“En principio si (se nombrarían por decreto). Pero hay que esperar al Presidente“, aseguró este jueves a Clarín un funcionario de primera línea del Ejecutivo nacional para confirmar la estrategia definida por la Casa Rosada para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.
La ilusión del primer mandatario es poder dar su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con una Corte completa. Pero parece un deseo de difícil concreción: en tan solo ocho días Presidencia debería designar a los magistrados en comisión y las autoridades del máximo tribunal tendrían que tomarles juramento.
En las últimas horas trascendió el denominado “Plan B” que había definido el Gobierno en caso de fracasar el debate parlamentario por el pliego de Ariel Lijo para la Corte. En esa línea, una alta fuente gubernamental consultada este jueves aceptó que se evalúa esa idea aunque apuntó que “no hay una respuesta final” para esa definición, la que llegaría tras el retorno de Milei al país. Parecería, con todo, una estrategia para no sumar una nueva polémica a un Gobierno envuelto en una gran controversia por el escándalo cripto que aqueja al Presidente desde hace una semana.
Desde la mesa chica del Presidente durante la semana se blanqueó la idea de designar por decreto a dos jueces. Atentos al rechazo de Lijo a ser oficializado de esa manera, porque debería renunciar al juzgado federal que tutela desde hace 20 años y no tendría estabilidad como miembro del alto tribunal, en el Gobierno se analizan dos opciones: nombrar al académico Manuel García Mansilla, que ni siquiera obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado, y a una jurista mujer -de la que se desconoce el nombre-, cuyos pliegos eventualmente puedan ser tratados por la Cámara alta a lo largo del año.
Si bien García-Mansilla habría dado el visto bueno para su oficialización en comisión, el oficialismo quizá debería esperar a que cambiara la composición del Senado para poder avanzar en su nombramiento. No hay uniformidad de criterios entre los constitucionalistas sobre cuánto duraría su mandato en comisión: algunas versiones dan cuenta que podría ocupar una silla en el ato tribunal bajo ese estatus hasta el 28 de febrero de 2026.
Asimismo, en la mesa chica de Milei hicieron trascender una lista de candidatos para reemplazar a Lijo y eventualmente al jurista de la Universidad Austral si se decidiera avanzar con la nominación por DNU. En ella figuran Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Rojas -su nombre se barajó para reemplazar al desplazado procurador del Tesoro, Rodolfo Barra-, Alberto Bianchi y Carlos Laplacette. Si bien no deslizó ningún nombre en ese ámbito de una jurista mujer, una calificada fuente libertaria indicó como posible postulante a Ursula Basset, funcionaria de Cancillería y cercana al cortesano Ricardo Lorenzetti.
Como sea, en Casa Rosada este jueves primó la cautela. Nadie quiso arriesgar una confirmación sobre el tema hasta el regreso del jefe de Estado, previsto para el domingo 22, desde su periplo por Estados Unidos. Si se mostraron activos en el Ministerio de Justicia.
En la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona, y tiene como principal vínculo con los tribunales al viceministro Sebastián Amerio, que responde al asesor Santiago Caputo, se preguntan si publicados los DNU con las eventuales nominaciones de los candidatos, las autoridades de la Corte les tomarán juramento. Es que hace meses había trascendido que el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no aceptaría recibir en el cuerpo a un juez nombrado en comisión.