La violencia en América Latina y el Caribe (LATAM) es una crisis persistente que no solo afecta la vida diaria de millones de personas, sino que tiene un alto costo económico y social. Según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Los costos del crimen y la violencia. Ampliación y actualización e las estimaciones para América Latina y el Caribe”, la región sigue siendo una de las más violentas del mundo, con altos índices de criminalidad que repercuten en el bienestar de los ciudadanos y en el crecimiento económico de los países.
LATAM ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por el crimen, y los últimos datos del BID no hacen sino confirmar esta realidad. La región enfrenta costos económicos derivados de la violencia que ascienden a 3,4% de su PIB. Esta cifra puede parecer abstracta, pero sus efectos son palpables; equivale al 78% del presupuesto público para educación, el doble para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo.
El crimen tiene un impacto directo en los presupuestos nacionales, ya que los gobiernos deben destinar grandes recursos a las fuerzas de seguridad, al sistema judicial y a la atención de víctimas. Un gasto que no siempre se traduce en mejoras la seguridad, dado que muchos de los países afectados por la violencia también enfrentan problemas de corrupción e impunidad en sus instituciones.
Pero por otra parte, la violencia en LATAM tiene un impacto mucho más profundo que el simple costo financiero, afectando también la confianza de los inversionistas, el turismo y el comercio, todos estos rubros que sufren, a su modo, las consecuencias de la inseguridad.
En países donde el crimen organizado se consolida, la violencia asociada al narcotráfico limita las oportunidades de desarrollo y profundiza las desigualdades. Las comunidades más afectadas por el crimen suelen ser también las más pobres, perpetuándose un ciclo de pobreza y delincuencia difícil de quebrar.
Si bien la violencia afecta a todos los sectores de la sociedad, uno de los efectos más dramáticos es su impacto en los flujos migratorios. En muchos de los países más violentos de la región, la gente se ve obligada a abandonar sus hogares para escapar de las amenazas de bandas criminales, del narcotráfico o la violencia estructural.
Según el BID, la inseguridad y el crimen no solo afectan a las personas en su vida diaria, sino que también alteran la estabilidad social y económica. La violencia alimenta el desplazamiento interno y transnacional. Familias enteras, buscando una oportunidad para sobrevivir, se ven obligadas a emprender largos viajes hacia países vecinos y más allá, donde esperan encontrar condiciones de vida más seguras. Este desplazamiento masivo genera una presión adicional sobre los países receptores, que deben lidiar con la integración de migrantes en contextos sociales y económicos ya sobrecargados.
La migración, sin embargo, no es una solución definitiva para quienes huyen de la violencia, a la que se agrega la que sufren durante su trayecto, especialmente en rutas controladas por bandas criminales. El informe del BID destaca que, además, los migrantes que son reconducidos a sus países de origen enfrentan a una nueva ola de violencia al regresar a las mismas áreas de donde huyeron, perpetuando el ciclo de desplazamiento y sufrimiento. Los episodios recientes entre ciudadanos colombianos retornados a su país y de ahí devueltos nuevamente a los Estados Unidos es un ejemplo extremo de esto.
En muchas de las áreas más afectadas por el crimen, la falta de acceso a educación de calidad, a un empleo digno y a la salud crea un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas y organizaciones criminales. El BID ha señalado que las zonas urbanas marginadas son los principales focos de violencia, donde la presencia del Estado es débil.
De este modo, las personas viven atrapadas en barrios dominados por la violencia y la pobreza, sin acceso a recursos para salir de esa situación. El narcotráfico, las pandillas y otras organizaciones criminales encuentran en estas comunidades una fuente constante de reclutas, prolongando el problema. Las familias que no tienen otra opción se ven obligadas a migrar, con los riesgos y el sufrimiento ya mencionados.
Con el objeto de frenar este ciclo, los gobiernos de la región deben adoptar políticas pública que no solo se centren en la represión, sino también en la prevención, con un enfoque integral sobre las causas profundas de la criminalidad como lo son la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción en las instituciones. Sólo mediante un enfoque multidimensional que combine seguridad, desarrollo y justicia social, será posible reducir los costos del crimen y detener el flujo masivo de migrantes que huyen de la violencia.
Urge, por tanto, que los gobiernos de LATAM adopten políticas integrales que aborden la violencia desde sus raíces. Solo así será posible romper el ciclo de violencia y desplazamiento que afecta a millones de personas, devolviendo la esperanza y las oportunidades a aquellos que hoy se ven forzados a abandonar sus hogares.
Alfredo López Rita, es Magister en Relaciones Internaciones. Se desempeñó cómo Director General de Inmigración y Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados.