La existencia de regímenes de excepción de jubilaciones pone en evidencia la necesidad de un reordenamiento previsional, en un contexto en el que el Gobierno resolvió tomar cartas en el asunto con el fin de la moratoria como primer paso para intentar resolver la crisis del sistema.
En la Argentina, hay 7,1 millones de jubilados, de los cuales 6,9 millones están dentro del régimen general y cobran un haber promedio mensual de $ 406.861, según los datos a diciembre del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Anses.
El número está por encima de la mínima, que con el bono bono extraordinario de $ 70.000, llega actualmente a $ 343.087, que representa un tercio de la canasta básica de $ 1,2 millones que necesitará en abril un jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad.
Estas 6,9 millones de personas representan al 96% del total de los beneficiarios y le demandan al Estado un presupuesto por mes de $ 2,8 billones, un 88% de una partida de $ 3,2 billones.
En tanto, 253.748 beneficiarios están incluidos en regímenes de excepción, con jubilaciones promedio mensuales de $ 1,56 millones. Esto significa que el 4% se llevan el 12% del gasto total. Es decir, insumen $ 397.250 millones.
Entre ellos, se encuentran 189.041 docentes no universitarios, con un haber promedio mensual de $ 1,4 millones; 32.500 exempleados del Sindicato de Luz y Fuerza, con $ 1,1 millones promedio mensuales; 12.385 docentes universitarios nacionales con $ 1,8 millones; 10.606 investigadores científicos y tecnológicos, con $ 2,1 millones; 7.829 ex miembros del Poder Judicial, con $ 5,2 millones; 604 prestadores de servicio exterior de la Nación (cuerpo diplomático), con $ 8,5 millones; y 723 extrabajadores del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, con $ 1,4 millones.
En este escenario, un documento de Cippec argumentó que “ordenar el sistema previsional para hacerlo más equitativo e igualitario implica, entre otras cuestiones, revisar beneficios excepcionales”. “Es necesario discutir cuáles requieren de un régimen de jubilación especial y cuáles deben reintegrarse al general. Hoy existen cerca de 200 regímenes de excepción”, explicó.
En ese sentido, según el centro que promueve la implementación de políticas públicas en distintos ámbitos, los beneficiarios de los regímenes de excepción que en la Argentina están muy por encima de cualquier comparación internacional, “tienen haberes un 65% superiores al promedio del régimen general”. Todo el gasto jubilatorio, de acuerdo a Cippec implican un gasto público de alrededor de un 10% del PBI, cuando en otros países no supera el 6% o 7%.
La entidad clasifica a los regímenes excepcionales en cinco categorías:
1. Diferenciales: destinados a quienes tuvieron trabajos arduos o peligrosos, que podrían causar envejecimiento prematuro.
2. Especiales: otorgados por méritos extraordinarios.
3. Para Fuerzas Armadas y de Seguridad: administrados por entidades independientes y justificados por mérito y especificidad del trabajo.
4. Provinciales y cajas profesionales independientes: con fundamento en diferencias históricas y legales.
5. Pensiones no contributivas: dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad (invalidez, madres de siete hijos), por mérito (expresidentes, jueces de la Corte Suprema, ganadores de medallas olímpicas y premios Nobel) o en compensación (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado), entre otros.
Dado que estos regímenes generan problemas de equidad, ya que implican privilegios en relación a quienes están en el régimen general, la sostenibilidad del sistema se ve afectada, ya que “los recursos destinados a estos regímenes no pueden ser usados para otros fines sociales”, apuntó Cippec, que propone una reforma integral que contemple reducir los regímenes de excepción y que la mayor parte de la ciudadanía participe en el régimen general, “asegurando mecanismos de financiamiento transparentes”.