A días de que la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, en el caso Vialidad, ingrese en la Corte Suprema de Justicia, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 funcionarios de Santa Cruz por la corrupción en la obra pública vial que el gobierno kirchnerista adjudicó a Lázaro Báez. La figura penal atribuida es la coautoría en la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el delito que pesa sobre la ex vice en el expediente principal.
En una resolución de más de 280 páginas a la que accedió Clarín, el juez federal Julian Ercolini procesó a ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Este tramo del expediente que se encontraba en instrucción y en el que el magistrado resolvió las situaciones procesales de 16 personas, se concentra en las autoridades provinciales. La próxima instancia será el llamado a indagatoria de los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo (actual diputado nacional), Carlos Sancho y Daniel Peralta.
La justicia centró las indagatorias en este caso conexo en el rol que asumieron diversos funcionarios dentro de la estructura de Vialidad Provincial, una institución que -según corroboró la justicia- fue determinante para “beneficiar a Lázaro Báez”.
El procesamiento incluye a dos integrantes del Grupo Austral -al holding del ex socio comercial de Cristina Kirchner-, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, acusados como responsables de la maniobra defraudatoria.
Para el juez Ercolini también se les debe atribuir el delito de coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasieczink, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lencina Albornóz, Elio Enrique González, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero, Juan Gelves.
A cada uno de los acusados se les trabó un embargo de 100 millones de pesos.
La maniobra desplegada
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) difundió los argumentos de la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta, Lázaro Báez, José López y otros seis imputados, sostuvieron que se acreditó en la maniobra investigada la intervención “de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública”, en referencia al empresario patagónico.
Al respecto, añadieron que la finalidad fue “asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
Según los jueces, la estructura de los delitos estuvo marcada por todo tipo de “acuerdos espurios entre las personas interesadas”, algo que encontraron “propio de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos”, tendientes a “asegurar los beneficios económicos” a favor de los Kirchner y Báez.
Toda la maniobra requirió de funcionarios en diversos estamentos. Es decir, quedaron bajo investigación integrantes de la Dirección Provincial de Vialidad con asiento en Santa Cruz y autoridades provinciales.
Junto a lo que denominaron como un “sistema de cartelización y contratos amañados”, los jueces le dieron la razón al fiscal Diego Luciani que expuso un circuito de irregularidades administrativas: la publicación de la obra se realizaba con pocos días (favoreciendo que sólo se presente Báez), el Grupo Austral compró pliegos antes de que se hagan públicos, la comisión evaluadora analizaba las ofertas del holding en 24 horas, se pagaban anticipos del 30%, entre otros trámites omitidos que permitieron otorgar obras a una empresas “sin capacidad de construcción”.
Como parte de esa gran estructura, el juez Julián Ercolini (que envió a Cristina Kirchner a juicio en el caso Vialidad), resolvió este jueves la situación procesal del extenso listado sobre los cuales había pedido las indagatorias los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el caso conocido como “Vialidad III”.
Este tramo conexo se ocupa de todas las autoridades provinciales que contribuyeron a que ese “esquema de beneficios no se interrumpiera y careciera de todo tipo de controles”.
Las ex autoridades de Vialidad Provincial quedaron bajo la lupa al entender que los integrantes de la línea administrativa, ya que los directores del organismo fueron incluidos en el expediente central cuyo juicio oral ya terminó.
La causa Vialidad III
La estructura bajo investigación que se comienza a concentrar en las responsabilidades provinciales, sostiene que dicha asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, “seleccionó a Santa Cruz, como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción”. Este mismo concepto fue reiterado por el fiscal Luciani. Para que esto funcione, se puso en marcha una “maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes”, para direccionar y “sustraer fondos del Estado”.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que la estructura que funcionó a nivel nacional, requirió de un estado provincial que obró de forma coordinada, “con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años para favorecer al Grupo Báez”.
Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner. Todos ellos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministros de Economía, “contribuyeron al plan criminal” que inició en el “Estado nacional”. Serán citados a indagatoria cuando concluya esta primera tanda.
De las más de 50 contrataciones analizadas, el 92% tuvieron a Vialidad Provincial en carácter de comitente. Allí, se acordaba la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero “delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial”. Inyectaron los ex funcionarios unos 1.800 millones de pesos de forma directa al Grupo Austral en 3 años.
Se indicó que fue necesario que la “matriz de corrupción instaurada a nivel nacional se replicara en el ámbito provincial”, en donde los ex gobernadores desde 2003 a 2015 “contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
Las autoridades de Vialidad Provincial, como los ex gobernadores, “fueron gestores” de una estructura que desde las partidas presupuestarias “destinaba fondos al Grupo Austral”. Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, también fueron responsables.