Durante la época colonial la fórmula “se acata pero no se cumple” tuvo plena vigencia en el imperio español. Cada vez que alguna autoridad relevante, de cualquier nivel, debía ser notificada de una nueva norma llegada desde la metrópoli, fuera una Real Orden o una Real Cédula, sostenía solemnemente el documento sobre su cabeza y recitaba como un mantra tan poderosa sentencia. Según ese ritual, si bien quien lo hacía se mantenía dentro de la legalidad, y juraba respetarla, se cubría las espaldas para desconocerla y hacer de su capa un sayo.
Hoy las cosas han cambiado, con avances cada vez más importantes del poder ejecutivo sobre el poder judicial en los lugares más variados del globo. Así, la justicia pierde independencia, se subordina al gobierno o ambas cosas a la vez.
El fallo de la Corte Suprema de EEUU que impide a los jueces federales dictar medidas cautelares contra las órdenes del presidente relativas a la nacionalidad estadounidense ha dejado la puerta abierta para reducir el control judicial en estas y otras cuestiones.
Las recientes elecciones para designar jueces y magistrados en México son prueba de ello. La justicia mexicana va camino de ser más una herramienta al servicio de Morena, el partido gobernante, que una garantía para el cumplimiento imparcial de la ley. Bolivia es el otro país donde se elige a los magistrados por voto popular, aunque limitado a las altas cortes (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental).
A fines de 2024 se celebraron en Bolivia los últimos comicios judiciales, que por su vasto alcance político se podrían relacionar con las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Previamente, el Tribunal Constitucional había limitado a dos los mandatos del presidente, afectando directamente a Evo Morales, a quien también apartó del mando del Movimiento al Socialismo (MAS). Fue una dura derrota ante el presidente Luis Arce, entonces su rival directo en su carrera al poder, aunque recientemente el Tribunal Electoral rechazó la candidatura de Morales de forma definitiva.
Una vez más éste se situó al margen o por encima de la ley. Desde su punto de vista, las leyes que lo afectan no las debe acatar ni cumplir, al ser aplicadas por jueces corruptos. La respuesta a su inhabilitación fue contundente y llamó a sus adherentes a movilizarse, bloqueando caminos y poblaciones y, de ser necesario utilizar la violencia sin paliativos. En esta ocasión, la situación se le fue de las manos y un bloqueo en la localidad de Llallagua, al norte de Potosí terminó con varios muertos provocados por sus seguidores.
Este tipo de conductas parecen ser el sino de nuestro tiempo, donde las formas, y las instituciones tienen cada vez menos importancia. No en vano el expresidente lleva varios meses refugiado en su santuario cocalero del Chapare, la mejor forma de evitar su captura por la policía y ser conducido ante los jueces para responder por varias causas pendientes, entre las que destacan un caso de estupro y trata de personas y otro de terrorismo.
Morales viene rechazando desde hace tiempo cualquier resolución judicial en su contra, achacándola a persecuciones políticas y a su enfrentamiento con el presidente Arce. No se trata de ningún invento particular, ya que son muchos los mandatarios o exmandatarios condenados por la justicia, desde Silvio Berlusconi hasta Cristina Kirchner, los que insisten en ser perseguidos, injustamente condenados o directamente damnificados por esa abominación jurídica moderna a la que juristas de reconocido prestigio como Eugenio Zaffaroni o Baltasar Garzón denominan lawfare.
La ambición de poder de Morales es infinita y en varias oportunidades ha intentado quebrar la legalidad para ser reelegido y mantenerse en el cargo. Daba igual si para ello tenía que desconocer la voluntad popular, la de su amado pueblo boliviano, quien en 2016 le cerró en un referéndum la puerta a un nuevo mandato.
Pero, a veces el pueblo se equivoca y para resolverlo acudió al Tribunal Constitucional que le dio la razón con el peregrino argumento de que la no reelección viola sus derechos humanos.
Tras diversos casos similares, en beneficio de Oscar Arias y Daniel Ortega, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que prohibir la reelección no viola ningún derecho individual. Así y todo, ya que según su interpretación la ley ni se acata ni se cumple, Morales convocó a la rebelión y de forma desafiante proclamó: “¡qué me ganen en las urnas!”, agregado probablemente para sus adentros: si pueden.
No se trata de ganar unas elecciones por voto popular, aunque sus actuales índices de rechazo son mayores que nunca, sino aceptar que por más presidente que haya sido, por más popular que fuera, las normas están para ser cumplidas, incluida la de inhabilitación. Incluso por alguien encarnado en los superiores destinos de la patria. Al situarse por encima de la ley los ex presidentes comprometen el futuro de la democracia.
Carlos Malamud es Catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, España