La semana pasada el Juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, se declaró competente para llevar adelante el Concurso Preventivo de Acreedores de SanCor.
Se trata de una de las empresas líderes en lácteos que viene desde hace unos años a los tumbos y con parte de sus negocios cedidos a otras empresas. En el mercado se menciona una deuda principalmente al fisco y laboral que ascendería a US$ 400 millones. La cooperativa comenzó con los despidos tras un agónico conflicto con el sindicato de los lecheros, Atilra. Hace pocas semanas se conoció que más de 300 empleados recibieron telegramas de despidos, y el pasado 3 de febrero se había presentado, oficialmente, la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores.
A través de su resolución, determinó una serie de medidas que dan inicio a la instancia judicial, entre las cuales se destacan:
-la clasificación como “Gran Concurso – Categoría A”;
-la constitución de una Sindicatura Plural para entender en el desarrollo del proceso;
-la fijación del día 29 de mayo de 2025 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el día 01 de julio de 2025 como plazo para las eventuales impugnaciones;
-ordena la suspensión de trámites de procesos contenciosos judiciales que tengan origen previo al día 03 de febrero de 2025;
-ordena la suspensión de interrupciones de servicios por deudas contraídas antes del 03 de febrero de 2025;
-constituye el “Comité Provisorio de Acreedores”;
-determina la continuidad de la empresa en el Registro de Importadores y Exportadores de la República Argentina.
En un apartado, denominado “Palabras dirigidas a la población”, el Juez Vales esclarece la finalidad del proceso ahora iniciado. Allí explica que se comprobó objetivamente que la Cooperativa “no puede hacer frente a las obligaciones que pueden ser exigidas por sus acreedores”.
Continúa diciendo: “Durante este proceso entonces, se intentará encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra y esto es así, debido a que el principal objetivo del juicio es proteger el interés de los acreedores y mantener el funcionamiento de la empresa, lo que ayudará a conservar las fuentes de trabajo”.
Luego agrega: “Teniendo en cuenta el efecto que este estado del deudor provoca en la totalidad de los acreedores -quienes tienen derecho a la protección de sus créditos-, el objetivo a cumplir con los que trabajaremos en el trámite, será intentar lograr un acuerdo que satisfaga las deudas y de este modo, permitir que la empresa se recomponga de esta crisis.”