La sorpresiva e inesperada decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) de suspender el trasbordo de combustible en el kilómetro 171 de la Hidrovía Paraguay-Paraná, desató la furia y el reclamo de importantes sectores de la economía paraguaya vinculados al transporte de mercancías.
Desde el país vecino, tildan de intento de bloqueo el cambio en Argentina de un formato que se venía implementando desde inicios de los años ochenta. Y presionan al presidente Santiago Peña para que le reclame a su aliado Javier Milei.
El poderoso gremio de Armadores Marítimo y Fluviales de Paraguay salió al cruce de la resolución de ARCA con un fuerte comunicado en el que advierte de consecuencias negativas de una medida que consideran “unilateral y arbitraria” y que pone en jaque el normal abastecimiento de combustible en todo el país.
En concreto, ARCA dispuso la suspensión por 30 días de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, argumentando que la zona carece de habilitación portuaria conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093. Allí se hace el trasbordo de transbordo de combustibles entre buques marítimos y convoyes de la hidrovía, la mayoría de bandera paraguaya, aunque muchas empresas son de capitales argentinos y brasileños.
Los paraguayos argumentan que esta zona ha sido utilizada de forma ininterrumpida para operaciones de trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo la aprobación (Ordenanza Marítima N° 4/81) y supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el control aduanero correspondiente y que su funcionamiento ha sido clave para garantizar un flujo eficiente, seguro y económico de gasoil y otros combustibles hacia Paraguay y la región.
“Esta decisión, tomada sin consulta previa ni evaluación de impacto, amenaza con generar un desabastecimiento estructural de combustibles en Paraguay, afectando directamente a nuestras distribuidoras, navieras, y en última instancia, al consumidor final”, le dijo a Clarín el presidente del Centro, Bernd Gunther.
El empresario señaló también que, desde el punto de vista logístico, “el traslado forzoso de las operaciones a las terminales implicaría un aumento de más de ocho días en los tiempos de reposición, un sobrecosto de hasta el 70% en la logística fluvial, y mayores riesgos operativos y ambientales”. La medida aún no se puso en vigencia, pero ya fue comunicada entre partes.
El dirigente hizo un llamado “urgente” a las autoridades competentes para que se revierta la medida y se mantenga la operatividad en el km 171. “Instamos además a que cualquier revisión futura se realice en el marco de un diálogo técnico e institucional, con participación de todos los actores involucrados. Estamos abiertos a la revisión continua de las operaciones y regímenes, siempre sobre la base de la mejora en la seguridad, los costos y tiempos, así como en los impactos medio-ambientales que pudieran existir”
Pero no fue CAFYM la unica organización paraguaya que se manifestó contra la medida, La Cámara Nacional de Comercio y Servicios también se quejó sobre los riesgos de desabastecimiento que la decisión implica y recordó los derechos a navegar libremente que tiene el Paraguay debido a su condición de país mediterráneo.
Hasta ahora los gobiernos no parecieran haber intervenido como en otras oportunidades, por ejemplo, cuando el gobierno de Alberto Fernández impuso un peaje en dólares para los barcos con bandera extranjera. Entonces tomaron cartas en el asunto tanto el gobierno de Santiago Peña como el de Lula da Silva. Ambos estuvieron en el jueves en la Argentina en la cumbre de líderes del Mercosur.