un abordaje integral para prevenir el delito en niñas, niños y jóvenes

Brand Studio para Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Un abordaje integral del delito implica no solo un incremento de la presencia policial o de medidas punitivas sino, y muy especialmente, en el caso de delitos cometidos por niñas, niños y jóvenes, de políticas públicas que transformen realidades estructurales muy complejas.

Con esta premisa es que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Programa Entramados, destinado a la prevención del delito y la reincidencia por parte de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Se trata de un programa integral, multidisciplinario, que propone la coordinación de políticas provinciales y municipales mediante la asignación de recursos para implementar y monitorear estrategias territoriales que incluyen el acceso a salud, al sistema educativo, el tratamiento de consumos problemáticos y la formación para el trabajo. O sea, romper círculos que generan mayor exclusión, mayor marginalidad y mayor delincuencia.

Si bien la proporción de menores en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años, su participación reiterada en delitos, el aumento de la gravedad de los hechos cometidos, el deterioro de los indicadores sociales producto de la recesión económica y el ajuste en las políticas del Estado nacional dirigida a esta población, requiere respuestas efectivas.

Entramados aborda tanto el acompañamiento social y comunitario, como la articulación de acciones entre la Provincia y los distritos para identificar y desarticular estructuras delictivas que involucren a menores: robo, circulación de armas y municiones, comercialización ilegal de autos y motos, entre otras.

Está destinado a 51 municipios que cuentan con una población igual o superior a 5.000 niños/as, adolescentes y jóvenes de 14 a 21 años (pueden o no haber cometido una o más transgresiones a la ley penal).

Cuenta con un Consejo integrado por la Secretaría General de Gobierno y los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, y de Desarrollo de la Comunidad (a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia).

De acuerdo al informe “Posicionamiento de UNICEF sobre Justicia Penal Juvenil” (Argentina), la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. Por ejemplo, solo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la PBA corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción. Dicho informe señala, además, que no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. “A modo de ejemplo, Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región, como por ejemplo de Brasil y México, que alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023 con una edad de imputabilidad de 12 años”, sostiene Unicef.

Los datos que arrojan las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil entre 2009 y 2023 apuntan en este mismo sentido. Al comparar la actividad delictiva de jóvenes y adultos en la Provincia de Buenos Aires durante 2023, los datos revelan que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25% del total provincial, con 23.846 causas, frente a las 1.036.696 del Fuero Criminal y Correccional, correspondiente a los mayores de 18. En delitos graves, como homicidios dolosos, los menores representan el 8% del total de crímenes consumados.

“La serie histórica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires de los últimos 14 años muestra el descenso del total de causas en que se investigan los delitos imputados a personas menores de 18 años (correspondientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil). Se trata de una reducción de 11% en términos absolutos y 21% al considerar las tasas cada 100.000 habitantes”, explica el informe del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.