El fondo con sede central en Londres y Nueva York Burford Capital podría quedarse con el control mayoritario de YPF, como ordenó la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, si la Argentina pierde las apelaciones en la justicia estadounidense o no se sienta antes a negociar con el demandante.
El megabufete fundado en 2009 es un oportunista cazador de juicios millonarios. Opera de forma similar a un fondo buitre y es mayor de su tipo a nivel mundial. Compra los derechos de litigar de empresas quebradas y luego inicia causas por sumas mucho mayores.
Así lo hizo en 2015, cuando se quedó con 70% de los derechos de juicio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos firmas de la familia Eskenazi y radicadas en España, que se presentaron en quiebra en Madrid y tenían 25% de las acciones de YPF, compradas en 2008 y 2011 a la española Repsol.
Burford pagó US$ 17 millones por los derechos de juicio de los Eskenazi y al mes inició la demanda. Ahora reclama US$ 16.100 millones −monto que supera la actual valuación de YFP de US$ 12.000 millones− más el cobro de intereses, que desde septiembre de 2023 acumulan US$ 1.650 millones, US$ 3 millones diarios.
Sostiene 70% de los derechos de juicio. Es un misterio, aunque hay sospechas de todo tipo, quiénes son los dueños del otro 30% de los derechos a los otros millones de dólares que el país debería desembolsar.
El origen de la causa judicial fue la irregular estatización de la petrolera por el kirchnerismo, cuando el Estado dispuso en 2012 la expropiación de 51% de Repsol y desembolsó US$ 5.600 millones.
Burford alega que el irremediable error de violar el estatuto de YPF −no llamar a una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49% restante de las acciones− perjudicó a los Eskenazi, que, a través de sus compañías españolas, vehiculizaron su ingreso a YPF.
En un vínculo estrecho con los K desde la época en que ya eran dueños del Banco de Santa Cruz, compraron las acciones de YPF con préstamos de bancos extranjeros, particular mecanismo que fue cuestionado y se terminó con la estatización, al dejar de girar dividendos que la propia YPF generaba.
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Diez preguntas a Christopher Bogart: claves sobre el negocio de Burford
En su sitio, Burford explica que “ayuda a empresas y bufetes de abogados a utilizar financiación legal para transformar su forma de abordar disputas comerciales”.
Según un informe de Muddy Waters, su negocio se sustenta en pocos casos, y principalmente el que lleva adelante contra la Argentina por YPF en la corte de la sucesora del célebre Thomas Griesa en el distrito sur de Manhattan.
“Cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Valores de Londres (LSE), con una cartera de US$ 7.200 millones, y contamos con capacidad y experiencia necesarias para abordar prácticamente cualquier necesidad de financiación de litigios”, agrega.
De esa manera, financia procesos judiciales a cambio de una parte de los beneficios obtenidos si la demanda es exitosa. Según admitió, generó más de US$ 2.200 millones en retornos de inversión por sentencias y tiene US$ 4.600 millones de casos en marcha.
Christopher Bogart, cofundador del fondo y ex vicepresidente de Asuntos Legales del conglomerado de medios Time Warner, lidera el equipo de 350 abogados. Egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario, comanda las oficinas también de Chicago, Washington, Sydney, Singapur, Hong Kong y Dubai.
El fondo ya es conocido por la Argentina por otra causa: prestó sus servicios al grupo español Marsans en el juicio por la estatización de Aerolíneas Argentinas ante el Ciadi. En 2015, adquirió el 70% de los derechos de indemnización de la demanda por 15 millones de euros y la financiación del litigio.
El país recibió un fallo adverso que lo obliga a pagar US$ 390 millones y Burford vendió el derecho de cobro a Titan Consortium, fondo que busca la ejecución de la sentencia.