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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Somos-capaces-de-cerrar-grietas-por-nuestro-tragico-pasado.jpg\")
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Argentina a\u00fan no ha logrado cerrar las heridas derivadas de su tr\u00e1gico pasado, marcado por los violentos enfrentamientos que, a partir de la ofensiva de diversas organizaciones guerrilleras en Am\u00e9rica Latina durante los a\u00f1os ’70, generaron caos y muerte. En respuesta a estos hechos, el Estado argentino adopt\u00f3 medidas en 1975 mediante los “cuatro decretos” del gobierno de Mar\u00eda Estela Mart\u00ednez de Per\u00f3n, lo que deriv\u00f3 en una escalada de violencia que se prolong\u00f3 durante el Gobierno Militar. Si bien \u00e9ste logr\u00f3 desarticular las acciones terroristas, el saldo fue de miles de muertos y desaparecidos.<\/p>\n<\/div>\n
Tras el juicio a las Juntas Militares y a los responsables de las principales organizaciones guerrilleras, Montoneros y el ERP, impulsado por el presidente Ra\u00fal Alfons\u00edn, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Estas medidas buscaron cerrar una etapa de abusos y violencia para consolidar el proceso democr\u00e1tico que persiste hasta nuestros d\u00edas.<\/p>\n<\/div>\n
Sin embargo, los gobiernos posteriores adoptaron distintos enfoques respecto a este per\u00edodo. El presidente Carlos Menem dispuso indultos tanto para militares como para guerrilleros, mientras que durante las presidencias de N\u00e9stor y Cristina Kirchner se reabrieron los juicios, aplicando leyes de manera retroactiva para juzgar exclusivamente a agentes estatales del gobierno militar, incluyendo en esta etapa a oficiales de menor jerarqu\u00eda en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Paralelamente, se otorgaron millonarias indemnizaciones a las jerarqu\u00edas de las organizaciones guerrilleras.<\/p>\n<\/div>\n
El kirchnerismo, al llegar al poder, impuls\u00f3 un relato parcial y sesgado de la historia reciente, transformando la violaci\u00f3n de los derechos humanos en un mecanismo pol\u00edtico y econ\u00f3mico. Esta narrativa no solo aviv\u00f3 los antagonismos y odios del pasado, sino que tambi\u00e9n afect\u00f3 la credibilidad de las Fuerzas Armadas y otorg\u00f3 privilegios desproporcionados a determinados sectores. La legalidad en los procesos fue desplazada por presiones pol\u00edticas y judiciales, consolidando un sistema de persecuci\u00f3n selectiva bajo el amparo de la causa de los derechos humanos. En la actualidad, se ha dispuesto la ejecuci\u00f3n de condenas firmes impuestas en estos procesos, que afectan incluso a h\u00e9roes de la Gesta de Malvinas (con cargos menores y poca edad, durante el Gobierno Militar) y privan de derechos previsionales a sus familias.<\/p>\n<\/div>\n
Durante nuestra gesti\u00f3n en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, identificamos que las acciones del gobierno militar hab\u00edan sido calificadas como actos terroristas mediante resoluciones administrativas, lo que permit\u00eda el bloqueo de pensiones y jubilaciones de militares se\u00f1alados en causas penales promovidas en la \u00e9poca kirchnerista. Consideramos inadecuado el uso del organismo para tales fines, ya que se alejaba de los est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra el terrorismo y no respond\u00eda a las amenazas y riesgos vigentes. En consecuencia, ordenamos el cese de estos bloqueos.<\/p>\n<\/div>\n
A casi cincuenta a\u00f1os de aquellos hechos, contin\u00faan present\u00e1ndose supuestas v\u00edctimas para reclamar cuantiosas indemnizaciones sin oposici\u00f3n alguna. Mientras tanto, los tribunales federales, encargados de combatir el narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n, tienen sus agendas colmadas con juicios por acontecimientos ocurridos hace medio siglo.<\/p>\n<\/div>\n
Hoy, a cuarenta a\u00f1os del retorno de la democracia, los comandantes y las m\u00e1ximas jerarqu\u00edas militares han sido juzgados y han fallecido en prisi\u00f3n. En la actualidad, quienes cumplen condena son oficiales de menor rango que, en su momento, no ostentaban poder de decisi\u00f3n y hoy superan los 78 a\u00f1os de edad. <\/p>\n<\/div>\n
A veinticinco a\u00f1os de la reapertura de los juicios, muchos contin\u00faan detenidos sin sentencia firme, sin haber intentado eludir la acci\u00f3n de la justicia, lo que constituye una violaci\u00f3n flagrante de la garant\u00eda del “plazo razonable” establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n y por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la baja del servicio a h\u00e9roes de Malvinas y la privaci\u00f3n de derechos previsionales de sus familias plantean serias dudas sobre la legitimidad y el verdadero sentido de justicia de estas medidas.<\/p>\n<\/div>\n
No se trata de promover la impunidad, sino de evitar que las acciones se asienten en sentimientos de venganza y resentimiento, los detenidos, deben ser enviados a prisi\u00f3n domiciliaria. Debemos ser capaces de dejar atr\u00e1s esta tragedia como un paso imprescindible hacia la concordia pol\u00edtica, la pacificaci\u00f3n social y la eficiencia de la justicia penal, que debe enfocarse en resolver los graves problemas de inseguridad y corrupci\u00f3n que afectan hoy a los argentinos.<\/p>\n<\/div>\n
El derecho a la identidad, la b\u00fasqueda del destino de los desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos pueden continuar a trav\u00e9s de una Procuradur\u00eda Fiscal que lleve adelante juicios no punitivos, orientados a garantizar el derecho a la verdad y la recuperaci\u00f3n de la identidad de los nietos apropiados.<\/p>\n<\/div>\n
Aspiro a una Argentina capaz de cerrar estas heridas, de abrazar a todas las familias que han sufrido p\u00e9rdidas y, tras d\u00e9cadas de enfrentamientos, sanar, perdonar y dejar atr\u00e1s el odio, mediante una soluci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica acorde a nuestra historia, a nuestros d\u00edas y al ideal de la uni\u00f3n nacional.<\/p>\n<\/div>\n