Los tribunales de Comodoro Py cuentan con ocho tribunales orales, responsables de realizar los juicios que ponen punto final a los procesos penales: sea con una absolución o una condena. Con una gran cantidad de expedientes acumulados, de los 24 puestos con los que deben contar, siete se encuentran vacantes. El Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene entre sus prioridades avanzar con la cobertura de estos cargos. La premura responde a dos motivos puntuales.
En los últimos siete años, más de veinte causas por hechos de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas y a Cristina Kirchner se encuentran elevadas a juicio oral. A pesar de que ya se cerró la investigación y que pueden ser juzgados, los casos están lejos de contar con una fecha de inicio para el debate oral.
Parte de esos datos surgen de la última auditoría sobre expedientes que realizó el Consejo de la Magistratura. Allí se expuso que aún hay 157 causas en trámite en los Tribunales Orales Federales. De todos los casos que llegaron a dicha instancia, sólo el 1,9% obtuvo una condena.
Un recorte cercano sobre el informe de la Magistratura revela que de 2018 a la fecha fueron elevadas más de 20 causas que investigaron delitos de corrupción, principalmente por parte de referentes kirchneristas.
Desde el caso Odebrecht-Aysa por las irregularidades en la adjudicación de los contratos para la realización de la obra, pasando por la desviación de fondos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que en su momento llevó a prisión a Julio De Vido, como también el caso de los Cuadernos de las Coimas, calificada por los investigadores como el mayor escándalo de corrupción de los últimos veinte años.
El listado es más amplio e incluye a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, enviada a juicio oral por la compra del edificio de la Procuración, o el primer escándalo de corrupción K que tras 14 años llegó a juicio: Skanska. Sin dejar de lado los casos Hotesur-Los Sauces, que involucran a Cristina y a Máximo Kirchner, como también la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por la firma del Pacto con Irán.
También causas que involucran a Lázaro Báez y a Cristóbal López, por la compra-venta de un terreno en Comodoro Rivadavia, causas contra Ricardo Jaime y Sueños Compartidos, son algunos de los casos de mayor renombre.
Sillones vacíos
Los más de veinte casos de corrupción K cuentan con un tribunal asignado, pero habiendo transcurrido más de cuatro años desde que algunos fueron elevados a juicio oral, no hay fecha cercana para los respectivos debates inicien.
Los desalentadores plazos están atados a un dato específico: la mitad de los Tribunales Orales están incompletos.
Son en total ocho los Tribunales Orales Federales, y las estadísticas oficiales exponen que de los 24 cargos que los compone hay siete sillones vacantes.
Sólo cuatro tribunales orales cuentan con sus tres jueces titulares, se trata de los TOF 1, 3, 7 y 8. Los restantes deben contar con las subrogancias de los demás magistrados. El caso extremo es el del TOF 6: no cuenta con ningún cargo cubierto, sólo tiene suplentes.
Por ejemplo: el TOF 2, cuenta con un cargo vacante, el TOF 4 tiene dos sillones vacíos, el Tribunal 5 cuenta con un puesto por cubrir y el 6 es el que está completamente vacío.
Inquietud en el Consejo de la Magistratura
¿Cómo impacta esto en los casos elevados a juicio oral? Aquellos que ya tienen audiencias en desarrollo muchas veces ven alterado su funcionamiento, pasan de dos encuentros semanales a uno, ya que alguno de los integrantes del Tribunal subroga otro y deben realizar otros debates orales.
Es uno de los motivos por los cuales para el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura (responsable de realizar los concursos para los cargos de jueces), Horacio Rosatti, busca impulsar la cobertura de los cargos de los TOF.
“Es una prioridad por dos motivos centrales: por la administración de justicia y porque es más costoso pagar las subrogancias que pagar los sueldos de los jueces que se encuentran presupuestados”, señalaron a Clarín fuentes judiciales.
En el Consejo de la Magistratura, desde donde ya remitieron al Poder Ejecutivo hace un año más de 184 ternas de jueces nacionales y federales para avanzar con la designación, tiene entre las prioridades de trabajo cubrir las vacantes de los tribunales orales.
Sin embargo, más allá de la celeridad que imprima el Consejo en los concursos, las evaluaciones y las posteriores entrevistas para confeccionar el orden de mérito, la discusión después queda en manos de la política. Es el Gobierno el que debe enviar los pliegos al Senado para su tratamiento y posterior aprobación.
Pese a las ternas remitidas por parte del Consejo de la Magistratura, en 2024 la administración de La Libertad Avanza no designó ni un solo juez.
Las estadísticas que preocupan
La primera consecuencia es que los juicios por corrupción se prolongan más de lo correspondiente. Las estadísticas indican que los casos por corrupción pueden llegar a demorar de diez a catorce años en etapa de instrucción. Ejemplos sobran: la causa por enriquecimiento contra Carlos Menem acumula más de 20 años. El caso de la concesión del predio de la Rural se investiga desde 1991. Las causas vinculadas al atentado de la AMIA demandaron más de una década en los tribunales federales, y la lista sigue.
Según datos de la Corte, en la justicia federal existen 1.630 causas de corrupción entre las que siguen su curso y ya se cerraron. La cifra es llamativa, aunque mucho más lo es el letargo con el que avanzan los expedientes: de ese total, unos 1.138 expedientes permanecen abiertos y sólo 197 (el 17,3%) fueron elevados a juicio oral de manera total o parcial. Pero la gran mayoría de esos juicios ni siquiera arrancaron.
En el Consejo de la Magistratura las cifras son otras, pero igual de desalentadoras. Resulta que se auditó hasta el 2017 y recién esta semana se enviaron los oficios a las diferentes instancias judiciales para recabar la información de los últimos años.
Un primer número muestra que en el período 1996-2016, se tramitaron en todo el fuero federal porteño 3.914 causas de corrupción. De ese universo de expedientes, 936 continúan abiertos habiendo transcurrido más de veinte años desde que esas causas iniciaron.