Durante muchos años, los poderes judiciales y legislativos en la argentina estuvieron cooptados por el partido gobernante. Esto significaba que estaban “atados de manos”. La espera por “justicia” se ha hecho muy larga, y son muchos los que siguen esperando.
Preocupaciones en torno a la salud de nuestras instituciones y el reciente fallo de la Corte Suprema de justicia, nos invitan a hacer algunas reflexiones. Y precisiones.
En clave a un gobierno que se define liberal, comencemos por hablar del liberalismo. El liberalismo clásico se encontró ante el desafío de cómo limitar el poder. El mecanismo por el cual los creadores del constitucionalismo liberal esperaban proteger la libertad individual fue la separación de poderes. La teoría de la separación de poderes constituye la respuesta al problema de si la acción de los gobernantes debe o no debe estar encuadrada y limitada por normas expresamente dictadas para el caso.
La idea subyacente es preservar la libertad del individuo y para ello se distribuye el poder estatal entre distintos órganos, intentando de esta manera evitar la acumulación excesiva de poder en alguno de ellos. Es decir, se trata fundamentalmente de distribuir y controlar el ejercicio del poder político.
Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia, en aquél, de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho.
Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado (y sus gobernantes) está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada individuo, a cada ciudadano, prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento.
La Ley es un limitante a la arbitrariedad y un garante del orden, en el sentido que pone un coto a las pasiones y restringe comportamientos humanos. En otras palabras, para evitar la tiranía es preciso el gobierno de la ley. En un gobierno bajo la ley, ninguna persona está por encima de ella. Es decir, el estado de Derecho, es la ausencia de privilegios legales para ciertas personas, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario.
De entre todos aquellos que hoy alzan su voz para defender a Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo a ella misma, ninguno, ninguno clama su inocencia. Asumen la culpabilidad (que la justicia ha demostrado) pero no reconocen que ni ella -ni nadie- está por encima de la ley, ni por fuera de ella. El kirchnerismo se acostumbró a estar por encima de la ley, o a hacer y deshacer las leyes a su antojo.
El fallo de las Corte nos habla de la salud de nuestras instituciones en un momento en el que, una vez más, el kirchnerismo hace todo lo posible por desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. Lease que, para el kirchnerista, las elecciones sirven si y sólo si ganan ellos, cuando no ganan, tienen problemas para comportarse democráticamente como oposición. El recurso a la violencia es una página más de una extensa historia que han escrito.
Una reflexión final merece el juego que se le abre al peronismo a partir de ahora, ¿podrá el peronismo reorganizarse sin Cristina? ¿Será que el peronismo era el que más necesitaba sacar a Cristina del juego para comenzar un proceso de renovación y cambio interno? Seguramente la respuesta a estas preguntas las veremos en los próximos días. Mientras tanto, es de celebrar que la democracia argentina goza de buena salud.
Constanza Mazzina es Directora de la licenciatura en Ciencias Políticas en UCEMA