Javier Milei acaba de brindar otro gesto de audacia gigantesca. Firmó el decreto para la designación de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla como futuros integrantes de la Corte Suprema. Existen tres aspectos salientes de la jugada. El pliego de Lijo juntó las firmas para ser analizado pero la sesión en el Senado nunca se realizó. Allí el oficialismo, horas atrás, tampoco pudo designar a las nuevas autoridades que deberán asumir cuando se inaugure el nuevo período de sesiones ordinarias. Otro aspecto corresponde a García Mansilla: ni siquiera su pliego reunió las firmas necesarias para el dictamen. La tercera consideración apunta a una constante de este primer año del gobierno libertario: ha tenido una gran capacidad de bloqueo parlamentario contra iniciativas que le resultaban incómodas; no ha sido efectivo en la promoción de proyectos propios. Salvo con grandes concesiones. Es uno de los interrogantes que envuelve al par de jueces que está auspiciando.
Se podría añadir un cuarto elemento de contexto. Los pliegos de Lijo y García Mansilla en comisión podrían durar en tales condiciones hasta fin de año. Son los meses de un proceso electoral crucial para el Gobierno que tiene por ahora sello en el orillo: la polarización. El carácter plebiscitario de una legislativa donde los matices podrían quedar subvaluados. Habría una manifestación colectiva a favor o en contra de Milei.
Aquella situación no representa un dato insulso. Ambos jueces, para ser consagrados definitivamente, necesitarán una mayoría especial en el Senado. Allí el kirchnerismo reúne 34 voluntades. Los libertarios son apenas ocho. Dos de ellos, uno el formoseño Francisco Paoltroni, han anticipado con recurrencia que nunca votarían por Lijo. Existe una vieja cuenta pendiente con el magistrado que alguna vez favoreció al gobernador Gildo Insfrán. Fue en la causa Ciccone, que terminó con la condena efectiva del ex vicepresidente Amado Boudou.
¿Por qué razón con ese panorama a la vista el Presidente avanzó?. Podría haber algo del efecto criptogate que dañó su autoridad y la del llamado Triángulo de Hierro. Lo compone junto a Karina, su hermana, y Santiago Caputo, el joven. Supone que el decreto de los jueces podría revitalizarlo. Habría otro par de explicaciones. Milei tenía plazo hasta el viernes para formalizar su jugada. Ese día finaliza el período de sesiones extraordinarias. El sábado inaugurará el ciclo de ordinarias. Considera, por otra parte, que posee el aval de la Constitución (artículo 99) para hacerlo. Los libertarios se suelen aferrar siempre al mismo libreto: Mauricio Macri habría ensayado algo similar en 2015.
Se trata solo de un modo de interpretación. Es verdad que el ex presidente dispuso el nombramiento por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ninguno de ellos juró hasta que tuvieron acuerdo del Senado. Cuando el ingeniero asumió sólo estaba la vacante de Raúl Zaffaroni. De inmediato partió también Carlos Fayt. El mileísmo podrá aducir que, como ahora, el Máximo Tribunal quedó con solo tres miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
En aquel momento la controversia hizo eje en el método utilizado por Macri. Casi nadie objetó a Rosatti y Rosenkrantz. En el presente, en cambio, han llovido críticas sobre la postulación de Lijo. Que, por otra parte, está a cargo de un juzgado federal. Se abriría en este punto una maraña judicial.
Probablemente Lijo opte por solicitar una licencia para asumir como juez de la Corte en Comisión. El pedido recaería en la Cámara Federal que conduce Mariano Llorens. Es altamente improbable que en esa instancia pueda existir una convalidación. El caso sería elevado a la Corte Suprema. Allí la jurisprudencia existente resulta bastante direccionada: nadie puede integrar la Corte y sostener un cargo de rango menor. “No es un empleo común”, explicó un miembro del Máximo Tribunal. Hay un episodio cercano que corrobora esa corriente de opinión. En 2007 el entonces juez federal, Guillermo Montenegro, fue tentado por Macri para integrar el ministerio de Seguridad de la Ciudad. El actual intendente de Mar del Plata, que bascula entre el PRO y La Libertad Avanza, hizo una consulta personal a Lorenzetti sobre cómo debía proceder: “Tenés que renunciar”, le dijo el abogado de Rafaela.
Nadie deja de mencionar que fue el propio Lorenzetti quien arrimó a Milei la sugerencia de Lijo. En tal caso el juez estaría forzado a apostar ahora a suerte y verdad. Se queda como miembro de la Corte, con el riesgo de perdurar un año, y renuncia a su juzgado. De no ser así el titular del Tribunal, Rosatti, no le tomaría juramento. Conflicto potencial.
El decreto en comisión de Milei también deberá estar en condiciones de circular sobre un sendero pedregoso. No existen dudas que el caso se terminará judicializando. En pocas horas, desde la difusión de la noticia, se hicieron presentaciones. La historia avala aquella presunción. El decreto de Macri del 2015 fue inmediatamente objetado. El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que dejó en suspenso sus efectos.
La jugada de Milei se produce en vísperas del discurso con el cual dejará inaugurado el período de sesiones ordinarias. Ante un auditorio que probablemente no lo espere con el ánimo sedado. El escándalo del criptogate sigue latente, aunque atenuado. El giro copernicano del Gobierno en favor de Rusia y en contra de Ucrania en la ONU también levantó mucha polvareda.
El Gobierno fundamentó su decisión, en otro tramo, en las presuntas dificultades de la Corte Suprema para poder funcionar con tres miembros. El propio Rosatti, hace muy poco, expresó que tal condición no significa ninguna anomalía ni impedimento. Adentro del Tribunal empieza a correr un interrogante: ¿Con dos nuevos miembros no habría que reconsiderar su titularidad nacida de cuatro votos?.
El arco opositor se ha vuelto a enfurecer con la maniobra mileísta. José Mayans, el jefe del bloque del senado del PJ, repitió que están dispuestos con su tropa a impedir el paso de los pliegos. ¿Cómo hará?. El PRO está retraído por el rechazo de Macri a Lijo. La Coalición Cívica afirma que todo se trata de un horror. Los radicales, como casi siempre, asoman divididos. Así las cosas, el decreto de Milei suena a medida política audaz y atrevida. Sin red de contención que pueda verse.