El escándalo cripto celebra su primer cumplemes con el efecto de un globo: lo que se hunde por un lado se hincha por el otro. El globo se deforma, pero el aire que lo mantiene inflado, su elemento indispensable, sólo se desplaza. Sigue allí.
Esta semana han tomado forma diversos tironeos políticos y judiciales por lo que será un adoquín en el zapato del Gobierno durante un tiempo indefinido.
Algo es cierto: el globo no se pinchó con las aclaraciones presidenciales, como se buscó al comienzo del escándalo.
Este miércoles, la oposición consiguió avanzar en Diputados con un plan para tratar en comisión, el martes próximo, diez proyectos diferentes que proponen distintas medidas para abrochar el caso bajo la lupa legislativa.
También, la creación de una comisión investigadora.
Son “emplazamientos” que obligan al Gobierno a tratar el tema en comisiones que controlan el oficialismo y sus aliados, pero el objetivo de mantener el tema en la agenda pública es un poroto para la oposición.
Si las comisiones aprueban los dictámenes, los proyectos volverán al recinto, donde sólo necesitarán mayoría simple para ver la luz.
Sucedía mientras las calles de Congreso eran un infierno de piedras y fuego de grupos violentos, integrados por barrabravas del kirchnerismo y la izquierda, que eligieron la excusa de una protesta de jubilados para copar la escena montando una batalla campal.
Al discurso clásico para justificar la provocación, los violentos agregaron un adjetivo que no se había oído antes en la guerra dialéctica contra el Gobierno: Estafador.
Es una palabra incorporada a la escena política tras el escándalo cripto.
En la Justicia, cobra relieve un tironeo cada vez más decidido de la causa donde se investiga el caso por parte de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que lo pide para investigarlo ella.
Esa firmeza en el reclamo sorprendió en Comodoro Py, donde está la causa ahora, porque el fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, ya había opinado que la causa cripto debe seguir en Buenos Aires para evitar la duplicación de medidas de prueba.
Arroyo insiste, alegando que el tuit de Milei que alentó la compra de la memecoin se habría enviado desde la Quinta de Olivos, territorio judicial de San Isidro, y ya toma medidas como si fuese la jueza natural.
Si el fiscal no la acompaña -ya opinó que el caso es mucho más que el lugar desde donde tuiteó Milei-, terminará decidiendo la Cámara.
Si la causa cruza la General Paz, ¿qué pasará con las medidas ordenadas hasta ahora por el fiscal Taiano en Buenos Aires? ¿El caso empezará de nuevo?
Taiano pidió decenas de medidas, secuestró celulares y computadoras y allanó la empresa y las casas de los fundadores de Tech Forum, la compañía que habría vinculado al Presidente con los creadores de la cripto $LIBRA.
En este mostrador de la investigación acaba se presentarse el penalista Marcos Salt -profesor en la UBA y ex socio del estudio de Ricardo Gil Lavedra- para avisar que asumiría la defensa de Hayden Davis, el creador de la cripto.
El estudio de Salt ofrece a sus clientes su conocimiento sobre “delitos vinculados a monedas digitales”.
El nuevo abogado de Davis fue asesor en Justicia durante la gestión de Macri. ¿Eso le dará algo de calma al Gobierno?
En esa presentación informal, que sucedió esta semana en Comodoro Py, trascendió que Davis, desde algún lugar de los Estados Unidos, seguiría firme en su voluntad de ofrecer “devolver el dinero”.
Una propuesta que desorienta a los investigadores, porque ¿quién propondría devolver algo obtenido en forma lícita?.
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