Desde que se comenzó a investigar la causa Vialidad hasta que el caso tuvo una sentencia condenatoria, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, a lo largo de todo el proceso judicial intervinieron 20 funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales. Muchos de ellos fueron designados durante los gobiernos kirchneristas. El expediente que en pocos días ingresará a la Corte Suprema fue parte de los argumentos utilizados por el gobierno de Estados Unidos para revocar a Cristina Kirchner su visa de ingreso a ese país, medida que alcanza a sus hijos: Florencia y Máximo Kirchner.
Durante su última aparición pública, la ex vicepresidenta y presidente criticó a la Casación, que rechazó su apelación frente a la confirmación de la sentencia de juicio, aquella que la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado, estimaron los jueces en los fundamentos de su sentencia, asciende a 85.000 millones de pesos.
Con aquella decisión, la causa que investigó las 51 licitaciones que fueron adjudicadas a Lázaro Báez, entonces socio comercial de Cristina Kirchner, quedará radicada en la Corte cuando los acusados y el Ministerio Público Fiscal, vayan en queja ante está instancia, que será la última de revisión.
El caso comenzó en la etapa de instrucción bajo el mando del juez federal Julián Ercolini, quien procesó a la exvice por asociación ilícita en carácter de jefa y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El magistrado tomó el control del juzgado 10 el 7 de octubre de 2004: su designación fue firmada por Néstor Kirchner.
Cuando el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 2 comenzó en 2019, el expediente ya había contado con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien llegó a Comodoro Py en 2005, bajo la primera presidencia kirchnerista. También participó en la investigación, Ignacio Mahiques, quien asumió en la fiscalía el 15 de junio de 2015, con un decreto que llevaba la firma de Cristina Kirchner.
La acusación formulada por el juez Ercolini pasó a revisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que en ese entonces estaba integrada por Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Este último, integraba la Sala I de dicha instancia originalmente, y llegó a su cargo tras la decisión de la ex vicepresidenta y presidenta en 2018.
Con la confirmación del procesamiento el juez Ercolini envió la causa a juicio oral con la siguiente acusación: “Durante las administraciones kirchneristas se instauró una maniobra de corrupción desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública”, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
Con ese marco acusatorio, Cristina Kirchner llegó a juicio oral. Tras más de dos años y medio de audiencias, el 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dictó la sentencia acusatoria: la encontraron culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena fue de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Quienes firmaron esa condena fueron designados por la ex vice. En 2011 juraron como integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. En 2015, bajo el mismo procedimiento, Andrés Basso se sumó al TOF 3. Años después, salió sorteado para integrar el TOF 2, que tenía la responsabilidad de llevar adelante el debate público contra Cristina Kirchner y otros 15 imputados por la presunta corrupción en la obra pública.
El fiscal general Diego Luciani, que durante sus alegatos y con la apelación posterior a al condena pidió una acusación que también incluya el delito de asociación ilícita en carácter de jefa con doce años de cárcel, asumió en su cargo el 9 de septiembre de 2013, con el decreto 1137 firmado por Cristina.
La apelación de la sentencia por parte de la fiscalía y de los acusados le dio intervención a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El primero de ellos, fue designado el 27 de septiembre de 2011, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Este sábado, cuando encabezó un acto, la ex vice la tildó de “Cámara macrista” por rechazar su recurso extraordinario con el que busca revertir la confirmación de la condena por corrupción.
Pero antes del desenlace de la causa Vialidad, la Corte Suprema también intervino en él, cuando rechazó una serie de planteos procesales que despejó el camino para realizar el juicio oral. Esa intervención ocurrió cuando el máximo tribunal estaba integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Ahora el caso volverá a la Corte, ya que tanto la fiscalía como los condenados acudirán en queja para reclamar por supuestas violaciones a las garantías constitucionales y hechos de arbitrariedad en el trámite del expediente. En total, entonces, participaron de la causa veinte funcionarios judiciales entre jueces y fiscales.