Decía John Rawls, pensador que reactivó la filosofía política contemporánea, que la justicia como equidad es la característica más importante de una sociedad democrática. Que sus formas institucionales de gobierno debieran tenerla como pilar fundamental para legitimar sus funciones. Si cada individuo debe ser considerado con iguales derechos, no pueden permitirse desigualdades acuciantes en materia de salud que mutilan el potencial vital de los ciudadanos.
Una gobernanza responsable que guíe a una gestión eficiente es la condición sine qua non para enmendar un rumbo extraviado en materia sanitaria desde hace décadas, en un contexto social, económico y político sumamente complejo.
Lo que llamamos “pobreza”, por caso, incluye una variedad y amplitud de problemas sociales estructurales que en absoluto se revierten con una mejora en el índice de inflación. Se requiere de estabilidad socioeconómica, pertenencia comunitaria, contención familiar, de integración social, acceso a infraestructura básica, rutinas de cuidado y cultural laboral.
El contexto más amplio, global y epocal, se caracteriza por profundas e inciertas modificaciones en los procesos productivos al que le cabe el mote de Cuarta Revolución Industrial. Debates al margen, precisemos que nunca se trata de alteraciones unilaterales a partir de una tecnología específica (por caso, la Inteligencia Artificial), sino de una amalgama de tecnologías diversas que hacen sinergia en un espíritu cultural y una dirección económica determinada.
El desafío es diseñar y sostener modificaciones institucionales que eviten tanto contener estos cambios de frente en un choque que fatalmente termina en frustración, como levantar las barreras para dar rienda suelta a un cambio que nunca es espontáneo ni libre. Se trata de dar un cauce adecuado y acompañado, monitoreado, con directrices amplias pero claras, con objetivos y alarmas.
Hay bastiones que deben servirnos de bollas civilizatorias, anclas de humanidad y de institucionalidad para navegar estas aguas tormentosas. Los derechos humanos, ni más ni menos, los pilares democráticos o republicanos, la solidaridad o fraternidad y una proyección de desarrollo económico.
El deterioro institucional no se soluciona recortando dependencias ni limitando atribuciones. La mejora en la calidad institucional se revierte con trabajo y constancia. Según el ranking de calidad de administración pública de la Universidad de Oxford, nuestro país presenta un pobre desempeño. Uruguay lidera la región con un envidiable puesto 20 entre 120 naciones en el índice anual que analiza 82 métricas agrupadas en cuatro dominios: estrategia y liderazgo, políticas públicas, ejecución nacional y personas y procesos. Chile lo sigue en la región con el puesto 27, Brasil y Colombia en el puesto 32, y Argentina… en el 62.
En materia de salud, se sabe que el área requiere una profunda reformulación, pero imponer una reforma sin la negociación suficiente resultaría infértil. Más vale labrar antes de sembrar. Hay que generar una mesa de trabajo que recupere las instituciones existentes, en su mayoría vaciadas y viciadas, para sustentar una planificación estratégica acorde a fines concretos y con administración responsable.
Tal sería un aporte a la democracia del siglo XXI: construir gobernabilidad al fortalecer instituciones que se legitiman brindando soluciones a problemas acuciantes y permanentes. Solo así lograremos revertir el largo estancamiento argentino y proyectar una nación próspera.
Ignacio Katz es Doctor en Medicina (UBA)