El Gobierno extenderá nuevamente el “período de transición hacia los subsidios energéticos focalizados“, que vence el 31 de mayo. De esta manera, continuará hasta fin de año la segmentación de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica y gas natural por redes que usan los hogares en tres niveles, según los ingresos y patrimonios de los usuarios.
El período se estableció por seis meses desde el 1 de junio de 2024 a través del Decreto 465, con la idea de avanzar hacia la Canasta Básica Energética (CBE), que finalmente fue descartada por su difícil implementación. En diciembre, se extendió la transición mediante la Resolución 384 de la Secretaría de Energía, y ahora ese plazo se volverá a prorrogar al menos hasta después de las elecciones legislativas de octubre.
En otras palabras, no habrá grandes cambios en materia de tarifas por los próximos cinco meses: los aumentos de tarifas de luz y gas seguirán atados a la inflación exclusivamente en los segmentos de transporte y distribución, pero la gran mayoría de los hogares (9 millones en todo el país) seguirá pagando menos que los costos reales de la generación eléctrica y la producción e importaciones del combustible.
El objetivo del Gobierno es eliminar la segmentación en tres categorías y tener dos categorías de usuarios: subsidiados y no subsidiados. Los funcionarios consideran que los fondos públicos deben ir exclusivamente a los más vulnerables, que son quienes están bajo la línea de la pobreza. Esa cifra estaría por debajo del 40%, pese a que hay un 60% de hogares que mantienen los subsidios. Es decir, hay por lo menos un tercio de usuarios que conservan la ayuda del Estado para pagar la luz y el gas, pero no les hace falta.
Hasta mediados de mayo 2025, el gasto público nacional en subsidios a la energía alcanzó los $ 849.781 millones a moneda constante de este mes, con una caída interanual de 77% en términos reales -descontado el efecto de la inflación versus el mismo lapso de 2024-, de acuerdo al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
Los números crecerán durante el invierno, porque temporalmente crecerá la brecha entre los precios de la electricidad y el gas que pagan los usuarios y el costo real del mercado. Se espera que los subsidios energéticos caigan del equivalente a 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 0,6% en 2025.
Mientras tanto, la Secretaría de Energía sigue trabajando en retirar beneficios puntuales a quienes tiene comprobado que no lo necesitan, como los 15.518 hogares que viven en Puerto Madero, Nordelta y otros countries, barrios cerrados y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se anotaron para recibir subsidios. El Gobierno apunta a extender esa medida a todo el país.
Si bien el impacto fiscal es irrelevante (el equivalente a apenas US$ 3 millones, de un total de subsidios previstos en aproximadamente US$ 4.000 millones para todo 2025), en los despachos oficiales apuntan a la focalización con las herramientas que tienen a mano y quieren mostrar ante la sociedad que no habrá ayuda del Estado para quienes intenten aprovechar beneficios que no necesitan.
Por eso mismo, esta semana secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, resolvió que unos 137.975 usuarios de gas natural que son titulares de más de un beneficio del régimen de zona fría con descuentos de 50% sobre el precio del gas pasarán a tener una bonificación del 30% en sus otros domicilios.
El régimen de zona fría funciona con una contribución de todos los usuarios que no están en esas zonas (por ejemplo, un vecino de La Matanza financia el consumo de gas de las casas de veraneo en Mar del Plata), con un recargo de 6% sobre el costo del gas, que va a un fondo fiduciario, el único que seguirá en pie. Ese fondo tuvo un déficit de $ 54.000 millones el año pasado, cubierto por subsidios.
El Gobierno apunta, como lo hizo con la Ley Bases, a retrotraer la reforma que implementó el Congreso a propuesta del diputado Máximo Kirchner y dejar exclusivamente con esos beneficios a la Patagonia, Malargüe y la Puna.