El Municipio de San Isidro suspendió por 180 días el sistema de fotomultas, tras encontrar serías inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con universidades públicas que recibían fondos millonarios. La sospecha es que desviaban fondos y tercerizaban esas funciones y responsabilidades en empresas privadas. Mientras dure la suspensión, el municipio informó que se reforzarán los operativos de seguridad vial con el cuerpo de Agentes de Tránsito local.
La decisión la tomó el intendente Ramón Lanús por decreto, y de manera transitoria, hasta que el Municipio pueda garantizar que la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios, mucho menos en beneficio de terceros, como debería haber sido su propósito siempre.
Al mismo tiempo, se intimó a las dos universidades con las que la anterior gestión municipal, a cargo de Gustavo Posse, suscribió los convenios. Se trata de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO). Les ordenaron que en un plazo de 15 días respondan los requerimientos de información para aclarar las ambigüedades y contradicciones presentadas hasta el momento en respuesta a los reiterados requerimientos que hizo el Municipio. Entre ellas, por ejemplo, la falta de precisión sobre el rol de terceros que supuestamente tienen a su cargo parte del proceso y un desconocimiento del marco jurídico aplicable al sistema.
Los convenios con la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) se firmaron el 7 de mayo de 2020 y el1 de agosto de 2022 Y con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO) se hicieron el 1 de agosto de 2022 y 23 de septiembre de 2022
cuando revisaron esos convenios detectaron que a diciembre de 2023 no habían ni siquiera un listado completo que detalle todos los equipos de fotomultas instalados en el Municipio. Además, había una ausencia total de procedimientos escritos, inexistencia de sistematización de la información, faltaban constancias documentales, reportes, actas de trabajo e información relativa a los expedientes y faltaba documentación relacionada con la facturación del servicio, entre otras irregularidades.
Durante la gestión de Posse, parte de la documentación e información de los convenios estaba a cargo Andrés Román Vásquez, encargado de la ejecución del sistema de fotomultas. Cuando dejó el cargo se llevó parte de la información y se fue a vivir a España.
Durante los años del kirchnerismo, los convenios con universidades sirvieron para hacer negocios oscuros. Así se triangulaban fondos y se evitaban hacer licitaciones formales que tienen mecanismos de control más estrictos.
En el caso del convenio que firmó Posse con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz las sospechas se incrementan. Es que esa casa de estudio presenta serias irregularidades y hay fuertes sospechas de que se convirtió en una caja política.
Solo egresa el 10% de los alumnos: de los 1.913 estudiantes registrados en 2022, apenas 206 se recibieron. Según números oficiales, le cuesta al Estado $3.790.849 por alumno y el presupuesto que se proyectó para 2024 es de $2.900 millones. Dividido por la matrícula total, da un costo de casi 4 millones de pesos por estudiante. Un gasto altísimo para una institución con resultados casi nulos.
El plazo de suspensión de las fotomultas rige desde el 23 de abril inclusive. Durante el período en que se encuentra suspendido el sistema, el Municipio llevará a cabo diversos operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito municipal para que se respeten las velocidades permitidas, los semáforos y los cruces peatonales, controlando el tránsito y cuidando la seguridad vial.
“En San Isidro nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.