La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema, ignorando al Poder Legislativo, es una medida anticonstitucional y contraria al deber de garantizar la presencia de mujeres en el máximo tribunal. Argentina es el único país en la región que no tiene juezas en la Corte.
A los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei -Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla-, parece no importarles estos detalles que los emparentan a la inequidad y la ilegalidad. Aceptaron gustosos, incluso tras los innumerables cuestionamientos que se plantearon desde el Derecho y la sociedad civil.
“En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo -dice un comunicado firmado por una cuarentena de organizaciones de derechos humanos-. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”.
“En diciembre 2015 a algún abogado creativo se le ocurrió que podían nombrar jueces por decreto durante el receso del Congreso. Sin intentar siquiera cumplir con la Constitución. Así se propuso a dos de los actuales magistrados: Rosenkrantz y Rosatti. Ese decreto generó indignación y rechazo. Y fue la entonces jueza de la Corte Suprema, Elena Highton, la que dijo que no estaba dispuesta a participar del juramento en esas condiciones”, escribió Natalia Gherardi, al frente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
“Parece que son las mujeres las que creen en la Constitución, las que hacen valer sus principios y salvan a la República y sus instituciones. No volvió a proponerse a otra mujer para la Corte…”, concluyó la abogada.
Sólo el 30% de los cargos jerárquicos del sistema judicial están ocupados por mujeres.
“Si la igualdad de género es un principio constitucional, ¿por qué en la Corte Suprema hay mas tipos llamados Ricardo que mujeres?“, bromean desde @sontodostipos, una cuenta que por redes sociales visibiliza la desigualdad. “Falta la mitad del mundo“, repiten. Al máximo tribunal no hay nada que le importe menos.