Cada año se escriben decenas de artículos en medios internacionales sobre el tema y especialistas internacionales se preguntan por qué la Argentina no hace lo suficiente al respecto.
En lo que podría definirse como un infierno en el mar, más allá de la milla 200, entre 400 y 500 embarcaciones depredan todo a su paso: no sólo el calamar, también arrasan con la merluza negra, la común y la de cola, abadejo y otras especies. También capturan tiburones, rayas, delfines y elefantes marinos, incluyendo especies amenazadas y protegidas. Esto sumado a la contaminación permanentemente que provocan al arrojar toneladas de basura, aceites y artes de pesca abandonadas. No hay ecosistema ni recurso pesquero que pueda resistir esa presión descontrolada por mucho tiempo.
Estas embarcaciones, que provienen principalmente de China, Corea del Sur, Taiwán y España pueden operar, en gran medida, gracias a subsidios millonarios de sus estados de bandera. Otra de las subvenciones encubiertas es la utilización de mano de obra esclava: miles de trabajadores filipinos, indonesios y africanos son abusados y hasta mueren en alta mar en estas flotas que no cumplen con ninguna norma laboral, sanitaria ni de seguridad a la navegación. Los cuerpos son arrojados al mar o descargados en Montevideo, su puerto de apoyo logístico.
Cada año se estima que un pequeño grupo de países destina 22 mil millones de dólares para subsidiar la pesca no regulada e ilegal, alcanzando a capturar uno de cada 5 peces a nivel global. Esta práctica genera severos impactos en el ambiente y compite de manera desleal con la pesca regulada, dañando las economías, el empleo, y el acceso al alimento de los países costeros, como la Argentina.
Para enfrentar el daño que generan los subsidios a la pesca destructiva es que se ha logrado, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, avanzar con una prohibición a las subvenciones a la sobrepesca, una obviedad que llevó más de 20 años.
En junio de 2022, finalmente la OMC aprobó por consenso el Acuerdo que establece normas vinculantes para frenar las subvenciones perjudiciales y prohíbe el apoyo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Durante este extendido proceso, nuestro país fue partícipe y protagonista de las negociaciones, lo que hace inexplicable que el país aún no lo haya ratificado.
Para que el acuerdo entre en vigor, es necesario que dos tercios de los miembros de la OMC lo ratifiquen, sólo restan 17 países para lograrlo.
En 2024, el Congreso de la Nación aprobó el Acuerdo, cumpliendo así con el procedimiento interno requerido por la Constitución Nacional. Sólo falta un trámite administrativo de parte del Poder Ejecutivo para que Argentina se sume a los 94 estados parte que ya son parte.
Este acuerdo es fundamental para luchar contra la depredación pesquera que ocurre en el Atlántico Sur, ya que impactará directamente en el financiamiento estatal que recibe la flota extranjera que realiza pesca destructiva, ilegal y no reglamentada. ¿Qué estamos esperando?
Milko Schvartzman y Eugenia Testa son miembros del Círculo de Políticas Ambientales