Aparecen más elementos comprometedores en una de las firmas farmacéuticas involucradas en el escándalo del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 52 pacientes internados en hospitales de La Plata y Rosario. Clarín accedió a videos que registran el supuesto “robo” denunciado por los dueños de HLB Pharma horas antes de la prohibición que dispuso ANMAT y días previos al allanamiento dispuesto por la Justicia.
Tal como anticipó en exclusiva Clarín el 11 de mayo de este año, cuando la ANMAT ya tenía indicios de una grave contaminación entre enfermos tratados con este fuerte anestésico, un empleado de seguridad del laboratorio HLB Pharma -que proveyó el insumo a los centros de salud afectados- denunció un acto de “intrusismo” en una oficina clave de esa compañía.
A las 17.30 de ese día, un llamado al 911 alertó sobre una “vandalización” ocurrida en un sector del complejo ubicado en la calle Tomkinson al 2054, en San Isidro. Personal de la comisaría 7ma. de Las Lomas, en ese distrito del norte del conurbano, se presentó en el lugar y constató “gran desorden y roturas de equipos, materiales y objetos”.
Los oficiales labraron un acta y elevaron el expediente a la Justicia. Ingresó a una fiscalía dedicada a delitos cometidos por “autores ignorados”. Y no tuvo demasiado movimiento.
Ahora se conocen los registros filmicos que pudo realizar una de las personas que vio el estado de las oficinas atacadas.
Pero resultó un ataque quirúrgico. En un sector clave del edificio que contiene las oficinas administrativas y técnicas de esa empresa que produce medicamentos y que ahora está suspendida por ANMAT.
Parece demasiado preciso para ser una casualidad. El 2 de mayo pasado El Hospital Italiano platense advirtió a la ANMAT sobre el brote de neumonía por posible “contaminación cruzada” con una partida de fentanilo. Detectó que tenían las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que no formaban parte de las colonias habituales contra las que luchaba ese centro asistencial.
HLB pertenece al empresario Ariel García Furfaro, actual socio del sindicalista Víctor Santa María. Ramallo es propiedad de Ariel Salinas, cuestionado por su presunta participación en el caso que se conoció como “la mafia de los medicamentos”. También fue dueño del laboratorio Apolo, una empresa rosarina en la que ocurrió una explosión hace casi 10 años, atribuida a las malas condiciones del lugar.
La ANMAT primero ordenó retirar los lotes donde se detectó la anomalía y luego -el 13 de mayo- suspendió la habilitación de los laboratorios. Dos días después, la Justicia Federal de La Plata ordenó allanamientos en los establecimientos cuestionados y en la droguería Nueva Era, encargada de la distribución del producto medicinal.
De acuerdo con la información a la que accedió este diario, en ese episodio de “robo” y “vandalización” los intrusos destruyeron el área de Garantía de Calidad de HLB. Es donde se asienta la documentación relacionada con la elaboración de los lotes de productos fabricados y otros procedimientos de resguardo que son exigidos por los organismos de control.
Además, según constaría en el expediente que tiene a su cargo el juez Ernesto Kreplak, desapareció la caja fuerte donde estaban las copias de seguridad de las cámaras internas. Varias semanas de filmaciones de todos los movimientos del laboratorio ahora ya no se pueden revisar.
El sitio atacado por desconocidos es la oficina de Garantía de Calidad que está en el segundo piso del edificio de la calle Tomkinshon. Allí también funciona el área de Informática. Ocupa unos 20 metros por 6 metros con seis compartimentos que dividen varias oficinas. Además funciona el Archivo de Garantías y trabaja el personal de esas áreas con sus respectivas máquinas y equipos.
Un informante que conoce el mecanismo de funcionamiento de la compañía explicó a Clarín que en las cajas de seguridad que desaparecieron se guardan -además de las filmaciones- los archivos del “batch record”, de HLB. Se llama así al registro de lote, que es una documentación protocolizada que detalla cada paso de la fabricación, envasado y pruebas de un lote específico de medicamento.
Esos reportes perdidos podrían corresponder a los de los lotes contaminados. El experto consultado explicó que el laboratorio asociado, Ramallo, debería tener otro “batch record” porque la elaboración era conjunta.
Para llegar a ese sitio, los “ladrones” tuvieron que atravesar el portón principal de la entrada que da a la calle Tompkinson y recorrer varios metros hasta alcanzar la escalera que los llevó a la planta superior.
Fuentes del caso aseguraron que además de las irregularidades en la manipulación de drogas y compuestos -constatados por ANMAT- este laboratorio tendría ciertas “filtraciones” en seguridad. Hasta diciembre de 2024, la firma contrataba personal de la Policía Bonaerense (a través de las denominadas Polad -policía adicional) para vigilar el predio.
Pero en diciembre habrían asignado a un grupo de agentes de la misma firma como “custodios”. Estas compañías “están obligadas a tener seguridad privada o estatal porque en su interior hay anestésicos y psicotrópicos. Es una exigencia de la ANMAT para su funcionamiento”, explicaron.