La sesión en la que los senadores bonaerenses votaron la reelección indefinida de todos los cargos legislativos, incluyendo a los concejos deliberantes municipales, amerita reflexionar sobre la idoneidad de su representación y transparencia respecto de la sociedad.
Ambos, a su vez, invitan a analizar tanto la coyuntura del episodio como el ordenamiento institucional del primer distrito del país. Empecemos recorriendo la calidad argumental de la prerrogativa por sus propios protagonistas.
La iniciativa del legislador kirchnerista Luis Vivona subraya que las leyes reglamentarias de las reelecciones sancionadas en 2016 “afectan los derechos políticos consagrados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos”. Y que la “experiencia” constituye “un valor clave” para controlar al Poder Ejecutivo.
La senadora Teresa García, por su parte, sostuvo que “hay que dejar que la gente elija como quiera porque cuando no quiere más no elige”… evocando el ejemplo de “familias longevas”. El más alucinante fue Carlos Kikuchi quien reflexionó que si el Parlamento británico le hubiera prohibido la reelección a Winston Churchill, “hoy el mundo sería nazi”.
Esta baja calidad argumental disimula mal el designio del proyecto: la “rosca” bonaerense, los loteos institucionales del mefistofélico ordenamiento jurídico provincial, su subcultura gestionaria; y la masa de recursos parasitarios que insume. Este caso ,como el del recolector de los sueldos de empleados fantasma Julio “Chocolate” Rigau, poseen la ventaja de entrever la punta de un iceberg de cimientos escabrosos.
Visibilización fue posible merced a las destrezas de la diputada Florencia Arietto quien desafió la prohibición de la asistencia a los medios periodísticos. Interdicción justificada por el senador Marcelo Daletto quien exclamó “pobre sociedad en la que sus legisladores tienen que preguntar antes de cada elección a los medios que es lo que tenemos que votar”.
Su registro furtivo hizo posible además constatar varias situaciones en las que las desprolijidades formales ponen al descubierto la normalidad consuetudinaria de los hechos gestionados de antemano con sus enjuagues de rigor. La estrategia de la oposición y de algunos disidentes del fisurado oficialismo había convenido en no dar “quórum”. Sin embargo, varios, sin distinción de banderías, terminaron “bajando” a sus bancas posibilitando el proyecto; y algunos “dándose vuelta”.
Obviamente, que ninguna de estas mímesis resultan gratuitas para quienes las auspician; y siguiendo la lógica arraigada en esa Legislatura, todo termina gratificándose mediante “cupos” o repartos de la “caja negra” en los que “la grieta” se diluye. Federico Fagioli (vinculado a Juan Grabois) se mantuvo en sus trece y “no bajó”; pero al cumplir a rajatablas su compromiso cuando los demás defeccionaron sugestivamente contribuyó al empate. Este debió ser destrabado por la presidenta y vicegobernadora Verónica Magario con su “voto positivo” se apresuró a dar la ley por aprobada desconociendo la media sanción su estado parlamentario.
Sería bueno preguntarse sobre el monto del presupuesto que se le asigna a la Legislatura Bonaerense, un dato, por lo demás, retaceado por sus autoridades y que según algunos estudios privados asciende a 152.000 millones de pesos anuales con un costo estimativo de 1.100 millones; es decir, en 100 millones mensuales para cada legislador y sus cohortes de asesores.
De ser así, se confirmaría el efecto mágico según el que solo sentarse en una banca transporta a una riqueza suculenta. Una presentación fidedigna de sus declaraciones juradas permitiría verificarlo. También, cuantas leyes sancionaron en lo que va del año en medio de la catástrofe que atraviesa al distrito en materia educativa, sanitaria, de seguridad, logística y de infraestructura.
Pero la trama conduce a la cuestión estructural que trasciende a la actual administración y que resulta del deletéreo ordenamiento provincial cuya expresión legislativa es el empate entre el interior sobrerrepresentado predominantemente no peronista y su reverso subrrepresentado en el GBA. Causa detrás del bloqueo endémico de los sucesivos presupuestos provinciales destrabables mediante enjuagues extorsivos en los que se cimentan esas fortunas recolectadas por estos representantes ignotos solapados en las listas sábana.
Cabe también preguntarse hasta qué punto se justifica que la PBA –como otras provincias pobres- se dé el lujo de tener dos cámaras legislativas redundantes pues cada una posee la misma base poblacional (diputados) y territorial (senadores) de acuerdo a secciones absolutamente artificiales y de una proporcionalidad representativa con cepos sellados por una ley promulgada en 1935.
Rémora del anacronismo de un distrito cuya morfología socioeconómica mutó varias veces desde hace cien años hipertrofiándose respecto del resto de la federación sin que sus instituciones se ajustaran a los sucesivos aluviones inmigratorios internos. Una cuestión que ameritaría un tratamiento aparte.
En suma, un episodio más de una problemática más profunda: la insustentabilidad del síndrome metropolitano y su secular anomalía. Por ahora, solo resta conformarse con su visibilidad inimaginable hasta hace bien poco; y en el escollo que su tratamiento escandaloso significa para los diputados e intendentes ávidos de retornar al orden “baronial” en el GBA anterior a 2016. Es todo lo que se puede esperar del cortoplacismo exasperante en el que estamos sumidos desde hace décadas.
Jorge Ossona es historiador, miembro del Club Político Argentino y Profesores Republicanos.