Pedro Sánchez apostó a que un acto de contrición le salvaría el pellejo. Pidió disculpas por los últimos dos secretarios de organización del PSOE, que no sólo destrozaron la credibilidad del partido -y del gobierno- sino que ventilaron haber hecho mula en las primarias en las que Sánchez salió ganador como secretario general y hasta sembraron dudas sobre la financiación del partido.
Pero el golpecito en el pecho del líder socialista que reconoció “no debimos haber confiado en ellos” no alcanza para frenar el tsunami de temores, especulaciones, rumores y versiones sobre el futuro inmediato del gobierno de coalición.
Golpeado, pero jamás rendido, Sánchez se inclina por ganar tiempo.
Se escuda en que, entre otros compromisos internacionales, la cumbre de la OTAN y la reunión del Consejo Europeo de la semana que viene no le permitirán asistir al Congreso para dar explicaciones hasta el 9 de julio. Tal vez, para ese entonces, la crispación que pide su renuncia se haya anestesiado.
Porque, en el peor de los casos, si no le quedara más alternativa que convocar elecciones anticipadas, Sánchez sabe muy bien que no le conviene que la fecha caiga en verano, tiempo en el que los españoles están de vacaciones o planeando días de descanso.
Lo comprobó en 2023, cuando su osadía lo llevó a disolver el Parlamento y adelantar los comicios el día después de unas elecciones municipales y regionales en las que su partido salió bastante mal parado.
La fecha para volver a votar cayó un 23 de julio -pleno verano europeo- y el PSOE, que apostaba a arrasar, salió segundo en votos, detrás del PP: a Sánchez le costó más que nunca reunir una mayoría parlamentaria que le permitiera mantenerse en La Moncloa, pero lo consiguió.
Esta vez, si el adelanto electoral fuera inevitable, el pronóstico para el Partido Socialista sería bastante menos feliz. Según el barómetro de la consultora DYM, si los comicios fueran ya, el PSOE quedaría diez puntos por debajo del PP.
Ante una crisis como la que se está viviendo en España, el sistema parlamentario admite dos posibilidades: que el presidente renuncie ante el rey, que es el jefe del Estado, y que entonces Felipe VI realice una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para ver si existe otro candidato que reúna los apoyos necesarios como para que el Congreso de los Diputados vote a su favor y forme un nuevo gobierno, o que se convoquen nuevas elecciones.
Ante la primera opción, la de la renuncia del presidente, el plazo es de dos meses desde la primera votación en el Parlamento para intentar la investidura de un nuevo jefe de gobierno.
Si el tiempo se agota y no se elige a ningún candidato, la disolución de las Cortes (el Congreso) es automática y, 54 días después, se abrirían los comicios. En este caso, las elecciones serían a fines de agosto.
La otra posibilidad que permite la Constitución española es que el propio presidente disuelva el Parlamento y convoque a las urnas voluntariamente. Si así fuera, el plazo de los 54 días comenzaría a correr desde el momento en el que la disolución de las Cortes se publique en el Boletín Oficial del Estado.
El presidente cuenta con esta potestad sólo si ya transcurrió un año desde las últimas elecciones y si no hay una moción de censura en su contra en curso.
Entre las mil y una versiones especulativas que aturden a los españoles por estos días, se comenta que el presidente estaría evaluando renunciar y postular, por detrás de escena, al actual presidente regional de Cataluña, Salvador Illa, quien podría contar con el apoyo de los siete partidos políticos que permitieron la reelección de Sánchez.
Ilia fue convocado a Madrid el jueves y estuvo reunido con el presidente en La Moncloa.
Menos carismático que Pedro, Salvador atesora un capital político de bajo perfil pero apreciado: es el primer candidato del Partido Socialista de Cataluña que gana unas elecciones, las autonómicas del año pasado.
Sería una lavada de cara para un PSOE actualmente noqueado y que los llamados “socios de la investidura” podrían apoyar, sin tanto pataleo, si se mantienen las promesas que Pedro Sánchez les hizo a cambio del “sí” que le dieron en 2023.
Quienes avalaron la reelección de Sánchez -entre los que están los independentistas catalanes y vascos- son conscientes de que ésta es su oportunidad de negociar más y mejores concesiones.
Se muestran implacables ante la presunta corrupción del PSOE pero no olvidan que nunca han conseguido tanto como con esta coalición de izquierdas. Saben, muy bien, que si el actual gobierno progresista se evapora y asume una coalición PP-Vox, sus reclamos y reivindicaciones volverían al casillero inicial.