n<\/div>\n A modo de ejemplo: dos aportaron facturas como psic\u00f3logo, uno como arquitecto y otro como profesor educaci\u00f3n f\u00edsica. Uno de los involucrados se\u00f1al\u00f3 que su labor consist\u00eda en la digitalizaci\u00f3n de fotocopias; otro que ten\u00eda que separar la documentaci\u00f3n digilitazada y otro que ten\u00eda que transcribir reuniones del consejo, viajes y charlas en escuelas p\u00fablicas. Hab\u00eda facturas por consultor\u00edas y por venta de alimentos. Un detalle: entre las facturas incorporadas en las rendiciones de cuenta aportadas por la UNSAM, hab\u00eda algunas que no ten\u00edan el c\u00f3digo de autorizaci\u00f3n de impresi\u00f3n (CAI) y otras que, incluso, hab\u00edan sido emitidas en una imprenta cercana a la sede de la universidad<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n