“Vamos a empezar a enviar cartas a varios países a partir de mañana” sostuvo Donald Trump el jueves. Las notas que enviará a cada uno de los socios comerciales de los Estados Unidos serán para informar cuáles serán las subas de aranceles punitivos o las excepciones a la entrada de productos extranjeros a su país, lo que puso muy ansioso el gobierno argentino, según pudo saber Clarín.
“Me inclino por enviarles una carta indicando qué arancel van a pagar“, declaró a periodistas el jueves. “Es mucho más fácil”, dijo Trump. “El valor oscilará entre el 60% o el 70% de los aranceles hasta el 10% y el 20%“, sostuvo el jueves. En la Argentina todavía no recibieron comunicación, afirmaron las fuentes de la Rosada consultadas.
Javier Milei y su equipo esperan ver cuáles serán los resultados de la política que mantuvieron hasta ahora funcionarios de Economía y Cancillería, quienes se lanzaron a ofrecer una adaptación de la economía argentina a lo que puede esperar la nueva administración de Trump. Otros países, en cambio, optaron por esperar a que el republicano definiera finalmente cuál sería su política en medio de una guerra comercial que desató al llegar al gobierno con su America First (Estados Unidos Primero) con China, Canadá, México, Unión Europea. Es decir, con su gran rival económico y con sus socios, con los que tuvo idas y venidas.
La política llevada a cabo por el gobierno libertario fue una estrategia, sostienen aquí, y son optimistas de que las reuniones mantenidas en Washington y Buenos Aires rindan frutos positivos. Por empezar, el presidente Milei ofreció una Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, aun a costa de buscar salirse del Mercosur, como dijo el Presidente en varias oportunidades. Como ello quedó claro que era imposible, Argentina empezó a buscar acuerdos de reciprocidad con Washington.
Entre marzo y junio, mientras Trump seguía definiendo su política tarifaria, y colocaba a la Argentina en una lista de los países que pagarían un 10%, es decir, los aranceles más bajos -que igual son más altos que los de Argentina y que se suman al recargo del 25% que impuso al acero y al aluminio- se emprendió una serie de viajes frenéticos para, de mínima, conseguir que los aranceles no siguieran subiendo.
Viajaron a Estados Unidos el canciller Gerardo Werthein y el embajador Luis María Kreckler con el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, a reunirse con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante de Comercio de ese país, Jamieson Greer.
Después hubo dos reuniones más en Estados Unidos lideradas por el embajador Kreckler y Lavigne, que si bien ahora volverá a su puesto como cónsul en San Pablo seguirá las negociaciones con Estados Unidos, según sostienen en el ministerio que comanda Luis Caputo, que trabaja con Cancillería las negociaciones comerciales.
Por ahora, Trump anunció acuerdos con Reino Unido y Vietnam, y con China acordó reducir de forma temporal los aranceles más elevados. En Argentina guardan bajo siete llaves lo que le han ofrecido a Washington. Uno de los pilares igualmente se vio en la cumbre del bloque que protagonizaron el jueves Milei -presidente pro témpore hasta esta semana- y el brasileño Lula da Silva, que toma la batuta por los próximos seis meses.
Hay trascendidos de que Argentina observa las negociaciones que está llevando a cabo la India para seguir ese modelo de vínculo económico con Washington. el primer ministro Narendra Modi está llegando a la Argentina este viernes a la noche y se reunirá con Milei este sábado.
Los socios de Argentina aceptaron reacomodar y bajar el Arancel Externo Común en 50 posiciones más a las vigentes, porque con ello busca darle una señal a Trump de rebaja de aranceles en ciertos productos.
Fue Luis Caputo quien recibió al secretario del Tesoro de Trump en abril. Y quien supo de Scott Bessent, el influyente funcionario, que Washington demanda muchas concesiones de la Argentina, difíciles de adaptar al momento y difíciles de equilibrar: que Milei se aleje de China; una ley de propiedad intelectual adecuada a la desregulación internacional, sobre todo en el ámbito farmacéutico; y un combate a la piratería, que el Gobierno inició con la embestida contra el mercado de La Salada.