Las empresas no estarán más obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas, luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmaron un decreto -que se publicó este miércoles 6 de marzo en el Boletín Oficial- para cambiar la interpretación de la regulación vigente.
Hasta ahora las cámaras empresariales se basaban en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades.
“Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas”, contaron fuentes oficiales al justificar el decreto que lleva la firma de Milei y Sturzenegger.
El decreto del Ejecutivo explica que la aplicación de estas cláusulas no tienen fundamento normativo y, por ende, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas.
El cobro compulsivo de contribuciones a empresas por parte de las cámaras de la actividad (un esquema que al igual que los aportes a los sindicatos son incluidos en los respectivos convenios colectivos) ya generó polémica en diversos sectores productivos y de servicios.
El caso de Comercio es el más paradigmático: según estimaciones de la administración libertaria, mediante ese mecanismo se impone a los establecimientos del sector mercantil el pago de unos $ 6.000 millones por mes para “presuntas actividades de capacitación“. La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son las dos entidades que recaudan esos aportes que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $ 5.000 mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1,2 millón de trabajadores.
En cambio, según resolvió el flamante decreto del Gobierno, de ahora en más aquellos negocios o empresas que en forma voluntaria quieran seguir aportando a sus respectivas cámaras, podrán hacerlo, pero quedará sin efecto la obligatoriedad.
A la vez, el Gobierno anticipó que no homologará negociaciones colectivas en las que se obligue a las compañías a mantener estos aportes o contribuciones, ya que hasta ahora se hacía una interpretación incorrecta de la ley que regula estos convenios.
La eliminación del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, según cuentan fuentes oficiales, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras.
Además de Comercio, el mismo mecanismo de cobro compulsivo de aportes por parte de cámaras o entidades empresarias a firmas afiliadas y no afiliadas se había extendido a otras actividades. Otro de los casos que dio lugar a conflictos que incluso culminaron con demandas judiciales es el que involucra a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, contribución que equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina a alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $ 2.500 millones, de acuerdo a estimaciones del sector.