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![](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Ordenan-a-los-ministerios-de-salud-de-Nacion-y-Ciudad.jpg\")
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El Poder Judicial mult\u00f3 a los ministerios de salud de la Naci\u00f3n y de la Ciudad de Buenos Aires a que paguen 100.000 pesos diarios por no cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental<\/strong>. La resoluci\u00f3n fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 9, luego de que la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunciara la reticencia de ambos ministerios a impulsar acciones para que las personas que viven en hospitales psiqui\u00e1tricos puedan salir de las instituciones.<\/p>\n<\/div>\n “El prop\u00f3sito de imponer una multa es destinar ese dinero a la implementaci\u00f3n de dispositivos que les garanticen la vida en comunidad<\/strong>“, explican desde ACIJ.<\/p>\n<\/div>\n La causa judicial se inici\u00f3 en 2014 con el objetivo de que el Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n y de la Ciudad de Buenos Aires externaran a cuatro personas que, a pesar de estar en situaci\u00f3n de alta m\u00e9dica<\/strong>, resid\u00edan en hospitales psiqui\u00e1tricos por falta de vivienda y de otros recursos para vivir en la comunidad.<\/p>\n<\/div>\n En 2015 la Justicia no solo orden\u00f3 a estos organismos la creaci\u00f3n de los dispositivos necesarios para su externaci\u00f3n sino que, luego de corroborar que centenas de personas estaban en id\u00e9ntica situaci\u00f3n<\/strong>, determin\u00f3 el alcance colectivo de la causa y la obligaci\u00f3n de externar a todas aquellas que estuvieran internadas por motivos sociales. Sin embargo, ninguno de los ministerios cumpli\u00f3 con la sentencia.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n En septiembre de 2024, la Justicia intim\u00f3 nuevamente al Estado Nacional y al Gobierno porte\u00f1o a presentar un relevamiento actualizado de las personas internadas en los hospitales p\u00fablicos que estuvieran en situaci\u00f3n de alta. Tambi\u00e9n les pidi\u00f3 informes sobre las medidas implementadas o previstas para cumplir la sentencia y para garantizar la participaci\u00f3n de las organizaciones de personas con discapacidad en el dise\u00f1o de esas acciones, como obliga la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n Una vez m\u00e1s, ninguno de los organismos cumpli\u00f3 con la orden judicial, situaci\u00f3n que la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia denunci\u00f3 nuevamente ante el juez. Luego de analizar el pedido y el accionar del gobierno nacional y local, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 9 resalt\u00f3 que las decisiones judiciales se deben cumplir.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Por eso, y ante los reiterados incumplimientos, el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y los derechos en juego, la Justicia resolvi\u00f3 imponerles una multa diaria <\/strong>de cien mil pesos a cada organismo con el objetivo de destinar ese dinero a la implementaci\u00f3n de medidas para la externaci\u00f3n <\/strong>de todas las personas en situaci\u00f3n de alta m\u00e9dica.<\/p>\n<\/div>\n Seg\u00fan ACIJ, el Poder Judicial confirm\u00f3 lo que denuncian desde hace a\u00f1os: “No existen pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong> a nivel nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires dirigidas a crear una red de servicios habitacionales, laborales, sanitarios y sociales que permitan la vida en comunidad de las personas privadas de su libertad en hospitales psiqui\u00e1tricos”.<\/p>\n<\/div>\n “La importancia de esta resoluci\u00f3n radica en que la Justicia confirma lo que desde ACIJ denunciamos hace muchos a\u00f1os en relaci\u00f3n con la ausencia de pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen los derechos humanos de las personas que viven en hospitales psiqui\u00e1tricos porque no cuentan con recursos habitacionales y sociales para vivir en libertad<\/strong>“, dice a Clar\u00edn <\/strong>Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ. <\/p>\n<\/div>\n “A pesar de la gravedad de esta situaci\u00f3n y que en 2015, en el marco de esta causa, se oblig\u00f3 a los ministerios de salud de ambas jurisdicciones a revertir esta situaci\u00f3n, pasaron diez a\u00f1os sin que ninguno de estos organismos implementara acciones<\/strong> para proveer soluciones habitacionales que permitan la salida de los hospitales psiqui\u00e1tricos, la inclusi\u00f3n social y la continuidad de los tratamientos en la comunidad”, agrega.<\/p>\n<\/div>\n Y concluye: “Esperamos que con la implementaci\u00f3n de esta multa, los ministerios abandonen su accionar ilegal y cumplan con la orden judicia<\/strong>l, garantizando los derechos de las personas que todav\u00eda hoy siguen institucionalizadas en clara violaci\u00f3n de la Ley Nacional de Salud Mental y de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n