Los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas compiten y cooperan en todo el mundo. Pero hay una disputa creciente de las empresas periodísticas con Google y Meta, porque estas plataformas se quedan con la mayor parte de los ingresos publicitarios que se generan con los contenidos periodísticos digitales.
Por eso, especialistas de Australia y Sudáfrica compartieron en un encuentro en la Argentina sus experiencias de negociación con Meta, Google y las empresas de Inteligencia Artificial (IA), para que les paguen un precio justo por el uso de sus contenidos periodísticos.
Lawrence Gibbons, representante de la Public Interest Publishers Association, de Australia, explicó que en 2021 se sancionó una ley en ese país para que plataformas como Google y la entonces Facebook (actual Meta) realicen acuerdos comerciales de buena fe con las empresas de noticias y les paguen un valor adecuado por el uso de sus contenidos.
“Pocos meses después de la sanción de esa ley, Google firmó 24 acuerdos individuales con editores. Hubo mucha felicidad por el capital que ingresó y por el desafío que se presentaba”, contó Gibbons. Pero agregó que eso duró menos de cuatro años, ya que “en 2025 Google rescindió esos contratos. Y ese es el punto en que estamos actualmente”.
Su colega Nelson Yap, representante del Property Journal, también de Australia, contó que tampoco Meta renovó “los contratos con los editores”.
En la jornada virtual, los especialistas australianos explicaron las características de la ley, que se había sancionado para contribuir a la sustentabilidad del periodismo. Y detallaron que, en caso de incumplimiento por parte de las plataformas tecnológicas, podría haber “sanciones que equivalen hasta al 10% de los ingresos” que tienen Google y Meta en Australia. E incluso, que probablemente les impongan un impuesto o tasa a aquellas plataformas que no lleguen a acuerdos con los medios de comunicación.
“Lo que aprendimos es que si intentamos actuar de buena fe con las grandes empresas tecnológicas, desde el punto de vista del rol de los medios, eso no funciona así en Australia. Necesitamos regulaciones más fuertes. Con este gravamen que se les va a generar, a las plataformas les va a costar más caro que los contratos con los medios”, planteó Yap.
“En Sudáfrica es difícil crear una regulación como la australiana. Pero hay que pensar si ese Código es aplicable a otros lugares, Elaboramos un informe preliminar, con una recomendación para que Google pague US$ 27 millones en un año, para compensar a la industria del periodismo en Sudáfrica”, planteó Michael Markovitz, director del Media Leadership y profesor del Gordon Institute of Business Science, de Sudáfrica.
Y añadió: “También hay que abordar la problemática de la remuneración por el contenido periodístico que usan las empresas de Inteligencia Artificial. Este es un problema importante, porque la audiencia no lee el artículo periodístico, lo cual afecta al contenido local y a la sustentabilidad de la industria periodística”.
“En Sudáfrica se va a realizar el G20 este año y se espera la presencia de los presidentes y también la del M20, que es un grupo de periodistas y profesionales que van a utilizar el G20 como plataforma para tratar estas cuestiones y para saber si va a haber un cambio, para cobrar algún tipo de impuesto a estas empresas o si vamos a seguir así”, dijo Markovitz.
La actividad fue organizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que buscó expandir un debate sobre la compleja relación entre plataformas y medios, moderada por Agustina Ordoñez, coordinadora del proyecto de Sustentabilidad y Regulación de la entidad representativa de diarios, revistas y portales digitales del país.
Fue la tercera sesión del ciclo de conversaciones organizado por ADEPA, que este miércoles se hizo en formato virtual, bajo el título “Medios, plataformas y motores de inteligencia artificial: propiedad intelectual y defensa de la competencia. Experiencias globales para el escenario argentino”, que el mes pasado realizó las primeras dos sesiones con casos de Estados Unidos, España, Francia y la Unión Europea.