El ministro desregulador Federico Sturzenegger saludó con vehemencia la derogación de varias resoluciones que afectaban la inscripción de nuevos cultivares. Lo hizo por la plataforma X, colocando a la semilla como una cuestión fundamental para el desarrollo del sector: “Es un tema fascinante que seguramente seguiremos debatiendo. Bienvenido este debate, el debate del crecimiento”, dijo.
Lo que se hizo a través de la Resolución 49/25 fue dar de baja trámites obligatorios que “representaban un obstáculo para fomentar la llegada de nuevos cultivares al mercado, y se agiliza así la capacidad de respuesta de la industria semillera a demandas por factores bióticos o abióticos”.
Sturzenegger hizo hincapié en una de las normas, que establecía la obligación de aportar a la documentación los ensayos comparativos de rendimientos durante dos o tres campañas, lo que implica un esfuerzo para los obtentores. Tiene razón, es un gran esfuerzo, que impacta más en las empresas que tienen menos músculo.
Sturzenegger hizo una serie de comentarios que merecen un análisis y la discusión. Señaló, por ejemplo, que esta obligación equivalía a que al ANMAT obligara a presentar un estudio de mercado antes de autorizar un alfajor. “Es el mercado el que debe decidir esto”. Suena lógico. Algunos respondieron que estos estudios ayudan a la toma de decisiones por parte de los productores, partiendo de que el INASE es un organismo serio y confiable, desde su creación hace 30 años. Pero las mismas compañías de semillas fueron las que habían recomendado la derogación de esta norma.
Pero luego se aventuró en un terreno más fangoso. “Yendo un paso más, la decisión nos invita a preguntarnos incluso por qué sería necesario inscribir en INASE una semilla. Una semilla no es un virus peligroso, no es un arma de destrucción masiva, ¡es tan solo un insumo de producción!”. Y dice también con buen tino que este es el tema más importante de nuestro agro: “mejores semillas permiten aumentar la producción. En Argentina hace años debatimos el tema de la propiedad intelectual en semillas y el resultado ha sido que ha reducido el acceso de los productores a nuevas y mejores variedades. Entonces se da esta situación absurda: Brasil ha triplicado su producción de soja, en gran medida con semillas hechas por investigadores argentinos, trabajando en empresas argentinas pero radicadas en Brasil ¡mientras nosotros estamos relativamente estancados porque no podemos acceder a nuestra propia tecnología!
Ministro, permítame señalarle que todo esto que sucede en Brasil tiene que ver, precisamente, porque allí no se discute la propiedad intelectual. Si una empresa argentina (GDM) lidera el mercado brasileño de genética de soja y vuelca una cantidad considerable de recursos en su desarrollo, es precisamente porque hay un marco favorable para la actividad semillera. Fui testigo de un debate, el año pasado en IDEA Rosario, en el que Ignacio Bartolomé, titular de GDM, explicó que en el mercado argentino es muy difícil recuperar la inversión por la enorme informalidad del mercado. La respuesta de un dirigente ruralista fue “ya pagamos muchos impuestos”, colocando la cuestión del pago por la tecnología en el nivel de una gabela más. Es cierto, el agro paga muchos impuestos, empezando por las retenciones, que en última instancia llevan a tomar revancha al interior de la cadena.
La eliminación del registro de semillas contribuiría al aquelarre. El INASE debe cumplir un rol –y lo venía haciendo—para ayudar a que fluya mejor la tecnología. El Registro Nacional de Propiedad de Cultivares es un bien a preservar. El obtentor debe presentar declaración jurada de que su creación fitogenética es nueva, distinta, homogénea y estable. Con esto está. Pero debe estar.
Como muchas veces nos recuerda Jorge Castro, el problema del capitalismo no es el capital. Es la propiedad. Es lo que no se debe “desregular”. Se debe garantizar.