Los argentinos atravesamos un momento inédito. Por primera vez en décadas, un gobierno ha decidido enfrentar de manera frontal el problema estructural de un Estado sobredimensionado e ineficiente.
El presidente Javier Milei ha emprendido una serie de reformas orientadas a reducir el gasto público, combatir la burocracia improductiva, desregular la economía y eliminar incentivos que históricamente alimentaron la corrupción.
El sinceramiento de las cuentas publicas, la eliminación de subsidios distorsivos, la apertura comercial y la redefinición del rol estatal hacia uno más acotado pero eficaz representan avances valientes y necesarios. Esta agenda, acompañada de un discurso consistente en defensa de la libertad económica, ha abierto una oportunidad única para redefinir el rumbo del país y recuperar la confianza en nuestro porvenir.
Sin embargo, ningún proceso de transformación económica será sostenible sin un respaldo institucional sólido. La historia argentina nos enseña que las reformas que prescinden de legalidad y consenso terminan debilitándose. Y es aquí donde surgen señales que no pueden ser ignoradas y deben exponerse con determinación por arte de quienes compartimos los objetivos de las reformas en marcha.
¿Por qué, pese a la corrección de importantes desequilibrios macroeconómicos, persisten dudas sobre la viabilidad de este proyecto a largo plazo? Parte de la respuesta reside en el plano institucional.
Gobernar sin un presupuesto aprobado no es una mera cuestión técnica: restringe el control parlamentario, reduce la transparencia del gasto y habilita márgenes de discrecionalidad que erosionan la credibilidad del sistema. Lo mismo ocurre con el uso sistemático de decretos para decisiones de alta sensibilidad institucional, como la nominación de jueces para la Corte Suprema. Tales prácticas, aun en contextos de urgencia, deben ser evitadas.
La sustentabilidad de cualquier reforma requiere consensos, diálogo y respeto por los procedimientos republicanos. De otro modo, el riesgo que corremos es el efecto péndulo o paréntesis, como indicó mi admirada Cayetana Alvarez de Toledo quien ademas señaló “la polarización permanente, paraliza e impide sacar adelante reformas profundas y estructurales con base en acuerdos que sean duraderos”.
No se puede construir una República sobre la base de atajos, negociaciones opacas o discursos confrontativos. No puede haber República sin división de poderes, sin organismos de control eficaces, sin acceso a la información pública, sin libertad de expresión ni sin justicia independiente. La verdadera revolución en Argentina es institucional, apuntalar las bases Republicanas y cerrar la grieta, no cavarla. La salud de Republica, no es una rémora, es el suelo que sostiene una nacion, a un país y a las reformas.
En esta línea, preocupa la falta de avances en materia de lucha contra la corrupción. En el último Índice Global de Percepción de la Corrupción, Argentina no sólo no mejoró su calificación respecto a 2023, sino que mantuvo los mismos indicadores de un período de gobierno duramente cuestionado por su gestión en este aspecto y retrocedió un lugar en dicha medición internacional.
La nominación del juez Lijo a la Corte Suprema —sin méritos reconocidos y con antecedentes que generan desconfianza— es, desde nuestra perspectiva, indefendible. Promover designaciones judiciales sin criterios de transparencia e idoneidad, anunciar la ampliación de la Corte por contubernios políticos, debilitar organismos de control (ej. sacando las facultades de querella a la UIF), restringir el acceso a la información pública y tolerar negociaciones opacas con sectores del poder (haciendo caer la Ley de Ficha Limpia), son decisiones que socavan los contrapesos, abre la puerta al abuso del poder, al espionaje estatal y erosiona el Estado de derecho.
Resulta contradictorio escuchar al presidente denunciar al Estado como un “esquema putrefacto” mientras no se observan acciones concretas para investigar, denunciar o sancionar a quienes lo saquearon en beneficio propio. Por el contrario, circulan versiones inquietantes sobre acuerdos con sectores judiciales funcionales al encubrimiento.
Este doble estándar no es sostenible. Porque si bien se han corregido incentivos económicos que fomentaban prácticas corruptas, sin un compromiso institucional cierto y de máximo nivel garantice consecuencias para quienes delinquen, esos avances pueden diluirse rápidamente.
La falta de señales en este plano contrasta con la sanción impuesta por EEUU contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificada por el Departamento de Estado como parte de una estructura de saqueo institucional, es un mensaje que va más allá de un caso particular: es un llamado urgente a tomar medidas firmes también desde Argentina.
El mundo nos observa. Y nuestros aliados estratégicos esperan señales claras de parte de una nación sin reputación y sin confianza, La reciente sanción impuesta por Estados Unidos a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar un esquema de corrupción estructural, es una advertencia internacional que trasciende un caso puntual: es un llamado a actuar con firmeza y mostrando compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
La integridad no es un accesorio: es un pilar fundamental del desarrollo. Sin ella, no hay inversión duradera, ni competencia leal, ni confianza social. La corrupción desalienta al emprendedor, al innovador, al inversor que apuesta a largo plazo. Contamina las reglas del juego, profundiza la desigualdad y paraliza cualquier intento de progreso sostenible.
El proceso de transformación en marcha merece respaldo. Pero para que sea irreversible, debe basarse en cimientos institucionales firmes. Sin integridad, y repitiendo los vicios del pasado, no hay reforma que se sostenga. Sólo una reconstrucción coherente, republicana y ética nos permitirá hablar de un verdadero renacimiento del suelo democrático para sostener a la República Argentina.
Maria Eugenia Talerico es ex vicepresidente de la UIF. Fundadora de “Potencia Buenos Aires”.