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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/antecedentes-ansiedades-e-intrigas-en-la-Corte.jpg\")
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El juez de la Corte Manuel Garc\u00eda-Mansilla pidi\u00f3 este martes al juez federal K Alejo Ramos Padilla que rechace sin m\u00e1s tr\u00e1mite la acci\u00f3n de amparo colectivo<\/strong> contra su designaci\u00f3n por decreto y se resuelva los planteos de falta de jurisdicci\u00f3n y de falta de legitimaci\u00f3n de los actores en la causa abierta en La Plata.<\/p>\n<\/div>\n En un escrito de 50 p\u00e1ginas, Garc\u00eda- Mansilla, tambi\u00e9n, dio por realizada la contestaci\u00f3n al traslado que le hab\u00eda hecho Ramos Padilla <\/strong>antes de decidir si acepta la cautelar de un grupos de ONGs y un abogado particular contra el decreto 137 del presidente Javier Milei que lo design\u00f3 a \u00e9l y a el juez Ariel Lijo en comisi\u00f3n en el m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n<\/div>\n A trav\u00e9s de un escrito presentado por su abogado Pedro S\u00e1nchez Herrero Garc\u00eda-Mansilla se present\u00f3 en la causa “CEPIS c\/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s\/ NULIDAD DE ACTO ADM”, expediente 3928\/2025 y en los pr\u00f3ximos d\u00edas Ramos Padilla podr\u00e1 resolver si acepta la cautelar.<\/p>\n<\/div>\n El escrito, al que accedi\u00f3 Clar\u00edn <\/strong>en fuentes judiciales, dice que \u201csin perjuicio de la falta de jurisdicci\u00f3n del tribunal que planteo en el punto III siguiente, la acci\u00f3n de amparo intentada en autos es inadmisible y no cumple las exigencias b\u00e1sicas del art. 43 de la Constituci\u00f3n Nacional y de la Ley 16.986. Por ende, debe ser rechazada por vuestra excelencia sin m\u00e1s tr\u00e1mite<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Recuerda que el ex juez de la Corte Juan Carlos Maqueda renunci\u00f3 el 29 de diciembre de 2024 y \u201cse produjo al momento en que el Senado de la Naci\u00f3n se encontraba en receso debido a la finalizaci\u00f3n del per\u00edodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Naci\u00f3n conforme lo previsto en el art. 63 de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En ese contexto, el nombramiento de Garc\u00eda-Mansilla como juez de la Corte Suprema en comisi\u00f3n \u201cse ajusta estrictamente a lo dispuesto por el art. 99, inc. 19, de la Constituci\u00f3n Nacional: (i) Fui nombrado por el Presidente de la Naci\u00f3n en ejercicio de una atribuci\u00f3n que la Constituci\u00f3n Nacional le reconoce expresamente en su texto desde 18532\u201d.<\/p>\n<\/div>\n El nombramiento que \u201chizo el Presidente de la Naci\u00f3n en el art. 1\u00ba del Decreto 137\/25 es temporario, en comisi\u00f3n, se hizo por una vacante ocurrida durante el receso del Senado, 3 sesiones de pr\u00f3rroga que el Presidente de la Naci\u00f3n disponga \u201c, agrega.<\/p>\n<\/div>\n \u201cLo expuesto hasta aqu\u00ed deber\u00eda ser suficiente para que V.S. rechace sin m\u00e1s tr\u00e1mite esta acci\u00f3n de amparo colectivo. La raz\u00f3n es sencilla: tanto el art. 43 de la Constituci\u00f3n Nacional como la Ley 16.986 exigen como uno de los requisitos imprescindibles e ineludibles para que proceda la acci\u00f3n que exista una “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” en el acto que se pretende impugnar. Ese requisito es decisivo para la procedencia de la acci\u00f3n aqu\u00ed intentada. Sin embargo, no existe y no puede ser acreditado en estas actuaciones\u201d destaca el escrito.<\/p>\n<\/div>\n \u201cUna decisi\u00f3n en contrario por parte de V.S. no ser\u00eda ajustada a derecho y atentar\u00eda contra el orden p\u00fablico constitucional\u201d, advierte.<\/p>\n<\/div>\n Esa pretensi\u00f3n \u201cviola directamente lo dispuesto por los arts. 53 y 110 de la Constituci\u00f3n Nacional en cuanto establecen el juicio pol\u00edtico como \u00fanico mecanismo constitucional de remoci\u00f3n de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En ese marco, \u201cno puedo consentir la jurisdicci\u00f3n del tribunal a cargo de V.S. Por un lado, me obligar\u00eda a renunciar a la garant\u00eda del juez natural en contra de mi voluntad”, a\u00f1ade en alusi\u00f3n a que Ramos Padilla es juez subrogante de un juzgado en lo contencioso administrativo. Y tom\u00f3 el caso con una maniobra de forum shopping (elegir el juez amigo) de parte de una ONG que impugn\u00f3 al juez en lo contencioso administrativo federal de La Plata, Alberto Recondo.<\/p>\n<\/div>\n Por el otro, “me forzar\u00eda a consentir tambi\u00e9n un mecanismo de remoci\u00f3n sui generis que viola claramente los arts. 53, 59, 60 y 110 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por ello, independientemente de que mi citaci\u00f3n es como tercero en los t\u00e9rminos del art. 90 del CPCCN, dado que la materia es de orden p\u00fablico y que se trata de una cuesti\u00f3n de evidente gravedad institucional que puede afectar mi continuidad en el cargo de juez de la Corte Suprema, planteo formalmente y en esta instancia la falta de jurisdicci\u00f3n del tribunal. Un juez no puede remover a otro juez, y menos aun cuando la \u00fanica manera de remover a un juez de la Corte Suprema es mediante el juicio pol\u00edtico\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Al respecto, recuerda el precedente “Monner Sans” donde la Corte Suprema desestim\u00f3 el planteo de un abogado de la matr\u00edcula federal que impugnaba una reforma judicial en su condici\u00f3n de ciudadano y “usuario del servicio de justicia”. En ese caso el tribunal rechaz\u00f3 la legitimaci\u00f3n activa del actor, situaci\u00f3n sustancialmente an\u00e1loga a la de Cabaleiro.<\/p>\n<\/div>\n Los argumentos que los actores exponen \u201cdesconocen la letra de la Constituci\u00f3n Nacional, la intenci\u00f3n comunicativa expresada por los constituyentes en el texto constitucional, sus antecedentes hist\u00f3ricos, la interpretaci\u00f3n que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha hecho sobre los alcances del art. 99, inc. 19, de la Constituci\u00f3n Nacional, las opiniones de gran parte de la doctrina nacional a lo largo de m\u00e1s de 170 a\u00f1os, as\u00ed como el derecho comparado aplicable\u201d.<\/p>\n<\/div>\n \u201cContrariamente a lo pretendido por los actores, los antecedentes previos a la reforma constitucional de 1994 son plenamente aplicables y justifican la validez del Decreto 137\/25\u201d, finaliza el escrito de Garc\u00eda-Mansilla.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n