Hace una década, el 3 de junio de 2015, nuestras calles se estremecieron con un grito colectivo: #NiUnaMenos. Esa multitud, nacida del dolor ante el femicidio de Chiara Páez y de tantas otras víctimas silenciadas marcó un antes y un después.
Un reclamo urgente —vivir libres y sin miedo— nos unió en las calles, impulsó cambios profundos y nos transformó como sociedad. Diez años después, celebramos conquistas que entonces parecían impensables, pero también enfrentamos retrocesos que amenazan cada logro alcanzado y ponen en riesgo cada vida.
En estos diez años el movimiento logró impulsar la creación del Registro Nacional de Femicidios de la CSJN, el Cuerpo de Abogadas/os para Víctimas de violencia de género, la sanción de la Ley Micaela, la Ley de Paridad de Género y el Cupo Laboral Travesti-Trans. También se crearon fiscalías especializadas, se amplió la Línea 144 a todo el país y se conquistó un hito histórico: la ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.
A ello se suma la implementación del Plan ENIA, que logró reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia. También la ley de los Mil Días para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad que deciden continuar con sus embarazos.
El Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género fijó un mapa federal de urgencias; el programa Acompañar contribuyó a fortalecer la autonomía económica; la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans abrió puertas; la Ley Olimpia le puso nombre a aquellas violencias invisibilizadas. Cada avance demostró que las políticas públicas, cuando se implementan con los recursos financieros y humanos necesarios, cambian vidas.
Sin embargo, hoy muchas de estas políticas han sido desmanteladas o se encuentran en grave riesgo. El Gobierno ha desfinanciado el Programa Acompañar, y ha desdibujado el rol de la Línea 144 que hoy recibe consultas de violencia en general. Trece programas fueron eliminados por el Ministerio de Justicia, incluso aquellos destinados a prevenir situaciones de violencias extremas. Hoy la Argentina carece, por primera vez en cuarenta años, de un organismo específico para prevenir la violencia de género. Todo ocurre mientras un femicidio ensombrece al país cada treinta horas.
Negar la violencia machista no la hace desaparecer, la profundiza. Recortar presupuestos no ahorra recursos; cuesta vidas. Eliminar programas fundamentales deja a mujeres y diversidades abandonadas y sin protección. Los derechos de las mujeres no pueden ser una variable de ajuste.
Ni Una Menos nos enseñó que al alzar la voz, las mujeres y las disidencias no solo denuncian injusticias, también abren caminos de transformación que han logrado marcar hitos en el reconocimiento de derechos. Frente al odio, la desinformación y los retrocesos, nuestra respuesta siempre fue y será colectiva. Por eso los movimientos de mujeres exigimos que el Estado restituya de inmediato los programas fundamentales, cumpla con la Ley Micaela y garantice el acceso a la justicia a las víctimas. Reclamamos presupuesto, respuestas urgentes y políticas sostenidas que protejan la vida y acompañen a quienes hoy siguen en riesgo.
Este 3 de junio volveremos a alzar la voz. No lo hacemos para festejar; lo hacemos para defender lo conquistado y exigir que se garanticen nuestros derechos. Porque queremos a todas vivas, libres y con derechos. A diez años de aquel grito fundacional, seguimos diciendo con más fuerza que nunca: Ni Una Menos.
Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina