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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Un-nuevo-amparo-suma-presion-para-que-Ramos-Padilla-suspenda.jpg\")
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En una carrera contra el reloj, el Gobierno esperaba que la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre acepte en las pr\u00f3ximas horas su pedido de inhibitoria del juez federal K de La Plata Alejo Ramos Padilla<\/strong> en una causa donde se pidi\u00f3 suspender y eventualmente declarar inconstitucional el decreto 137 del presidente Javier Milei que design\u00f3 a Ariel Lijo y a Manuel Garc\u00eda-Mansilla como jueces en comisi\u00f3n en la Corte.<\/p>\n<\/div>\n Sucede que Ramos Padilla est\u00e1 en condiciones<\/strong> de decidir su suspende ese decreto y comienza el an\u00e1lisis del tema de fondo: la constitucionalidad del decreto 137.<\/p>\n<\/div>\n En paralelo, el bloque de senadores K pidi\u00f3 una sesi\u00f3n para este jueves<\/strong> para tratar de rechazar los pliegos de Lijo y de Garc\u00eda-Mansilla pero la vicepresidenta Victoria Villarruel trataba de dilatar la convocatoria para debatir primero el proyecto de Ficha Limpia y la declaraci\u00f3n de emergencia para la ciudad de Bah\u00eda Blanca.<\/p>\n<\/div>\n Por estas razones, el ministro de Justicia Mariano C\u00faneo Libarona y el procurador general del Tesoro, Santiago Castro Videla, el lunes jugaron fuente e hicieron presentar el pedido de inhibitoria de Ramos Padilla<\/strong>, quien suele fallar en sinton\u00eda con la estrategia judicial de Cristina Kirchner y ya en el 2016 hab\u00eda aceptado una cautelar contra el decreto del ex presidente Mauricio Macri quien hab\u00eda nombrado por decreto en la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz pero luego lo anul\u00f3 y mand\u00f3 sus pliegos al Senado donde fueron aprobados.<\/p>\n<\/div>\n En un escrito de m\u00e1s de 20 p\u00e1ginas al que accedi\u00f3 Clar\u00edn, el Gobierno argument\u00f3 que Ramos Padilla \u201corden\u00f3 la citaci\u00f3n de los magistrados (Lijo y Garc\u00eda-Mansilla) que viven en la Capital Federal y La Plata. Adem\u00e1s, \u201cel asunto corresponde a la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n Luego denuncia una maniobra de \u201cforum shopping\u201d (elegir el juez amigo) cuando la ong CEPIS de La Plata recus\u00f3 sin raz\u00f3n al juez en lo contencioso administrativo federal de La Plata, Alberto Recondo, para que su denuncia recayera en el otro juzgado de ese fuero que subroga Ramos Padilla<\/strong>. Este ya hab\u00eda aceptado una maniobra de forum shopping en en 2019 en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos al admitir en Dolores una denuncia de intento de extorsi\u00f3n contra el falso abogado Marcelo D’Alessio que hab\u00eda ocurrido en la CABA.<\/p>\n<\/div>\n \u201cAdmitir un juez diferente resultar\u00eda entonces en una gravedad institucional inusitada, pues se permitir\u00eda a las actoras modificar arbitrariamente al Juez competente, sustrayendo la causa de su Juez natural<\/strong> para llevarla al de su injustificada elecci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3 el Gobierno.<\/p>\n<\/div>\n \u201cEllo causa un gravamen actual, en tanto no puede convalidarse la manipulaci\u00f3n de las normas procesales<\/strong> para elegir el fuero m\u00e1s favorable, en menosprecio de la garant\u00eda del Juez natural, lo que constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso -art. 18 de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el escrito del Gobierno.<\/p>\n<\/div>\n En tal sentido, \u201csolicitamos que se declare que la Justicia Federal con asiento en la ciudad de La Plata resulta incompetente <\/strong>en raz\u00f3n del territorio para entender en las causas mencionadas y, consecuentemente, resuelva que su conocimiento y resoluci\u00f3n corresponde a la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal\u201d. El Gobierno se reserv\u00f3 el derecho de ir, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Ante las denuncias acumuladas en La Plata, el Gobierno remarc\u00f3 que \u201cel Decreto N\u00b0 137\/25 fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de una facultad constitucional propia que le atribuye expresamente el art\u00edculo 99, inc. 19, de la Constituci\u00f3n Nacional y que se trata de un acto que goza de presunci\u00f3n de constitucionalidad\u201d.<\/p>\n<\/div>\n En este sentido, cabe recordar la doctrina de la Corte, seg\u00fan la cual “la declaraci\u00f3n judicial de inconstitucionalidad del texto de una disposici\u00f3n legal -o de su aplicaci\u00f3n concreta a un caso- es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jur\u00eddico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cl\u00e1usula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo de manera inexcusable un s\u00f3lido desarrollo argumental y la demostraci\u00f3n de un agravio determinado y espec\u00edfico”.<\/p>\n<\/div>\n Pese a que el fiscal de La Plata, dictamin\u00f3 hace dos semanas atr\u00e1s, que el Juzgado Federal de la Plata N\u00b0 2 “resulta incompetente territorialmente<\/strong> (art. 4 ley 16.986), para intervenir en el sub lite, debiendo asi declararlo, y remitir el expediente a la Justicia Federal con competencia en lo contencioso administrativa de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, a sus efectos”, Ramos Padilla, se apart\u00f3 del dictamen fiscal y decidi\u00f3 -entre otras cuestiones- asumir la competencia para tramitar las referidas causas judiciales\u201d.<\/p>\n<\/div>\n \u201cEl planteo de inhibitoria en esta instancia resulta, por ello, formalmente procedente, en tanto se realiza ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objeto de cuestionar la competencia asumida por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N\u00b0 2; y (b) a la fecha esta parte no ha consentido de ning\u00fan modo la competencia del Juzgado Federal de La Plata para entender en el planteo de inconstitucionalidad y nulidad efectuado por las demandantes contra del Decreto N\u00b0 137\/25\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Asimismo, la propia Corte al haber tomado juramento a Garc\u00eda-Mansilla, \u201csin reserva alguna<\/strong>, asumi\u00f3 la validez y eficacia del Decreto N\u00b0 137\/25, no resulta posible invocar, como hacen las demandantes, que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta\u201d.<\/p>\n<\/div>\n Por otro lado, Lijo y Garc\u00eda-Mansilla \u201cresultar\u00edan afectados por la eventual sentencia o la medida cautelar que se dicte, tienen domicilio en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires\u201d.<\/p>\n<\/div>\n \u201cLo que se decida en torno a la competencia, por lo dem\u00e1s, afectar\u00e1 sustancialmente la garant\u00eda de defensa en juicio del Estado Nacional de no hacerse lugar al presente planteo. Se persigue entonces no privar al Estado Nacional de discutir el derecho que le asiste en su correcta y justa dimensi\u00f3n y con el debido alcance que debe serle otorgado, lo que solamente podr\u00e1 desentra\u00f1arse al analizar la propia naturaleza jur\u00eddica de la relaci\u00f3n que vincula a la parte accionante con la norma impugnada dictada por el PEN, por la que resolvi\u00f3 la designaci\u00f3n de jueces en comisi\u00f3n, para el correcto funcionamiento de una instituci\u00f3n esencial del servicio de justicia como es la Corte\u201d, finaliz\u00f3 el Gobierno.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n