En su apelación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, los fiscales se preguntaron si en esas condiciones qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción social puede haber, luego de la conducta de la ex presidenta de insultos a jueces y fiscales y de convocatorias a sus militantes a concentrarse frente a su departamento de San José 1111.
En el recurso presentado para ir a la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Luciani y Sergio Mola ante el juez de ejecución Jorge Gorini afirman que la conducta de Cristina desde que el 10 de junio pasado la Corte confirmó su condena a 6 años de prisión va en el sentido contrario al fin social de una condena.
“Solo podemos resaltar que la presente prisión domiciliaria ha desbaratado las expectativas de estos fiscales, en cuanto garante de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, con respecto al fiel cumplimiento de los fines de la pena (resocialización, readaptación o reinserción)”, agregaron.
Desde la confirmación de su primera condena, Cristina jamás hizo una mínima autocrítica de sus decisiones que permitieron direccionar 3.500 millones de dólares en contratos a su socio, Lázaro Báez o un gesto admitiendo que había dañado los intereses del Estado.
Entonces los fiscales se preguntaron “¿Qué expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción pueden esperarse, a la luz de los acontecimientos públicos y notorios (tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso, por la propia persona condenada) que han tenido lugar desde el mismo momento en que se le concedió el beneficio excepcional de la prisión domiciliaria?”
Luego lanzaron una pregunta retórica: “¿Puede la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, considerarse como un instrumento estatal útil y eficaz para la consecución de los fines sociales que se propone?” con la respuesta implícita de que no será posible en estas condiciones.
Luego citaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que, “uno de los fines esenciales de la pena privativa de la libertad –y del tratamiento penitenciario– es ‘la reforma y readaptación social de los condenados”. El legislador en el debate por las condenas de prisión, recordaron, “ha recurrido, entonces, a una de las denominadas “teorías relativas” de la pena, que conciben el castigo como un instrumento estatal útil para la consecución de los fines sociales que se propone, y lo emplean como herramienta para la “normalización” de conductas”.
En cuanto al argumento del Tribunal Oral Federal 2 de que en una cárcel se pondría en riesgo la vida de la ex presidenta se preguntaron “¿cuál será entonces la alternativa que debería seguirse en caso de que Cristina Fernández incumpliera las reglas de conducta que los jueces del tribunal le impusieron en el marco de la prisión domiciliaria que le concedieron?” La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había ofrecido cárceles dentro de las sedes de la Gendarmería y la Prefectura, entre otras, para garantizar la seguridad de Cristina quien sufrió en 2022 un intento de asesinato.
Señalaron que el TOF 2 se negó a pedir al Gobierno un informe sobre la seguridad del departamento y del barrio y se cuestionaron “Cuán resguardada se encuentra la seguridad personal de la propia Cristina Fernández, si se tienen en cuenta las constantes aglomeraciones de personas en las inmediaciones del domicilio?”
Por otra parte, “le dio a Cristina Fernández un trato desiguall frente a los otros ocho condenados, que efectivamente se presentaron ante los estrados del Tribunal, fueron detenidos y trasladados a distintas unidades de detención”.
“Todo lo expuesto indica la imperiosa necesidad de que, cuanto menos, se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”, luego de una serie de violaciones y respuestas por X de Cristina.
Por lo demás, finalizaron los fiscales, “en nada contribuyeron a dilucidar esta compleja situación las “reglas de conducta” que los jueces le impusieron a Cristina Fernández en el arresto domiciliario.